Cárceles, URI y estaciones de Policía: con la capacidad desbordada

La revuelta que se registró ayer en el patio cuatro de la cárcel La Picota y la fuga de 21 detenidos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Tunjuelito evidencian la problemática que sigue enfrentando el sistema carcelario del país. En Bogotá, el panorama parece agravarse con el paso de los días: mientras los índices de hacinamiento en las cárceles de la ciudad llegan a 63 %, en las URI y estaciones de Policía permanecen 639 personas, pese a que no son sitios para la reclusión de procesados o condenados. (LEA: Confrontación entre presos y guardias de La Picota dejó al menos 34 heridos)

El motín de ayer en La Picota, según información preliminar, dejó al menos 34 personas heridas (entre reclusos y guardias del Inpec). Todo empezó a las 5:30 a.m., cuando los guardias llegaron a hacer una requisa en el pabellón donde permanecen antiguos militantes de las Farc. La inspección se subió de tono, al punto que hubo agresiones mutuas. La versión del Inpec indica que todo ocurrió cuando los detenidos se opusieron “de manera violenta” a la requisa y retuvieron a cuatro guardias. Por su parte, John León, vocero de la coalición Larga Vida a las Mariposas, que vela por la libertad de los prisioneros políticos de las Farc, dijo que todo fue por el uso desmedido de la fuerza de los guardias del Inpec.

Los familiares de internos fueron más allá en sus denuncias. Indicaron que luego de la revuelta, un grupo de presos fueron reunidos en la cancha de fútbol de la Estructura 1, en donde, al parecer, fueron agredidos. “A pesar de que estaba lloviendo y haciendo frío, los obligaron a que se quitaran la camisa y los dejaron a la intemperie”, indicó la esposa de un detenido. No obstante, el Inpec precisó que el procedimiento fue para valorar a los internos, por parte del área de sanidad. “Aquellos que presentaron lesiones fueron trasladados a centros hospitalarios de la jurisdicción para que fueran atendidos”.

La lista de quejas, tanto de reclusos como de sus allegados, parece interminable. Una de ellas tiene que ver con las condiciones de hacinamiento que deben padecer. “En una celda de uno por dos metros pueden dormir 15 personas”, indican. Y es que las estadísticas del Inpec indican, por ejemplo, que el nivel de hacinamiento de La Picota alcanza el 42 %: mientras su capacidad es para 5.810 reclusos, a la fecha hay 8.261. Es decir, hay una sobrepoblación de 2.457 presos, de los cuales 1.362 son personas que contra las que aún no pesa una sentencia condenatoria. Por esa misma razón, las autoridades penitenciarias no han recibido a más detenidos (Ver infografía).

La situación de la cárcel Modelo es más grave. Si bien tiene una capacidad para 3.081 personas, el índice de hacinamiento es del 63 %. En El Buen Pastor, el penal de mujeres, alcanza el 50,4 %. No obstante, los familiares de las personas privadas de la libertad denuncian que el problema va más allá. “En muchos casos la comida es poca y de mala calidad, y los baños a veces no tienen agua. A algunos les están cobrando hasta $5.000 por cada consignación que les hacemos”.

Si la situación en las cárceles es grave, en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía parece peor. La Personería alertó sobre condiciones higiénicas y sanitarias “deplorables”, donde los detenidos no tienen baños, no hay alimentos y no cuentan con lugares adecuados para dormir.

El ente de control informó esta semana que, para la muestra, en las estaciones de Policía de Rafael Uribe hay 22 retenidos, en celdas en mal estado, y en Suba, 23 retenidos en dos celdas en regular estado. Además, en Barrios Unidos, 38 personas en cuatro celdas en precarias condiciones, y en Antonio Nariño, siete personas en dos celdas que están deterioradas. Pasaron menos de 24 horas desde esta alerta para que 21 detenidos se fugaran el jueves de la URI de Tunjuelito, al parecer, por un descuido en la guardia.

Para el abogado penalista Francisco Bernate, todo responde a que la sociedad no está dispuesta a asumir un castigo distinto a la cárcel. “El legislador y la comunidad creen que lo único que resuelve el problema de la delincuencia es aumentar penas. Eso ha llevado a un hacinamiento inhumano, que tiene llamados de atención de la Comisión Interamericana de DD. HH. y la Corte Constitucional”.

Una de las iniciativas para reformar la política criminal y carcelaria del país fue la que radicó en julio pasado el Ministerio de Justicia, en las que se contemplan alternativas a prisión para delitos menores, la modificación del régimen de permisos penitenciarios y el fortalecimiento de enfoques diferenciales. Para atender esta bomba de tiempo, los legisladores tienen la palabra.

Reunión por situación en La Picota

A raíz de la confrontación entre guardias y presos en el patio IV de la penitenciaría, se llevó a cabo un encuentro de autoridades penitenciarias, voceros del pabellón, una comisión de la Farc, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Defensoría del Pueblo.El objetivo de la reunión era esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades por la retención de los guardias y los enfrentamientos.

Según denuncian grupos que piden la libertad de prisioneros políticos, se han naturalizado las requisas acompañadas de violencia y daños a las pertenencias de los reclusos. Por su parte, el Inpec anunció que puso a disposición un grupo de funcionarios para que inicien las investigaciones sobre lo ocurrido.

