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Lo que parecía una vivienda común en el barrio San Bernardino, en la localidad de Bosa, escondía una operación que durante meses pasó inadvertida para las autoridades. Detrás de un portón de garaje funcionaba una embotelladora clandestina de agua que, además de utilizar envases de reconocidas marcas comerciales, habría estado defraudando los servicios públicos del Distrito.
El hallazgo se produjo durante un operativo realizado por la SIJIN de la Policía de Bogotá, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Secretaría de Seguridad y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), tras una investigación que se extendió por cerca de seis meses.
Las autoridades llegaron al lugar en horas de la madrugada y sorprendieron a dos adultos y un menor de edad cuando se preparaban para iniciar la jornada de producción.
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Al ingresar al inmueble encontraron una infraestructura instalada para el tratamiento y embotellamiento de agua. Según las autoridades, en el lugar operaban grandes tanques de almacenamiento y sistemas de purificación con los que se llenaban bolsas de seis litros y botellones de 18,9 litros, equivalentes a cinco galones.
Durante el procedimiento fueron incautados 294 botellones de agua, 1.000 tapas, 1.000 sellos de seguridad y 22 guacales utilizados para la distribución del producto. Además, se realizó el desmantelamiento de la maquinaria empleada en la actividad.
De acuerdo con la investigación, los responsables estarían reutilizando botellones pertenecientes a marcas reconocidas del mercado para comercializar el agua de manera ilegal, situación que podría configurar el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial.
Evadían el pago del servicio público
Las irregularidades no terminaban ahí. Según la Empresa de Acueducto de Bogotá, el inmueble estaba ubicado en una zona que aún no cuenta con medición individual del consumo de agua, por lo que pagaba una tarifa fija de entre $5.000 y $10.000 cada dos meses. Esto significa que, pese al alto volumen de agua que requería una operación industrial de embotellamiento, el predio cancelaba prácticamente lo mismo que una vivienda de bajo consumo, lo que habría generado una defraudación a los servicios públicos del Distrito.
Para las autoridades, esto constituye una presunta defraudación de fluidos que habría afectado directamente los recursos del Distrito.
“Llegamos a esta casa en Bosa donde funcionaba una embotelladora ilegal de agua que además de defraudar al Distrito, usurpaba reconocidas marcas de este producto”, señaló la Secretaría de Seguridad tras el operativo.
Como parte del procedimiento, especialistas del Laboratorio de Aguas de la EAAB tomaron muestras para realizar análisis fisicoquímicos y determinar las condiciones del líquido que estaba siendo comercializado.
Las pruebas permitirán establecer si el agua cumplía con los estándares de calidad exigidos para el consumo humano. En caso de encontrarse irregularidades, los responsables podrían enfrentar nuevos procesos judiciales relacionados con posibles afectaciones a la salud pública.
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Los dos adultos capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras que el menor de edad fue entregado a la Policía de Infancia y Adolescencia y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.
Según la legislación vigente, el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial puede acarrear penas de entre cuatro y ocho años de prisión, mientras que la defraudación de fluidos contempla sanciones que pueden llegar hasta los seis años de cárcel.
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Por Redacción Bogotá
