Una niña puede vivir en Soacha y estudiar en Bogotá, pasar varias horas desplazándose y depender de servicios que atraviesan las fronteras municipales. Otra puede crecer en una vereda de Cundinamarca, donde las distancias condicionan el acceso a la educación, la atención en salud o las actividades culturales. Sus experiencias son distintas, pero sus derechos son los mismos. ¿Qué necesitamos transformar para que ambas puedan ejercerlos plenamente?
Conmemorar los derechos de las niñas y las jóvenes debe llevarnos a examinar no solo lo que hemos reconocido en las leyes, sino las condiciones que estamos garantizando para que puedan aprender, vivir saludablemente, participar en las decisiones que las afectan y crecer en un ambiente sano. Los derechos se concretan en los territorios donde transcurre la vida; por eso, las respuestas públicas deben reconocer las desigualdades y actuar sobre sus causas.
Las cifras de Bogotá muestran la urgencia. Durante el primer semestre de 2026 se notificaron 16.828 casos de violencia intrafamiliar y de género contra niñas, niños y adolescentes; 9.346 correspondieron a mujeres. En el mismo periodo se registraron 7.264 notificaciones de violencia sexual contra menores de 18 años, de las cuales 4.666 correspondieron a niñas y adolescentes. Son registros de vigilancia en salud pública, no la totalidad de las violencias ocurridas, pero evidencian la necesidad de fortalecer la prevención, la atención y la protección integral.
La distribución territorial también importa. Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Bosa concentraron 9.215 notificaciones de violencia intrafamiliar y de género contra menores de edad. Estas cifras no deben convertirse en etiquetas para señalar a sus habitantes, sino orientar recursos y fortalecer las capacidades institucionales, las redes comunitarias y los entornos protectores. La respuesta debe partir de las particularidades de cada localidad y municipio.
El primer desafío es garantizar trayectorias educativas completas.
En la primera infancia, esto significa ampliar las oportunidades de atención integral, juego y desarrollo. En la infancia, fortalecer los entornos escolares protectores y el acceso a experiencias culturales, científicas y deportivas. En la adolescencia, prevenir las violencias y evitar que las desigualdades o las responsabilidades tempranas de cuidado interrumpan los estudios. Para las jóvenes, implica facilitar el tránsito hacia la educación superior, la formación para el trabajo y el empleo digno.
En Bogotá, la cobertura neta en educación media fue de 58,85 % en 2024 y alcanzó 63,38 % entre las mujeres. Este indicador no equivale a la proporción de estudiantes que pasa de noveno a décimo grado, pero invita a examinar las trayectorias educativas y las barreras que dificultan avanzar oportunamente. El reto continúa después del bachillerato: en 2024, el 65,3 % de quienes se graduaron de educación media en Bogotá continuó su formación al año siguiente. De ese grupo, el 53,9 % ingresó a programas de educación superior. Aunque el tránsito ha mejorado, todavía hay jóvenes que no continúan estudiando y cuyas oportunidades dependen, entre otros factores, de los recursos económicos, la orientación socio-ocupacional y la oferta disponible. Garantizar la continuidad exige apoyos financieros, transporte, alternativas pertinentes y acompañamiento para que el origen social o el lugar de residencia no definan quién puede seguir aprendiendo.
El segundo desafío es garantizar una salud integral.
La salud física, la salud mental y los derechos sexuales y reproductivos están conectados con la autonomía, la protección y las posibilidades de construir un proyecto de vida. En Bogotá, durante 2025 se notificaron 8.685 casos de ideación suicida en adolescentes; 5.820 correspondieron a mujeres. Al 30 de junio de 2026 se habían notificado otros 4.064 casos en adolescentes, de los cuales 2.647 correspondieron a mujeres. Estos registros no representan necesariamente personas únicas, pero muestran la importancia de fortalecer la detección temprana, el acompañamiento psicosocial y la continuidad de la atención, con especial atención a las necesidades de las adolescentes.
También debemos garantizar educación integral para la sexualidad, información confiable y servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y libres de discriminación. Cundinamarca reportó en 2025 una tasa de fecundidad de 10,23 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 10 a 19 años, la más baja registrada en el departamento. Es un avance que merece sostenerse, acompañado de oportunidades para que las adolescentes continúen sus estudios, tomen decisiones informadas y construyan sus proyectos de vida.
El tercer desafío es reconocer a las niñas y las jóvenes como protagonistas de las decisiones que afectan sus vidas.
Participar no puede reducirse a asistir a talleres o encuentros conmemorativos. Significa que sus propuestas tengan posibilidades reales de incidir en los gobiernos escolares, los planes de desarrollo, los presupuestos participativos y las decisiones sobre los espacios que habitan. También exige informarles qué se decidió, qué cambió y qué compromisos siguen pendientes. Escucharlas es reconocerlas como sujetas de derechos y como actoras capaces de transformar sus comunidades.
El cuarto desafío es garantizar el derecho a un ambiente sano en toda su extensión
Aire limpio, agua segura, alimentación adecuada, vivienda digna, saneamiento, movilidad segura, espacios públicos de calidad, acceso a la naturaleza y protección frente al cambio climático. Una niña que no dispone de un lugar cercano para jugar, una adolescente que restringe sus desplazamientos por temor a sufrir violencia o una joven rural que encuentra barreras para acceder a servicios esenciales enfrentan situaciones distintas, pero todas muestran cómo las condiciones del entorno pueden ampliar o restringir el ejercicio de sus derechos.
Aquí la perspectiva de ciudad-región es indispensable. El agua, el aire, los humedales, los páramos, la movilidad y los riesgos ambientales no terminan donde comienza otro municipio. La protección de los ecosistemas compartidos, la gestión integral del riesgo y la adaptación al cambio climático requieren coordinación entre Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, las alcaldías municipales y las autoridades ambientales. Anticiparse a las emergencias, reducir vulnerabilidades y garantizar entornos saludables también es proteger los derechos de las niñas, especialmente de quienes enfrentan mayores barreras para responder y recuperarse.
¿Qué se propone?
una agenda regional de garantía de derechos con tres compromisos verificables. Primero, análisis a partir de la comparación de indicadores de educación, salud, violencias, participación y ambiente sano por curso de vida, sexo, localidad y municipio. Segundo, establecer metas compartidas, responsables, recursos y mecanismos de seguimiento para cerrar brechas y fortalecer los servicios donde más se necesitan. Tercero, garantizar la participación efectiva de las niñas y las jóvenes en la formulación, implementación y evaluación de las decisiones públicas.
Esta agenda debe reconocer los avances existentes, fortalecer las capacidades comunitarias y articular los esfuerzos de las instituciones educativas, los servicios de salud, las organizaciones sociales y las familias. La corresponsabilidad es indispensable, pero no puede diluir las obligaciones del Estado: debe traducirse en inversión, respuestas oportunas y resultados verificables. Las diferencias entre localidades y municipios exigen acciones diferenciadas, no derechos de distinta calidad.
El lugar donde nace o crece una niña, adolescente o joven, no debería determinar sus oportunidades para aprender, vivir saludablemente, participar y disfrutar de un ambiente sano. Conmemorar sus derechos significa comprometernos a que las fronteras administrativas no se conviertan en barreras para garantizarlos. Bogotá y Cundinamarca tienen la oportunidad de demostrar que construir ciudad-región también significa poner en el centro la vida, la voz y el futuro de sus niñas, adolescentes y jóvenes.