CAR: atada a la construcción de la PTAR Canoas

En vilo se mantiene el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, que ordenó a varias autoridades de la región a descontaminar el río Bogotá. Todo por cuenta del anuncio que hizo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) de frenar la financiación que había prometido para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas. Pese a ello, renunciar a su compromiso no será fácil, pues además de un fallo judicial hay un convenio que la obliga a destinar recursos para la obra.

Dicha planta de tratamiento es el corazón de todo un sistema de saneamiento básico indispensable para la ciudad, que está conformado por varias obras. La primera es la red subterránea de colectores, que evitarán que las aguas negras lleguen a los afluentes. Esta parte la completaron el año pasado, cuando lograron sacar dos máquinas tuneladoras, que estuvieron cuatro años enterradas por líos judiciales. Gracias a esto se pudo contratar, a finales del año pasado, la construcción de la segunda pieza del sistema: la planta elevadora, que sacará este líquido hasta la superficie. 

Lo que venía era contratar la construcción de la PTAR. Hasta hace poco el plan iba según el cronograma. Luego de definir cómo sería la financiación, en marzo pasado el Consejo Directivo de la CAR dio un paso clave: autorizó el comprometer vigencias futuras (2023 -2049) de la entidad para respaldar un aporte de $1,5 billones para adelantar la obra. Con este visto bueno, solo restaba firmar un convenio interadministrativo de financiamiento para que el Acueducto de Bogotá gestionara sus vigencias futuras con el fin de completar el dinero y abrir la licitación. 

Pero la semana pasada la Procuraduría, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 15 años al director de la CAR, Néstor Franco, al encontrar problemas de planeación en un convenio firmado para la construcción de otra planta de tratamiento en Chía. Según el ente de control, “los estudios y diseños no eran suficientes ni estaban actualizados, lo que llevó a retrasos y a un reajuste en el valor”. 

Ante esto, en su defensa, Franco aseguró que obró bajo la ley y que el convenio cuestionado era similar al que había firmado para obras en Bojacá y Madrid. Ante la duda por el impacto de la decisión de la Procuraduría en otros contratos, el director anunció que suspendería todos los procesos relacionados con la descontaminación del río Bogotá, incluyendo la construcción de la PTAR Canoas, ya que esta tampoco tenía los estudios completos ni el reajuste de valores correspondiente. 

El anuncio causó revuelo, pues ponía en jaque una obra que lleva años sin poderse concretar. Sin embargo, todo apunta a que desligarse del proyecto no le quedará tan fácil a la CAR. Por un lado, contrario a lo que argumentó Franco, el Acueducto de Bogotá ha dicho que sí cuenta con los diseños básicos de referencia. “La PTAR tiene toda la estructuración financiera, jurídica y técnica que se requiere para el esquema que se planteó, en el que se hará una concesión con un operador privado, que se encargará de hacer otros estudios y diseños para construir y operar la planta por treinta años”, aseguró Lady Ospina, gerente de la empresa. 

Por otra parte, el procurador, Fernando Carrillo, aseveró que “las decisiones tomadas hasta el momento para viabilizar el proyecto PTAR Canoas están en firme y no las puede revocar ningún funcionario de manera unilateral. El deber de cumplimiento de la acción popular para la descontaminación del río Bogotá es un imperativo”.

Algo que sustenta el porqué la CAR no podría salirse del proceso es el convenio 171 de 2011, que firmó con el Distrito y fue modificado en octubre del año pasado. En él, además de especificar las condiciones bajo las cuales se haría la ampliación de la PTAR Salitre, dice que el ente ambiental también financiaría la PTAR Canoas. La cláusula tercera del documento dice que la CAR comprometería desde 2013 hasta 2050 los recursos que recibe del porcentaje ambiental del impuesto predial de Bogotá para la obra. 

Por si fuera poco, el convenio aclara que este acuerdo solo se podrá romper de mutuo acuerdo y el Distrito ha dejado claro que seguirá adelante con el proyecto, ya que es uno de los más importantes en medio del cumplimiento de la sentencia del río Bogotá. “Tenemos muy avanzado el proyecto del saneamiento del río y esperamos que se logre superar la situación. El aporte de la CAR es crucial y sin él no es posible ejecutar la PTAR Canoas”, aseguró Ospina. 

Si bien la CAR ha dicho que espera un pronunciamiento de fondo de la Procuraduría sobre el mecanismo que ha empleado para firmar convenios con los municipios, tanto el Distrito como el ente de control temen que se incumplan los tiempos y se siga aplazando la puesta en marcha del sistema de saneamiento Tunjuelo-Canoas.  

Habrá que ver en qué terminan las mesas técnicas que comenzarán este viernes, a las que ya se convocó a la Dirección Nacional de Planeación, para determinar la pertinencia de los avances en la estructuración del proyecto de contratación de la planta, que no solo promete ser la más grande de Latinoamérica sino una de las más importantes para pagar la deuda que tiene la ciudad con el río Bogotá.

PTAR Canoas

La planta procesará las aguas residuales del 70 % de la capital y el 100 % de Soacha, que hoy llegan sin tratar al río Bogotá. Es decir, limpiará 16 metros cúbicos por segundo y generará al día 690 toneladas de biosólidos, que serán tratados en la misma planta. Esto convertirá a la PTAR en la más importante del país y una de las más grandes de Latinoamérica. Con su entrada en operación se espera beneficiar también a los ríos Tunjuelo y Fucha. El proyecto es de tal magnitud que para su construcción se realizó un acuerdo interadministrativo para conseguir los $4,4 billones de la obra. Estos deben ponerlos el Distrito ($2,94 billones), la Gobernación de Cundinamarca ($61.000 millones) y la CAR ($1,5 billones).

