Choque político por urbanizar Campo Verde

Lo que debería ser un debate técnico sobre el riesgo de construir a orillas del río Bogotá, se ha convertido en la reactivación de la batalla entre el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el exalcalde Gustavo Petro (ambos con aspiraciones presidenciales). La lucha ahora se libra alrededor del proyecto de vivienda Campo Verde, en Bosa. Al final, las beneficiadas son dos constructoras socias de una empresa que financió la campaña del alcalde Enrique Peñalosa.

El proyecto, que contempla la construcción de 6.200 viviendas para los más pobres, se levantará en un terreno que el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo (Idiger) consideró hasta el año pasado zona de alto riesgo de inundación. Con el cambio de alcalde, y luego de las obras de adecuación hidráulica que hizo en el río la CAR, ese concepto cambió. El Idiger, con nuevo jefe, dice que ese riesgo ya no existe.

Desde que Peñalosa, junto con el vicepresidente y la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, anunció la reactivación del proyecto, las críticas no han parado, sobre todo de exfuncionarios de la administración Petro. El primero fue el exdirector del Idiger Javier Pava, quien asegura que el riesgo de inundación persiste. Luego fue Petro, que a través de un video cuestionó a Peñalosa y a Vargas Lleras por llevar a una zona de riesgo a víctimas de la violencia, y señaló que la decisión del “alcalde de Camacol y de Vargas Lleras” sólo beneficia a los constructores.

Ante los señalamientos, la nación salió a responder. La ministra calificó cualquier crítica al proyecto Campo Verde como un acto de politiquería. “El exalcalde se contradice. En su modificación al POT (que suspendió el Consejo de Estado) declaró la zona como de riesgo medio y hoy siembra pánico diciendo que el terreno es inundable”.

Pero fue más allá. Noguera reveló que el exmandatario vendió la participación del Distrito en el proyecto por $27.410 millones a las constructoras Bolívar y Marval, y acordó que el suelo tenía condiciones desarrollables. La ministra aclaró que el Minvivienda no elige proyectos que incumplan las evaluaciones técnicas, y Campo Verde no es la excepción. “Confiamos en la intervención que hizo la CAR sobre el río Bogotá, con la ampliación de cauce y la elevación de jarillones. Las obras cubren el área de influencia de Campo Verde y las familias pueden estar tranquilas”.

Vale recordar que las constructoras Marval y Bolívar, que le compraron la participación en Campo Verde al Distrito y hoy se ven beneficiadas con la decisión de destrabar el proyecto, son socias de la empresa Dónde Adquirir Vivienda, que financió con $200 millones la campaña de Peñalosa.

Ante el pronunciamiento de la ministra, Javier Pava, exdirector del Idiger, recordó que, si bien en el suspendido POT de Petro se declaró la zona como de riesgo medio, se trataba de un plano a gran escala. Agregó que a Noguera le faltó decir que existe un plano de detalle en un concepto de 2013, en el que se identifica la zona en riesgo de inundación.

Insiste en que, aunque las obras de la CAR mitigan el desbordamiento del río, ese no es el único riesgo. Están el drenaje de El Tintal, el canal Cundinamarca, el río Tunjuelo y la evacuación de aguas de la estación Gilbraltar. “Todo eso lo evaluamos en el concepto que declaró la zona de alto riesgo. Incluso, las inundaciones de 2011 no fueron por desbordamiento, sino por el colapso de los drenajes de la ciudad, que afectaron el canal Cundinamarca. Nada de eso está resuelto”.

Sobre la venta de la participación del Distrito, Pava explicó que, luego de que el Tribunal de Cundinamarca prohibió obras en esa zona, los constructores se interesaron en comprarle al Distrito. “La administración no iba a ir en contra de su propio concepto ni el de la ley. Fue cuando los constructores ofrecieron comprar. Es claro que lo hacen porque sólo tenían que esperar el cambio de administración y buscar que el nuevo gobierno les habilitara el suelo, como ya ocurrió”, concluyó.

En medio de la disputa política, que ha opacado la discusión técnica, queda esperar a que el nuevo concepto que minimiza el riesgo en la zona sea acertado, por el bien de los que llegarán a ese sector a cumplir su sueño de tener vivienda.