La revuelta que se registró ayer en el patio cuatro de la cárcel La Picota y la fuga de 21 detenidos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Tunjuelito evidencian la problemática que sigue enfrentando el sistema carcelario del país. En Bogotá, el panorama parece agravarse con el paso de los días: mientras los índices de hacinamiento en las cárceles de la ciudad llegan a 63 %, en las URI y estaciones de Policía permanecen 639 personas, pese a que no son sitios para la reclusión de procesados o condenados. (LEA: Confrontación entre presos y guardias de La Picota dejó al menos 34 heridos)

El motín de ayer en La Picota, según información preliminar, dejó al menos 34 personas heridas (entre reclusos y guardias del Inpec). Todo empezó a las 5:30 a.m., cuando los guardias llegaron a hacer una requisa en el pabellón donde permanecen antiguos militantes de las Farc. La inspección se subió de tono, al punto que hubo agresiones mutuas. La versión del Inpec indica que todo ocurrió cuando los detenidos se opusieron “de manera violenta” a la requisa y retuvieron a cuatro guardias. Por su parte, John León, vocero de la coalición Larga Vida a las Mariposas, que vela por la libertad de los prisioneros políticos de las Farc, dijo que todo fue por el uso desmedido de la fuerza de los guardias del Inpec.

Los familiares de internos fueron más allá en sus denuncias. Indicaron que luego de la revuelta, un grupo de presos fueron reunidos en la cancha de fútbol de la Estructura 1, en donde, al parecer, fueron agredidos. “A pesar de que estaba lloviendo y haciendo frío, los obligaron a que se quitaran la camisa y los dejaron a la intemperie”, indicó la esposa de un detenido. No obstante, el Inpec precisó que el procedimiento fue para valorar a los internos, por parte del área de sanidad. “Aquellos que presentaron lesiones fueron trasladados a centros hospitalarios de la jurisdicción para que fueran atendidos”.

La lista de quejas, tanto de reclusos como de sus allegados, parece interminable. Una de ellas tiene que ver con las condiciones de hacinamiento que deben padecer. “En una celda de uno por dos metros pueden dormir 15 personas”, indican. Y es que las estadísticas del Inpec indican, por ejemplo, que el nivel de hacinamiento de La Picota alcanza el 42 %: mientras su capacidad es para 5.810 reclusos, a la fecha hay 8.261. Es decir, hay una sobrepoblación de 2.457 presos, de los cuales 1.362 son personas que contra las que aún no pesa una sentencia condenatoria. Por esa misma razón, las autoridades penitenciarias no han recibido a más detenidos (Ver infografía).

La situación de la cárcel Modelo es más grave. Si bien tiene una capacidad para 3.081 personas, el índice de hacinamiento es del 63 %. En El Buen Pastor, el penal de mujeres, alcanza el 50,4 %. No obstante, los familiares de las personas privadas de la libertad denuncian que el problema va más allá. “En muchos casos la comida es poca y de mala calidad, y los baños a veces no tienen agua. A algunos les están cobrando hasta $5.000 por cada consignación que les hacemos”.

Si la situación en las cárceles es grave, en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía parece peor. La Personería alertó sobre condiciones higiénicas y sanitarias “deplorables”, donde los detenidos no tienen baños, no hay alimentos y no cuentan con lugares adecuados para dormir.

El ente de control informó esta semana que, para la muestra, en las estaciones de Policía de Rafael Uribe hay 22 retenidos, en celdas en mal estado, y en Suba, 23 retenidos en dos celdas en regular estado. Además, en Barrios Unidos, 38 personas en cuatro celdas en precarias condiciones, y en Antonio Nariño, siete personas en dos celdas que están deterioradas. Pasaron menos de 24 horas desde esta alerta para que 21 detenidos se fugaran el jueves de la URI de Tunjuelito, al parecer, por un descuido en la guardia.

Para el abogado penalista Francisco Bernate, todo responde a que la sociedad no está dispuesta a asumir un castigo distinto a la cárcel. “El legislador y la comunidad creen que lo único que resuelve el problema de la delincuencia es aumentar penas. Eso ha llevado a un hacinamiento inhumano, que tiene llamados de atención de la Comisión Interamericana de DD. HH. y la Corte Constitucional”.

Una de las iniciativas para reformar la política criminal y carcelaria del país fue la que radicó en julio pasado el Ministerio de Justicia, en las que se contemplan alternativas a prisión para delitos menores, la modificación del régimen de permisos penitenciarios y el fortalecimiento de enfoques diferenciales. Para atender esta bomba de tiempo, los legisladores tienen la palabra.

Reunión por situación en La Picota

A raíz de la confrontación entre guardias y presos en el patio IV de la penitenciaría, se llevó a cabo un encuentro de autoridades penitenciarias, voceros del pabellón, una comisión de la Farc, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Defensoría del Pueblo.El objetivo de la reunión era esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades por la retención de los guardias y los enfrentamientos.

Según denuncian grupos que piden la libertad de prisioneros políticos, se han naturalizado las requisas acompañadas de violencia y daños a las pertenencias de los reclusos. Por su parte, el Inpec anunció que puso a disposición un grupo de funcionarios para que inicien las investigaciones sobre lo ocurrido.