Bogotá

Análisis a propuestas de los candidatos

1 Sep 2019 - 3:00 a. m.

Candidatos a la Alcaldía de Bogotá: hay ideas en seguridad, pero faltan las metas

El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) estudió las iniciativas de los candidatos a la Alcaldía. Hay similitudes, incluso con la actual administración, pero faltan objetivos.

Luisa Fernanda Becerra Luna y John Mauro Perdomo Munévar

La inseguridad es un asunto que oscila entre la percepción y la realidad. Esto explica por qué en Bogotá el temor a ser víctima es inversamente proporcional a la tasa de delitos de alto impacto (Corporación Latinobarómetro). Esto lo entienden y lo aprovechan los candidatos Miguel Uribe, Carlos Fernando Galán, Claudia López y Hollman Morris, que han puesto en primer lugar la seguridad, la convivencia y la justicia en sus programas de gobierno. Este es un buen punto de partida, pues en la capital el principal problema que percibe la ciudadanía es la inseguridad.

Arranquemos analizando qué tipo de seguridad tienen en mente, al comparar las amenazas, las estrategias, las acciones y los actores receptores. De entrada, hay similitud entre los cuatro al identificar las principales amenazas: microtráfico, estructuras criminales y mercados ilegales, que los ubica en un enfoque de seguridad pública. Sin embargo, López toma distancia al señalar la violencia de género, la intrafamiliar y el machismo, elementos de la seguridad humana.

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En cuanto a las estrategias se distinguen tres temas importantes: la educación, como fórmula para solucionar la inseguridad, en las que se destacan Morris, López y Uribe; la justicia, aunque Morris, Galán y Uribe poseen escasos planteamientos, y la cultura ciudadana, abordada principalmente por López, seguida de Uribe. Sobre las acciones, verificamos que para todos lo principal son los mecanismos de control y reacción, y el uso racional de la violencia, acatando la triada policía-sistema judicial-cárcel, característico del enfoque de seguridad pública.

En el caso de los actores receptores encontramos que Uribe, López y Morris coinciden en dirigir acciones a los jóvenes, con la diferencia de que el primero propone jornadas de sensibilización. Los otros plantean oportunidades en aspectos como trabajo, participación política y educación. Otra similitud, es el abordaje de la seguridad de los biciusuarios y las mujeres, que proponen Galán y López. Por último, López y Morris son los únicos que hacen referencia a las víctimas del conflicto y se comprometen a enfrentar los nuevos retos del Acuerdo de Paz.

Se puede afirmar que los cuatro representan una continuidad en el referencial global de la seguridad, que sigue asociado con las prácticas punitivas y de coerción de fuerza policial, propias del enfoque de la seguridad pública. Solo en algunos aspectos, López representaría un cambio frente a este aspecto.

Luego de revisar la coherencia de los programas de gobierno, más que un diagnóstico hay un conjunto de espacios comunes: “Los delincuentes deben estar en las cárceles”; “Cientos de personas son víctimas de hurto cada día en las calles y sienten que no se logran mayores avances”; “El crimen no duerme”, o “El transporte público de Bogotá no puede seguir siendo inseguro”.

A partir de ahí, los objetivos son vagos. Mientras que López y Uribe hablan de “una ciudad sin miedo y libre de impunidad frente al delito” y de “garantizar una ciudad protectora en la que será posible transitar y vivir sin miedo”; Morris le apunta a “[una ciudad donde] se protege la vida”, y Galán habla de “cerrarles el cerco a los mercados ilegales de la ciudad”.

Los métodos para alcanzar estos objetivos son variaciones de ocho estrategias, conocidas y comprobadas en la gestión local de la seguridad. Las primeras consisten en incrementar el pie de fuerza y fortalecer las capacidades específicas de la policía, para brindar seguridad en el transporte público; ampliar el uso de la videovigilancia y de la interoperabilidad entre los sistemas de análisis y georreferenciación con la línea 123, y fortalecer la cultura ciudadana, en una acepción que va desde la convivencia hasta el rechazo a la ilegalidad.

A estas se suman los arreglos institucionales, en lo que contrasta el protagonismo que los candidatos esperan tener como alcaldes con la necesidad de un trabajo mancomunado en pro de la seguridad; el uso de la educación como medida de prevención de seguridad, y fortalecer las capacidades del sistema de justicia, incluido el penitenciario, cuando se trata de Uribe y López.

Y finalmente, mejoras en los entornos urbanos, de modo que sea más difícil perpetrar actos delictivos (propuesta solo por López y Uribe), y la atención especial que hay que prestarles a los jóvenes como grupo que más ejerce la violencia y más vulnerable a vincularse a la delincuencia. Galán y López también focalizan a las víctimas potenciales de violencia de género e intrafamiliar.

Sin embargo, el problema no son las estrategias frente a la seguridad, la convivencia y la justicia, sino la ausencia de cifras sobre la magnitud de los esfuerzos presupuestales para ejecutarlas. Lo mismo ocurre con los objetivos, pues no hay compromisos sobre metas puntuales en, por ejemplo, reducción de delitos de alto impacto.

Podemos afirmar que los programas de seguridad propuestos se quedan cortos en reconocer los principales avances y las restricciones (presupuestales, legales, institucionales y culturales) vigentes en la materia, al tiempo que anclan sus compromisos a objetivos imprecisos para ser verificados.

Las propuestas, que rebautizan estrategias que vienen de varios años atrás, reconocen tácitamente que se ha venido haciendo lo correcto, pues de otro modo no insistirían en ello. Así, posiblemente en los próximos cuatro años seguirán mejorando las condiciones objetivas de seguridad, aunque no cambie la percepción de inseguridad.

Lea el análisis completo aquí

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