Hace dos días, el juzgado 49 administrativo de Bogotá ratificó uno de los grandes tropiezos que ha tenido el proceso de licitación para la construcción de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima, al aclarar que la orden de suspender el proceso de licitación, cuya adjudicación estaba programada para el 2 de mayo, se mantendrá como medida cautelar.
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Como respuesta a la decisión del juez, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) se pronunció asegurando que poner freno a este tipo de proyectos de infraestructura pone en jaque principios democráticos y representa una "delicada circunstancia que pone en peligro, no solamente la división de poderes, sino también el progreso de las ciudades".
Así mismo, dice que esto crea inseguridad jurídica para los inversionistas y afecta la movilidad presente y futura de la capital.
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El Distrito ha calificado como una medida desafortunada y que se "da prevalencia al interés general sobre el particular en la medida en que establece la prevalencia de los sistemas generales sobre los usos y tratamientos definidos en los planes parciales".
De acuerdo con este argumento, la CCI puntualizó que se espera que en la segunda instancia se permita el curso normal del proceso de contratación "para que el interés general prime sobre el particular".
Cabe recordar que en semanas anteriores, cuando la Procuraduría ordenó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) suspender la licitación del proyecto de la troncal, esta misma entidad calificó la decisión como inconveniente y un duro revés para el desarrollo en Bogotá.
En ese momento, la CCI concluyó que "se hace evidente que la suspensión de tan ambiciosa iniciativa, pone en vilo el desarrollo de un corredor tan emblemático como estratégico para los capitalinos".