Carrusel de la contratación: condenan a 22 años de cárcel a Liliana Pardo

El excontralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, también fue condenado por un juez. Deberá pagar 13 años de prisión.

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-Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com
12 de octubre de 2018 - 10:05 p. m.
Liliana Pardo Gaona y Miguel Ángel Moralesrussi.
 / Archivo particular.
Liliana Pardo Gaona y Miguel Ángel Moralesrussi. / Archivo particular.
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Por su responsabilidad en las irregularidades que rodearon el llamado carrusel de la contratación, este viernes fue condenada la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo, así como el excontralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi.

En el caso de Pardo, un juez la halló culpable de los delitos de peculado, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Por estos hechos, fue condenada a 22 años y cinco meses de cárcel.

Pardo Gaona enfrentaba dos procesos penales por las irregularidades que rodearon el proceso de licitación y ejecución de los contratos de la reparación de la malla vial y la fase III de Transmilenio entre 2007 y 2008, los cuales fueron recibidos por un grupo de contratistas después de pagar una millonaria comisión.

La entonces directora del IDU habría participado en la modificación del pliego de condiciones para que solamente el grupo de contratistas que habrían pagado la suma de dinero exigida resultaran beneficiados con los multimillonarios contratos viales.

Liliana Pardo Gaona supuestamente entregó y ejecutó información reservada y privilegiada de los contratos, antes de los procesos de adjudicación; por ejemplo, a los Nule, y a los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, a fin de que resultaran favorecidos con la contratación.

Por su parte, Moralesrussi fue hallado culpable del delito de concusión por daño a la administración pública, por lo que pagará una pena de 13 años de prisión.

El excontralor era investigado por presuntamente pactar una comisión con la “empresa criminal” que se conformó para la entrega de millonarios contratos con el fin de omitir sus funciones de control y vigilancia a los convenios para la reparación de la malla vial, la fase III de Transmilenio y las obras de valorización en Bogotá.

 

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