El caso del alcalde Gustavo Petro sigue generando controversia. Un grupo de personajes políticos y de los gremios de Bogotá, entre los que se encuentran el exalcalde de Bogotá Jaime Castro, viajó ayer a Washington para reunirse en la mañana de hoy con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo estudia la petición de medidas cautelares que hizo el mandatario bogotano, ante una supuesta persecución ideológica por parte de la Procuraduría.
Entre el grupo que viajó a Washington también están el presidente del gremio de comerciantes Fenalco, Juan Esteban Orrego, y el excomisionado de Paz Víctor G. Ricardo. Castro explicó ayer que su visita tiene el objetivo específico de discutir la pertinencia de las medidas cautelares solicitadas por Petro.
Pese a que la CIDH tiene la potestad de ordenar medidas cautelares sin que los caminos jurídicos de Petro se hayan agotado en el país, Castro dijo ayer a Caracol Radio que insistirán ante el organismo para que no conceda esta petición al mandatario. No obstante, Castro considera que el caso de Petro tiene implicaciones de fondo en los temas jurídicos del país, de tal manera que se tendrían que haber pronunciado las instancias internas antes de que el organismo tome una decisión.
Castro y los demás integrantes tienen el respaldo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (dedicado a asuntos en defensa de la democracia) y se reunirán alrededor de las 8:00 de la mañana con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, y con el presidente del organismo, José Orozco.
Entre tanto, la defensa del alcalde Petro deberá entregar hoy a la CIDH las respuestas a las siete preguntas que el organismo le envió el lunes sobre su situación jurídica en el país y los tiempos que se tomarían las instancias nacionales en su caso. Los petristas consideran que la CIDH quiere tener un completo panorama jurídico con respecto a las tutelas a favor del alcalde e incluso creen que tal vez el organismo no otorgue las medidas cautelares hasta que el Consejo de Estado decida en segunda instancia sobre éstas.
Por su parte, la Procuraduría impugnó ayer ante el Consejo de Estado las tutelas falladas la semana pasada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en favor de Petro y que ordenaron la suspensión de fallo. Se sabe que uno de los argumentos que alega el Ministerio Público en medio de este debate jurídico es que, a su parecer, el Tribunal cometió un error al fallar primero una tutela interpuesta por un ciudadano (José Gotardo Pérez) y no la que presentó el alcalde como directo afectado por el fallo.
La Procuraduría analizó su impugnación hasta el último momento del plazo que tenía para presentarla ante el Consejo de Estado y ahora éste tiene 20 días para definir el futuro del recurso. Así mismo, el alto tribunal decidió estudiar en Sala Plena la tutela que fue negada al alcalde Petro en el Tribunal Administrativo y que fue presentada por el abogado del alcalde Julio César Ortiz.
Por Redacción Bogotá
