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Avanza el proceso judicial por la muerte de Yulixa Toloza. Aunque sigue en trámite la extradición de los principales responsables del fallecimiento de la esteticista de 52 años, la Fiscalía ya tiene listo el escrito de acusación contra dos de los capturados en Cúcuta. Se trata de Kelvis Daniel Sequera, un taxista de Guanare (Venezuela), y Jesús Hernández Morales, maestro de construcción y tío de la dueña del centro estético ilegal Beauty Láser.
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De acuerdo con el ente investigador, ambos serán llevados a juicio por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Según la investigación, “estarían implicados en las actividades encaminadas a la desaparición del vehículo usado para trasladar y abandonar el cuerpo de la víctima tras su fallecimiento”.
Este avance ocurre a un mes de ocurridas las audiencias preliminares que despejaron algunas dudas de la participación de Sequera y Hernández en los hechos.
La fiscal aclaró que sus actos eran “tendientes” a ocultar el carro, sabiendo en qué estaba implicado y con el fin de destruirlo o venderlo. Aunque no lo consumaron, pues fueron capturados cerca al vehículo, la fiscal señaló que hubo clara participación pues los mensajes que cruzaban con María Fernanda Delgado, dueña del centro estético ilegal, dan cuenta de su conocimiento en los hechos punibles, es decir, en saber que tenían que desaparecer ese carro.
La estocada final la dio la fiscal al revelar que el taxista Sequera Delgado fue quien trasladó a la dueña de Beauty Láser y a su esposo, hacia Venezuela, siendo un punto clave en su complicidad en los hechos.
¿Qué penas enfrentan?
El abogado penalista Rafael Quintero explicó que el delito de desaparición forzada, contemplado en el artículo 165 del Código Penal, castiga a quien oculte o prive de la libertad a una persona y posteriormente niegue información sobre su paradero. “Cualquier persona que someta a otra, la oculte o la prive de su libertad y ello conlleve a no brindar información de dónde está, incurre en penas de entre 320 y 540 meses de prisión”, señaló el jurista, quien agregó que las sanciones incluyen multas de hasta 4.500 salarios mínimos.
Sobre el ocultamiento de elementos materiales probatorios, contemplado en el artículo 454B, Quintero indicó que las penas van de 4 a 12 años de cárcel, aunque advirtió que en este caso podrían agravarse “porque aunado a ello va el desaparecimiento de una persona y es más delicado”.
La familia insiste en extradición
La representación de las víctimas sigue pidiendo resultados sobre la situación judicial de los tres principales implicados que actualmente estarían en Venezuela.
El abogado reveló que solicitó a la Fiscalía avanzar en los trámites necesarios para obtener su extradición y permitir que respondan ante la justicia colombiana. Según explicó, los delitos que se investigan incluyen desaparición forzada y homicidio doloso.
Buscan a un cuarto implicado
La defensa aseguró que existe un cuarto hombre que podría tener relación con los hechos y que sería de nacionalidad cubana y estaría relacionado en el caso como la persona que practicó el procedimiento.
Por esta razón, solicitó a la Fiscalía acelerar las labores de ubicación y, de ser procedente, tramitar una orden de captura para que pueda comparecer ante las autoridades colombianas.
La petición se suma a los esfuerzos que actualmente adelantan los organismos judiciales para esclarecer completamente lo ocurrido durante el procedimiento al que fue sometida Yulixa Toloza antes de su muerte.
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Por Redacción Bogotá
