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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a siete presuntos integrantes de una red delincuencial que estarían involucrados en el secuestro y abuso sexual a una mujer, en hechos ocurridos el pasado 3 de julio de 2024, en la localidad de Puente Aranda.
Una fiscal les imputó a seis hombres y una mujer, identificados como Angie Carolina Vizcano Sanabria, Nelson Alejandro Flórez Peralta, Juan David Hernández Pardo, Andrés Camilo Flórez Peralta, William Darío Hernández Pardo y William Alexander Montenegro Portela, los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y acceso carnal violento, las tres conductas agravadas; además de acceso abusivo a sistema informático y concierto para delinquir.
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Los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el curso de la investigación penal.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
Según evidencia recopilada por el ente acusador, la víctima trabajaba como vendedora de paquetes turísticos cuando dos de los imputados la contactaron vía telefónica, supuestamente interesados en cotizar un viaje para México y Punta Cana.
Dos semanas después, bajo engaños, le pidieron encontrarse para pactar el pago. Sin embargo, al llegar al sitio indicado, la joven fue trasladada a un inmueble, siendo secuestrada durante 10 horas y sometida a abusos sexuales y agresiones físicas.
“La amenazan con pistola y cuchillos. La golpean. Le dicen que tienen que pagar 80 millones de pesos correspondiente a la deuda de la señora Angie, ya que ese valor iban los intereses y de no hacerlo, la matarían. Toman su celular y empiezan a escribirle a todos sus contactos”, narró la fiscal durante la audiencia de legalización e imputación.
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En este grave hecho, agregó el ente acusador, estaría involucrado el patrullero de la Policía, Daniel Andrés Arciniegas Arciniegas, señalado de obligar a la víctima a entregar información personal para ingresar y vaciar sus cuentas bancarias, y de contactar a los familiares para exigirles dinero a cambio de una liberación.
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Por Redacción Bogotá