En vilo se mantiene el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, que ordenó a varias autoridades de la región a descontaminar el río Bogotá. Todo por cuenta del anuncio que hizo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) de frenar la financiación que había prometido para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas. Pese a ello, renunciar a su compromiso no será fácil, pues además de un fallo judicial hay un convenio que la obliga a destinar recursos para la obra.

Dicha planta de tratamiento es el corazón de todo un sistema de saneamiento básico indispensable para la ciudad, que está conformado por varias obras. La primera es la red subterránea de colectores, que evitarán que las aguas negras lleguen a los afluentes. Esta parte la completaron el año pasado, cuando lograron sacar dos máquinas tuneladoras, que estuvieron cuatro años enterradas por líos judiciales. Gracias a esto se pudo contratar, a finales del año pasado, la construcción de la segunda pieza del sistema: la planta elevadora, que sacará este líquido hasta la superficie. 

Lo que venía era contratar la construcción de la PTAR. Hasta hace poco el plan iba según el cronograma. Luego de definir cómo sería la financiación, en marzo pasado el Consejo Directivo de la CAR dio un paso clave: autorizó el comprometer vigencias futuras (2023 -2049) de la entidad para respaldar un aporte de $1,5 billones para adelantar la obra. Con este visto bueno, solo restaba firmar un convenio interadministrativo de financiamiento para que el Acueducto de Bogotá gestionara sus vigencias futuras con el fin de completar el dinero y abrir la licitación. 

Pero la semana pasada la Procuraduría, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 15 años al director de la CAR, Néstor Franco, al encontrar problemas de planeación en un convenio firmado para la construcción de otra planta de tratamiento en Chía. Según el ente de control, “los estudios y diseños no eran suficientes ni estaban actualizados, lo que llevó a retrasos y a un reajuste en el valor”. 

Ante esto, en su defensa, Franco aseguró que obró bajo la ley y que el convenio cuestionado era similar al que había firmado para obras en Bojacá y Madrid. Ante la duda por el impacto de la decisión de la Procuraduría en otros contratos, el director anunció que suspendería todos los procesos relacionados con la descontaminación del río Bogotá, incluyendo la construcción de la PTAR Canoas, ya que esta tampoco tenía los estudios completos ni el reajuste de valores correspondiente. 

El anuncio causó revuelo, pues ponía en jaque una obra que lleva años sin poderse concretar. Sin embargo, todo apunta a que desligarse del proyecto no le quedará tan fácil a la CAR. Por un lado, contrario a lo que argumentó Franco, el Acueducto de Bogotá ha dicho que sí cuenta con los diseños básicos de referencia. “La PTAR tiene toda la estructuración financiera, jurídica y técnica que se requiere para el esquema que se planteó, en el que se hará una concesión con un operador privado, que se encargará de hacer otros estudios y diseños para construir y operar la planta por treinta años”, aseguró Lady Ospina, gerente de la empresa. 

Por otra parte, el procurador, Fernando Carrillo, aseveró que “las decisiones tomadas hasta el momento para viabilizar el proyecto PTAR Canoas están en firme y no las puede revocar ningún funcionario de manera unilateral. El deber de cumplimiento de la acción popular para la descontaminación del río Bogotá es un imperativo”.

Algo que sustenta el porqué la CAR no podría salirse del proceso es el convenio 171 de 2011, que firmó con el Distrito y fue modificado en octubre del año pasado. En él, además de especificar las condiciones bajo las cuales se haría la ampliación de la PTAR Salitre, dice que el ente ambiental también financiaría la PTAR Canoas. La cláusula tercera del documento dice que la CAR comprometería desde 2013 hasta 2050 los recursos que recibe del porcentaje ambiental del impuesto predial de Bogotá para la obra. 

Por si fuera poco, el convenio aclara que este acuerdo solo se podrá romper de mutuo acuerdo y el Distrito ha dejado claro que seguirá adelante con el proyecto, ya que es uno de los más importantes en medio del cumplimiento de la sentencia del río Bogotá. “Tenemos muy avanzado el proyecto del saneamiento del río y esperamos que se logre superar la situación. El aporte de la CAR es crucial y sin él no es posible ejecutar la PTAR Canoas”, aseguró Ospina. 

Si bien la CAR ha dicho que espera un pronunciamiento de fondo de la Procuraduría sobre el mecanismo que ha empleado para firmar convenios con los municipios, tanto el Distrito como el ente de control temen que se incumplan los tiempos y se siga aplazando la puesta en marcha del sistema de saneamiento Tunjuelo-Canoas.  

Habrá que ver en qué terminan las mesas técnicas que comenzarán este viernes, a las que ya se convocó a la Dirección Nacional de Planeación, para determinar la pertinencia de los avances en la estructuración del proyecto de contratación de la planta, que no solo promete ser la más grande de Latinoamérica sino una de las más importantes para pagar la deuda que tiene la ciudad con el río Bogotá.

PTAR Canoas

La planta procesará las aguas residuales del 70 % de la capital y el 100 % de Soacha, que hoy llegan sin tratar al río Bogotá. Es decir, limpiará 16 metros cúbicos por segundo y generará al día 690 toneladas de biosólidos, que serán tratados en la misma planta. Esto convertirá a la PTAR en la más importante del país y una de las más grandes de Latinoamérica. Con su entrada en operación se espera beneficiar también a los ríos Tunjuelo y Fucha. El proyecto es de tal magnitud que para su construcción se realizó un acuerdo interadministrativo para conseguir los $4,4 billones de la obra. Estos deben ponerlos el Distrito ($2,94 billones), la Gobernación de Cundinamarca ($61.000 millones) y la CAR ($1,5 billones).