Lo que debería ser un debate técnico sobre el riesgo de construir a orillas del río Bogotá, se ha convertido en la reactivación de la batalla entre el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el exalcalde Gustavo Petro (ambos con aspiraciones presidenciales). La lucha ahora se libra alrededor del proyecto de vivienda Campo Verde, en Bosa. Al final, las beneficiadas son dos constructoras socias de una empresa que financió la campaña del alcalde Enrique Peñalosa.

El proyecto, que contempla la construcción de 6.200 viviendas para los más pobres, se levantará en un terreno que el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo (Idiger) consideró hasta el año pasado zona de alto riesgo de inundación. Con el cambio de alcalde, y luego de las obras de adecuación hidráulica que hizo en el río la CAR, ese concepto cambió. El Idiger, con nuevo jefe, dice que ese riesgo ya no existe.

Desde que Peñalosa, junto con el vicepresidente y la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, anunció la reactivación del proyecto, las críticas no han parado, sobre todo de exfuncionarios de la administración Petro. El primero fue el exdirector del Idiger Javier Pava, quien asegura que el riesgo de inundación persiste. Luego fue Petro, que a través de un video cuestionó a Peñalosa y a Vargas Lleras por llevar a una zona de riesgo a víctimas de la violencia, y señaló que la decisión del “alcalde de Camacol y de Vargas Lleras” sólo beneficia a los constructores.

Ante los señalamientos, la nación salió a responder. La ministra calificó cualquier crítica al proyecto Campo Verde como un acto de politiquería. “El exalcalde se contradice. En su modificación al POT (que suspendió el Consejo de Estado) declaró la zona como de riesgo medio y hoy siembra pánico diciendo que el terreno es inundable”.

Pero fue más allá. Noguera reveló que el exmandatario vendió la participación del Distrito en el proyecto por $27.410 millones a las constructoras Bolívar y Marval, y acordó que el suelo tenía condiciones desarrollables. La ministra aclaró que el Minvivienda no elige proyectos que incumplan las evaluaciones técnicas, y Campo Verde no es la excepción. “Confiamos en la intervención que hizo la CAR sobre el río Bogotá, con la ampliación de cauce y la elevación de jarillones. Las obras cubren el área de influencia de Campo Verde y las familias pueden estar tranquilas”.

Vale recordar que las constructoras Marval y Bolívar, que le compraron la participación en Campo Verde al Distrito y hoy se ven beneficiadas con la decisión de destrabar el proyecto, son socias de la empresa Dónde Adquirir Vivienda, que financió con $200 millones la campaña de Peñalosa.

Ante el pronunciamiento de la ministra, Javier Pava, exdirector del Idiger, recordó que, si bien en el suspendido POT de Petro se declaró la zona como de riesgo medio, se trataba de un plano a gran escala. Agregó que a Noguera le faltó decir que existe un plano de detalle en un concepto de 2013, en el que se identifica la zona en riesgo de inundación.

Insiste en que, aunque las obras de la CAR mitigan el desbordamiento del río, ese no es el único riesgo. Están el drenaje de El Tintal, el canal Cundinamarca, el río Tunjuelo y la evacuación de aguas de la estación Gilbraltar. “Todo eso lo evaluamos en el concepto que declaró la zona de alto riesgo. Incluso, las inundaciones de 2011 no fueron por desbordamiento, sino por el colapso de los drenajes de la ciudad, que afectaron el canal Cundinamarca. Nada de eso está resuelto”.

Sobre la venta de la participación del Distrito, Pava explicó que, luego de que el Tribunal de Cundinamarca prohibió obras en esa zona, los constructores se interesaron en comprarle al Distrito. “La administración no iba a ir en contra de su propio concepto ni el de la ley. Fue cuando los constructores ofrecieron comprar. Es claro que lo hacen porque sólo tenían que esperar el cambio de administración y buscar que el nuevo gobierno les habilitara el suelo, como ya ocurrió”, concluyó.

En medio de la disputa política, que ha opacado la discusión técnica, queda esperar a que el nuevo concepto que minimiza el riesgo en la zona sea acertado, por el bien de los que llegarán a ese sector a cumplir su sueño de tener vivienda.