En sectores residenciales de Bogotá emergen, bajo fachadas de viviendas o negocios, casas de lenocinios no autorizados que han generado el rechazo y la preocupación de las comunidades por el impacto en la convivencia y seguridad. Por si fuera poco, la presencia de menores explotados sexualmente agrava la situación. ¿Qué están haciendo las autoridades para controlar estos lugares?
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El fenómeno del lenocinio clandestino en viviendas comunes no es nuevo en Bogotá. Históricamente, sectores como Santa Fe y Los Mártires —donde proliferaban inquilinatos y moteles desde los años setenta y ochenta— ya servían como enclaves informales de prostitución.
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Pero ahora, estos negocios se camuflan entre barrios residenciales e incluso utilizan las plataformas digitales para promocionarse. Uno de los casos más documentados durante 2024 fue el del establecimiento conocido como ‘Ángeles’, que funcionaba en una casa de tres pisos ubicada en el barrio Candelaria La Nueva, localidad de Ciudad Bolívar. Durante una inspección, la Policía descubrió que bajo la fachada de bar, se realizaban actividades sexuales pagas e impulsadas a través de las redes sociales.
Y es que en estos casos hay tres factores en juego: las dinámicas delictivas como la venta de licor, estupefacientes y riñas que se amplifican en torno a estos lugares clandestinos. Dos, la salud pública, que expone tanto a las trabajadoras sexuales como a clientes y la vulneración a los derechos de los menores ante la grave explotación y trata de los que son víctimas.
¿Hay sitios autorizados?
Según datos de la última Encuesta Multipropósito de Bogotá y Región (2021), el 4,1% de los hogares tienen cercanía con prostíbulos. Las UPZ donde principalmente se concentran están en La Sabana (Los Mártires), 45,6%; los Alcazáres, (Antonio Nariño) el 35,5%; Corabastos (Kennedy) el 30,2%; Sagrado Corazón (Santa Fe), 24%; Las Nieves (Santa Fe), 24%; Marco Fidel Suárez (Rafael Uribe Uribe) 22,6%; Las Cruces (Santa Fe) 17,7%; y Venecia (Tunjuelito) 13,2 %.
La legislación ha sido clara en cuánto a regular las fachadas y entradas de los establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual. En primer lugar, el POT clasifica como servicio especial, los establecimientos cuya actividad económica se relaciona con el trabajo sexual.
En ese orden, el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio (2015) define los requisitos en que estos inmuebles pueden operar: contar con la respectiva licencia de construcción en la que se autorice el uso en el inmueble para desarrollar y localizar la actividad y sus servicios complementarios; incluidos los estacionamientos.
Por su parte, en materia de control urbano, desde la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía y Convivencia, el artículo 43 reguló los requisitos para operar este tipo de establecimientos. Los mismos van desde obtener para su funcionamiento el concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud, proveer o distribuir a las personas que ejercen la prostitución y a quienes utilizan sus servicios, preservativos aprobados por las entidades competentes y facilitarles el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, asistir a cursos que organicen las autoridades sanitarias y de Policía cuando se realicen campañas de inspección y vigilancia, y no realizar publicidad alusiva a esta actividad en la vía pública, salvo la identificación del lugar en su fachada.
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Sin embargo, estos requisitos no siempre se cumplen y cuenta de ello son el cierre de cinco casas de lenocinio en lo corrido de este año, en las localidades de Engativá, Suba y Tunjuelito. A pesar de estos cierres, en medio de operativos de inspección, vigilancia y control, estas casas terminan reabriendo sin haber corregido las irregularidades previamente identificadas. Esto, en parte debido a que los cierres administrativos no llevan a procesos penales, a menos que se demuestren delitos mayores.
“De acuerdo a la Ley 1801 de 2016, para poder realizar una suspensión definitiva de estos establecimientos dedicados a esta actividad económica, debe existir una reincidencia, como mínimo dos cierres para solicitar el cierre definitivo de este lugar, asimismo el inspector de policía hace un análisis para solicitar el cierre”, justificó la Policía Metropolitana de Bogotá.
El problema de la explotación sexual
Durante los operativos que la Secretaría de Seguridad ha realizado este año, han encontrado menores de edad explotados sexualmente dentro de estas casas de lenocinio. El más reciente caso ocurrió el pasado 13 de junio, cuando en un establecimiento en el sector de Galerías, que usaba como fachada la venta de licor, notaron la presencia de una joven en condición de vulnerabilidad. Mientras tanto, en el barrio San Jorge de Rafael Uribe Uribe, las autoridades encontraron a una menor de edad que supuestamente ejercía como mesera. Ambas, les fueron restablecidos sus derechos, dejándolas bajo protección del ICBF.
Según datos de la Policía Nacional, en Bogotá durante el 2024 se registró un preocupante incremento del 98% en los casos de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), alcanzando un total de 365 casos en el año, lo que equivale a un caso diario. Ese mismo año, durante el periodo entre el 1 de enero y el 15 de julio, 378 procesos están activos en la Fiscalía por los diferentes delitos que están dentro de la categoría de explotación sexual infantil como explotación sexual comercial de menores de 18 años, inducción o constreñimiento a la prostitución, pornografía infantil, proxenetismo, entre otros.
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De los datos conocidos por el concejal Julián Sastoque, por medio de un derecho de petición, llama la atención el alto número de procesos por casos de pornografía infantil (310), 16 por explotación sexual comercial; 10 por inducción a la prostitución; 9 por proxeinitismo y dos procesos activos por un caso de explotación sexual comercial ejercida por un turista contra una niña menor de 13 años. En Colombia, toda persona que participe, facilite u organice de cualquier forma el comercio o explotación sexual con un menor de edad, puede pagar hasta 25 años de cárcel.
Desde la Secretaría de Seguridad, indicaron que en articulación con la Secretaría de Gobierno, el ICBF, Integración Social, IDIPRON, Migración y Policía de Bogotá adelanta búsquedas activas contra la ESCNNA en centros de lenocinio, bares, terminales de transporte y demás, entregando no solo información sobre los factores de riesgo, canales de denuncia y rutas de atención, sino operativos de búsqueda.
Cuenta de ello fueron las 63 jornadas en las diferentes localidades de la ciudad como Santa Fe, Los Mártires, Ciudad Bolívar, Bosa, Fontibón, Engativá, entre otras, donde abordaron y se sensibilizaron a 781 niños, niñas y adolescentes, 13.885 personas adultas y llegaron a 414 establecimientos comerciales para prevenir la ESCNNA. Además, más de 50 menores de edad fueron traslados por el Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, para restablecimiento de sus derechos.
Aunque la sentencia de la Corte T-620 de 2025 indica que el Estado no podría comprometerse a erradicar por completo una práctica como la prostitución, sí puede controlar su radio de acción en las llamadas “zonas de tolerancia”. Sin embargo, su operación clandestina exigen una acción coordinada para lograr un cierre definitivo que prevenga la perturbación en la seguridad a los vecinos y el control de que los menores sean víctimas de un negocio lucrativo.
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Por María Angélica García Puerto
