El Tribunal de Ética Médica de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud protagonizan un choque que día a día sube de tono. A pesar de las reuniones que han tenido para conciliar sus diferencias, ya se habla de recursos legales, denuncias contra el secretario y hasta del riesgo que enfrenta el sistema de salud. Como muchos enfrentamientos en este país, éste se reduce a un problema de dinero.
Para entender el pleito, algo de contexto: El Tribunal de Ética es la entidad encargada de conocer los procesos disciplinarios éticos profesionales que se presenten por razón del ejercicio de la medicina. El Distrito, a través de su Secretaría de Salud, es la que gira cada año los recursos para su funcionamiento. Para fijar el monto, el Tribunal le hace la solicitud y la administración analiza las cifras. Para 2017, por ejemplo, se autorizaron $976 millones, divididos en pagos trimestrales.
Ahora sí, el pleito: por orden de la Contraloría, el Distrito le está reclamando al Tribunal el reintegro de unos dineros públicos, que serían excedentes de giros de años anteriores (2011-2015). Como la solicitud no ha sido atendida y ambas entidades no han llegado a un acuerdo (según el Tribunal, porque todo lo han invertido), la Secretaría de Salud congeló el desembolso que debía hacerle este trimestre, por $244 millones.
El reclamo
Sagradamente, el Tribunal de Ética Médica ha contado con los dineros del Distrito para su funcionamiento. Por eso, la decisión de la Secretaría de congelar el giro no cayó bien. A partir de ahí, la Federación Médica Colombiana tomó la vocería del Tribunal y expidió un comunicado en el que acusaba públicamente a la administración de estar bloqueando los recursos de la entidad, poniéndola en peligro de cierre.“Es una situación incómoda y que afecta directamente a la justicia médica ética disciplinaria. El secretario de Salud del Distrito, Luis Gonzalo Morales, está frenando el envío de recursos al Tribunal Seccional de Ética de Bogotá, con la directa intención de bloquear su funcionamiento”, decía el documento.
Y sigue: “Se trata, pues, de otro atropello de la administración en cabeza del cuestionado Enrique Peñalosa. Se ha enviado derecho de petición, se está presentando una tutela y una demanda penal para frenar esta situación aberrante”, escribió Fernando Guzmán Mora, presidente de la Federación.
En diálogo con El Espectador, Guzmán no sólo ratifica el comunicado. Agrega que por esta situación hay una cantidad de procesos disciplinarios represados, incluso algunos con riesgo de prescribir. “El secretario ha dado varios argumentos para no entregar el dinero, entre ellos menciona lo del reintegro de recursos. No se da cuenta de que el cierre del Tribunal afectaría el sistema de salud, la ética, a los denunciantes, que muchísimas veces tienen la razón, y a los médicos acusados, que no tendrían cómo defenderse”, indicó.
El comunicado y las declaraciones fueron respaldadas con acciones. El propio Guzmán Mora indicó que ya había presentado queja formal ante el propio Tribunal de Ética Médica contra el secretario Luis Gonzalo Morales, según él, porque con sus decisiones ha violado al menos seis artículos del Código de Ética Médica y otros de los códigos Penal, Contencioso Administrativo y Disciplinario.
“El secretario de Salud de Bogotá puede ser investigado por el Tribunal debido a que tiene el título de galeno y la investigación se puede realizar debido a que sus actuaciones afectan al sistema de salud en la capital”, indicó el presidente de la Federación Médica Colombiana.
La respuesta
Anabelle Arbeláez Vélez, subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento del Distrito, confirmó dos hechos: el reclamo del reintegro y que la administración congeló el segundo desembolso. Sin embargo, aclaró que no es por afectar al Tribunal, sino un deber legal. “Los recursos que les giramos deben ser para gastos de funcionamiento y nuestro deber es vigilar el buen uso de esos dineros, velar cómo se los gastaron y si en lo que se lo gastaron era pertinente”.La funcionara explica que el lío tiene origen en el hallazgo administrativo que hizo la Contraloría en la auditoría a la Secretaría de Salud. El ente de control encontró que de los giros hechos entre 2011 y 2015 al Tribunal para gastos de funcionamiento quedaron excedentes, que debían retornar a la administración. La cuenta alcanzaba casi los $411 millones.
“En septiembre conocimos el hallazgo. Como entidad pública debemos presentar a la Contraloría un plan de mejoramiento. En este caso era recuperar esos dineros. Enviamos varios contadores para revisar las cuentas del Tribunal y encontramos que, si bien no es toda la plata que dice el ente de control, sí hay unos recursos por reintegrar”.
Agrega que, desde el comienzo, han tratado de llegar a un arreglo con el Tribunal, que insiste en que no deben reintegrar ni un peso. “El primer trimestre le hicimos el giro, porque sabíamos el enredo que se iba a armar con esta situación. Pero les advertimos la situación con el segundo. El giro de este trimestre estaba supeditado al reintegro o a un acuerdo. Como no lo hemos logrado, el desembolso está congelado”
La funcionaria dice que tienen todos los documentos, los oficios y el cruce de correspondencia con el Tribunal de Ética Médica. Y aclara que el gran error parece ser un mal manejo de la contabilidad. “Ellos generan recursos propios y en sus cuentas no se podían discriminar los gastos. Cuando hicimos la verificación, identificamos que en sus mismos reportes hay unos excedentes, pero ellos nos dicen que son de sus ingresos particulares. Sin embargo, encontramos que algunos sí son dineros del Distrito”.
Frente al anuncio de denuncia en contra del secretario Luis Gonzalo Morales, la subsecretaria señala que no tienen problemas. “Es que esta situación no es producto de un capricho de la Secretaría. Es una exigencia de la Contraloría. No estamos diciendo que la Federación se robó un peso. Tenemos una orden de descifrar y resolver cómo ha sido el manejo de los recursos públicos”.
“La discusión se resume en que nosotros decimos que tienen una deuda con la Secretaría, que ellos no aceptan. Sé que el Tribunal pidió una revisión de la Contraloría, que debe ser esta semana. El Tribunal debe entender que tenemos obligación de responderle al ente de control. De corazón, no queremos perjudicarlos. El secretario nos ha dicho que debemos tener la voluntad de llegar a un acuerdo, para no llevar esto a otro nivel”.
La polémica se desata justo cuando el Tribunal, además, está pidiendo una adición presupuestal, argumentando que los recursos girados este año son insuficientes, debido a que la cantidad de expedientes nuevos. Esta semana continuarán las reuniones en las que el Tribunal y la Secretaría de Salud seguirán buscando salidas para ponerle fin a esta situación.
Por Redacción Bogotá
