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Una investigación de ocho meses, facilitada por un agente encubierto que develó el funcionamiento interno de una peligrosa banda criminal, terminó en la desarticulación del grupo delincuencial ‘Olivares’, uno de los actores que se disputaba a sangre y fuego el control el tráfico de estupefacientes en la localidad de Usme, en el extremo sur de la capital del país.
De acuerdo con la Policía, la actividad criminal de los ocho capturados generaba rentas criminales cercanas a los COP 200 millones de pesos mensuales. Los operativos se concentraron en los barrios Santa Librada, La Andrea, Yomasa, La Cabaña, Puerta al Llano y Olivares, logrando la captura de seis hombres y dos mujeres.
El expediente indican que la estructura se abastecía de sustancias ilícitas en la localidad de Santa Fe y las transportaban hasta Usme utilizando taxis y buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) para evadir los controles de las autoridades. Una vez en el sur de la ciudad, la marihuana, el bazuco y la base de coca eran dosificados en centros de acopio ubicados en los barrios Compostela y Olivares. Posteriormente, las entregas se coordinaban a través de líneas telefónicas, mensajes de texto y redes sociales.
Una vez confirmaban las ventas, el espacio público se convertía en su espacio de negocios: repartían las dosis en lugares con alta afluencia para no generar sospechas: panaderías, parques, entornos escolares, locales de comida y hasta iglesias eran utilizadas como centro de distribución a plena luz del día, parapetándose entre la cotidianidad de la localidad.
Para evitar levantar sospechas, las personas encargadas de la distribución solían salir a repartir las dosis en compañía de sus propios hijos o de otros menores de edad con el fin de lo levantar sospechas entre la comunidad y las autoridades.
Rentas y vinculación con homicidios
La Mebog confirmó que la estructura no solo traficaba; la Fiscalía les atribuye directamente el asesinato de al menos dos expendedores de bandas rivales en medio de disputas por el control territorial de Usme.
Por otro lado, el golpe financiero incluyó el decomiso de COP $32 millones de pesos en efectivo, nueve kilos de marihuana, casi siete kilos de cocaína y cinco teléfonos móviles utilizados para la coordinación.
Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de delitos, ya que la banda instrumentalizaba a sus propios hijos para ocultar y expender las sustancias en entornos escolares, parques, iglesias y establecimientos comerciales como panaderías y bares.
Además, las autoridades les atribuyen al menos dos homicidios derivados de disputas territoriales con otras estructuras delictivas. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
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Por Redacción Bogotá
