El proceso judicial por la muerte de Yulixa Toloza, quien falleció tras someterse a una intervención estética, en el centro estético clandestino Beauty Láser, y cuyo cuerpo lo hallaron abandonado en una vía de Apulo (Cundinamarca), entra en una nueva fase luego de salir a la luz la prueba más contundente: El informe pericial de necropsia, de Medicina Legal, que concluye de manera categórica que su manera de muerte fue “violenta - homicidio”.
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El reporte forense dejó en evidencia la magnitud del trauma físico infligido a la víctima durante el procedimiento invasivo de succión adiposa en el abdomen y el dorso, describiendo lesiones internas severas, hemorragias y fracturas que desvirtúan cualquier hipótesis de una complicación médica fortuita.
Uno de los hallazgos más impactantes del dictamen pericial es el trauma óseo localizado en el pecho de la víctima. Los médicos forenses documentaron signos de fracturas en la zona torácica. Si bien estas lesiones óseas son técnicamente compatibles con maniobras de reanimación cardiopulmonar, “reflejan la situación extrema y desesperada en la que se encontraba la paciente”, le contó una fuente que conoció el informe a El Espectador.
Los peritos identificaron, además, lesiones hemorrágicas en los músculos del cuello, hematomas profundos en la región lumbar y hematomas en gran parte del tren superior.
Once heridas
El documento detalla que las marcas externas de la succión corresponden, al menos, a 11 heridas causadas con elemento cortopunzante, la mayoría en la parte posterior del cuerpo. También se registraron puntos de incisión e inserción en el abdomen y la zona torácica, entre otras zonas. Estas lesiones y el sangrado interno acumulado debajo de la piel desataron un cuadro clínico mortal, compuesto por tres factores simultáneos: embolismo graso pulmonar (partículas de tejido adiposo que taponan los pulmones); insuficiencia respiratoria aguda (derivada directamente del bloqueo de los vasos pulmonares), y un cuadro de Anemia aguda, que se evidencia mediante una palidez extrema en los órganos y la ausencia de sangre en arterias y venas principales, producto una hemorragia masiva.
Aunque el dictamen pericial sobre la causa de muerte es definitivo, este medio confirmó que aún están pendientes los análisis especializados de toxicología, para determinar con exactitud qué tipo de medicamentos, anestésicos o sustancias químicas le fueron suministradas a la mujer de 52 años, antes de su fallecimiento.
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Así avanza el caso
Con la incorporación de este dictamen forense al expediente, el proceso penal entra en una etapa definitiva en la que la estrategia de la justicia colombiana se dividirá en dos frentes principales, de acuerdo con el panorama jurídico detallado por la representación legal de la familia de la víctima.
El primer escenario inmediato se concentrará en las celdas de Cúcuta. El hallazgo científico de una muerte violenta por homicidio podría agravar el proceso contra Kelvis Daniel Sequera (taxista) y Jesús Hernández Morales (maestro de construcción y tío de la dueña de la estética). Ambos se encuentran en prisión preventiva por los delitos de favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, bajo la tesis de que su rol estuvo destinado a hacer desaparecer el vehículo en el que se transportó el cuerpo.
Al demostrarse que la conducta previa que intentaban encubrir corresponde a un homicidio doloso eventual, el delito de favorecimiento adquiere su mayor gravedad. Los chats interceptados —donde la dueña de la estética, María Fernanda Delgado, ordenaba usar tapabocas y evadir cámaras de seguridad— cobran un peso definitivo para buscar condenas que podrían oscilar entre los seis, siete y ocho años de prisión.
El segundo frente se trasladará al terreno diplomático y del derecho internacional. Con la certeza médica de que la víctima sufrió un homicidio doloso —bajo la tesis de que los encargados sabían que el procedimiento ilegal podía complicarse de forma mortal, lo dejaron al azar y omitieron trasladarla a un hospital—, la Fiscalía y el Estado colombiano arreciarán la presión sobre los tres sospechosos principales retenidos en Venezuela.
Pese a la prohibición constitucional del vecino país de extraditar a sus nacionales, la representación de las víctimas insiste en que se debe exigir el cumplimiento del Tratado Bolivariano de 1911 y el artículo 27 de la Convención de Viena. Mientras se surten los canales diplomáticos ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, la Fiscalía General de la Nación tendrá la tarea de avanzar en el proceso local, ya sea mediante comparecencia a la distancia o recurriendo a una declaratoria de contumacia para juzgarlos en ausencia.
La familia de Yulixa Toloza espera que el caso envíe un mensaje contundente contra las estéticas fraudulentas y siente un precedente para que las fronteras no se conviertan en un escudo de impunidad.
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Por Redacción Bogotá
