La sentencia en contra Jorge Eduardo Chalá Franco, taxista que atropelló a 11 personas, causó la muerte de una menor y dejó a otros niños de siete y 12 años en grave estado crítico, aún es incierta. Tras la última audiencia en la que la juez debía anunciar la pena, no solo fue aplazada sino también quedó en duda que el conductor de 56 años pagará la sentencia en una cárcel, debido a la solicitud del abogado defensor del conductor, quien afirma que por temas de salud, su defendido no podría permanecer en un centro intramural.
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El caso ocurrió la noche del 8 de noviembre de 2025, hacia las 11:10 p. m., en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. El taxi conducido por Chalá Franco arrolló a 11 personas. Entre las víctimas había cuatro menores de edad. Inicialmente todas sobrevivieron, pero días después murió Karol Stephanía Arturo Torres, una adolescente de 15 años, debido a la gravedad de las lesiones. Por la muerte de esta menor y ñr hecho de dejar a varios adultos heridos, cursa en contra de Chalá un proceso judicial por homicidio.
Otras víctimas sufrieron heridas graves; en los primeros reportes se informó que dos menores presentaban cuadros críticos, incluso con diagnóstico de muerte cerebral. Se trata de un niño de siete años y una menor de 12, sobre quienes hay otro proceso por tentativa de homicidio y lesiones personales.
Chalá, quien permanece aún en estación de Policía de San Cristóbal, inicialmente aceptó los cargos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales, pero luego su defensa solicitó revisar la validez del allanamiento a cargos realizado el 10 de noviembre de 2025, argumentando que el procesado no se encontraba en condiciones físicas ni mentales adecuadas para comprender el alcance de su decisión.
Como sustento, la defensa aportó un informe de Clínica Forense y registros de historia clínica que evidencian que Chalá padece varias enfermedades, entre ellas diabetes, que requieren medicación permanente. Sin embargo, la juez rechazó ese planteamiento, lo que dio paso a la continuación del proceso por los delitos mencionados y a la audiencia en la que se conocería la sentencia del procesado.
Una sentencia que no se conocerá hasta que la jueza resuelva si el taxista está en condiciones de ir a una cárcel.
“Queremos las penas más altas”
El abogado Juan Felipe Amaya, representante de dos menores de edad víctimas del atropellamiento, pidió al juzgado que al momento de fijar la pena tenga en cuenta la gravedad excepcional de las consecuencias del hecho, especialmente en el caso de un niño de siete años que sobrevivió al impacto.
“La justicia exige que la respuesta que otorgue la administración de justicia sea proporcional al alcance que tuvo el delito y a sus consecuencias”.
El abogado pidió tener en cuenta la situación del niño de siete años y las consecuencias del atropellamiento en su vida: “Un niño de siete años, quien tendrá que ser sometido a una operación nueva, no puede caminar. La ocurrencia del delito dejará una marca indeleble en su vida. El daño causado viene de este caso, una circunstancia que partió la vida de un niño en dos. También en su familia, que ha tenido que irse de su casa por el trauma de estar en un lugar que les recuerda lo ocurrido a diario”.
Respecto a la hermana del menor, una niña de 12 años también lesionada en el atropellamiento, indicó que, aunque las afectaciones físicas fueron menos graves, el episodio dejó secuelas psicológicas y emocionales que también deben ser valoradas por el despacho.
La solicitud de la defensa de Chalá
En contraste a la solicitud de la defensa de los menores, el abogado defensor Saúl León pidió al juzgado que, al momento de individualizar la pena contra Eduardo Chalá, tenga en cuenta que su cliente no registra antecedentes penales y que, hasta antes de los hechos por los que fue condenado, había mantenido una vida ajustada a la ley.
Con estas cartas sobre la mesa, la defensa solicitó que la pena se ubique en el mínimo de los rangos de cada delito, argumentando que el acusado no es propenso a la criminalidad
Además de la discusión sobre la dosificación de la condena, León pidió que el despacho estudie la posibilidad de conceder a Chalá una reclusión domiciliaria u hospitalaria por razones de salud. La defensa insiste en que el procesado, de 56 años, presenta múltiples enfermedades crónicas que comprometen seriamente su estado de salud y que, según su criterio, hacen incompatible una reclusión intramural ordinaria.
Entre las patologías mencionadas por el abogado figuran diabetes tipo 2 no controlada, hipertensión arterial, hipotiroidismo, dislipidemia severa con riesgo de pancreatitis aguda, hiperplasia prostática, pérdida auditiva bilateral y una enfermedad de más de 25 años de evolución que afecta ambas manos y que requeriría intervención quirúrgica.
“Mantenerlo en reclusión intramural no solo agravaría sus patologías, sino que constituiría una violación a sus derechos a la salud y a la dignidad humana”, agregó León.
Nuevo aplazamiento
Nuevamente la decisión final deberá esperar. Tras escuchar a las víctimas, la Fiscalía, el Ministerio Público y la defensa, la jueza aplazó la lectura de sentencia para estudiar, entre otros puntos, la solicitud de la defensa de Eduardo Chalá para que una eventual condena sea cumplida bajo una modalidad de reclusión domiciliaria u hospitalaria debido a sus condiciones médicas.
Hay que aclarar que no es la primera vez que el proceso se retrasa. Meses atrás, el despacho también suspendió una audiencia para resolver la petición con la que Chalá intentó retractarse del allanamiento a cargos que había realizado dos días después del atropellamiento.
Ahora, mientras avanza el proceso por la muerte de la menor, las demás víctimas esperan conocer la condena por el caso que dejó gravemente heridos a dos hermanos de 7 y 12 años y a otras nueve personas, sigue abierta una de las principales incógnitas del proceso: si el taxista terminará cumpliendo la pena en prisión o si la justicia le concederá una medida alternativa.
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Por Juan Camilo Parra
