Por medio de un comunicado de prensa, el presidente ejecutivo de la entidad, Juan Martín Caicedo, instó a que las decisiones judiciales, en el marco de acciones populares en materia de infraestructura pública, preserven la división de poderes y la autonomía de la administración distrital.
A raíz de la decisión judicial que ordena suspender las licitaciones públicas que darían paso a la construcción del corredor verde sobre la carrera séptima, el gremio de la infraestructura manifestó, luego de expresar su respeto por las decisiones judiciales, “su profunda preocupación por el sustento de estas y los impactos negativos que generan en perjuicio del interés general”.
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En el escrito, el gremio aclara a la opinión pública que fue la alcaldía de Bogotá la que elaboró los estudios y diseños necesarios para la adecuada planeación del proyecto que daría paso al corredor verde, cuya inversión, asciende a $79.625 millones. En ese sentido, señala el comunicado, “las valoraciones técnicas se realizaron por expertos en materia de ingeniería y movilidad, asunto que corresponde a la autonomía administrativa del distrito, de acuerdo con el principio constitucional de división de poderes”.
De acuerdo con lo anterior, para la Cámara Colombiana de Infraestructura, es “altamente preocupante” que autoridades judiciales de acciones populares descalifiquen los estudios especializados y ordenen la modificación de los criterios técnicos adoptados, sobre la base de la lectura del plan de desarrollo propuesto por la alcaldía.
El gremio también expresó su inquietud por las afectaciones que las suspensiones de obras traen para la ciudad: disminución en la generación de empleo, en el crecimiento económico y en el bienestar ciudadanos, además de la pérdida de los recursos públicos que se invirtieron en la etapa de planeación del proyecto.
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