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El contrato para la instalación de cámaras de videovigilancia con reconocimiento de placas en Bogotá volvió a quedar en el centro de la discusión tras la aprobación de una nueva prórroga, la séptima desde su firma.
La denuncia fue hecha por el concejal Óscar Ramírez Vahos, quien cuestionó los retrasos en la ejecución del proyecto y advirtió posibles irregularidades en su desarrollo.
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Según el cabildante, a la fecha solo se han instalado 90 de las 200 cámaras contratadas, de las cuales 70 ya cuentan con recepción técnica y 20 siguen en proceso. Esto, pese a que el contrato ya supera ampliamente el plazo inicial de ejecución.
Según la denuncina, el proyecto pasó de un plazo inicial de 182 días a 844 días, con una nueva extensión que iría hasta el próximo 27 de agosto.
“Lo que estamos viendo es un contrato con múltiples demoras al que le siguen ampliando los plazos, mientras la ciudad enfrenta problemas de seguridad”, señaló Vahos.
El concejal también advirtió que la ejecución presupuestal alcanza cerca del 67 %, lo que equivale a unos COP 9.635 millones, de un total que supera los COP 14.000 millones destinados a este proyecto.
Además, señaló que durante cerca de ocho meses el contrato habría estado sin interventoría, lo que habría afectado el seguimiento a las actividades y el cumplimiento del cronograma.
Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación ya adelanta una investigación disciplinaria sobre el contrato SCJ-1904-2023, relacionado con la compra e instalación de estas cámaras.
El concejal anunció que citará un nuevo debate de control político y pedirá la intervención de organismos como la Contraloría y la Personería para revisar posibles responsabilidades fiscales y disciplinarias.
El proyecto de cámaras LPR hace parte de las estrategias para fortalecer la seguridad en la ciudad, particularmente en la identificación de vehículos vinculados a delitos.
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad no se ha pronunciado sobre la nueva prórroga ni sobre los cuestionamientos planteados.
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