Un derrumbe de grandes proporciones encendió las alarmas en Soacha y terminó con la suspensión inmediata de una escombrera que, según las autoridades, operaba con múltiples irregularidades ambientales.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ordenó el cierre del predio Piedra Gorda, ubicado en el barrio Cagua, donde se realizaban actividades de disposición de residuos de construcción y demolición sin cumplir las condiciones técnicas exigidas.
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Un derrumbe que expuso fallas estructurales
Aunque el deslizamiento no dejó personas heridas, sí evidenció problemas graves en la operación del sitio. De acuerdo con el informe técnico, el material dispuesto no permitía una compactación adecuada, lo que comprometía la estabilidad de las terrazas.
Las autoridades encontraron una mezcla desordenada de residuos, incluyendo bloques de concreto, materiales de PVC y escombros sin clasificación, lo que incrementa el riesgo de colapso en este tipo de infraestructuras.
Sin control de aguas y con riesgo ambiental
Uno de los hallazgos más críticos fue la ausencia total de manejo de aguas pluviales. Según la CAR, el predio no contaba con sistemas adecuados para controlar la escorrentía, lo que provocaba que el agua se vertiera hacia terrenos vecinos sin ningún tipo de regulación.
Además, no existían estructuras claras para conducir estas aguas ni procesos de compactación en las terrazas, lo que agravó la inestabilidad del terreno y contribuyó al derrumbe.
Incumplimientos reiterados
El cierre no fue una decisión aislada. Según la CAR, la empresa responsable habría incumplido requerimientos previos de la autoridad ambiental, lo que derivó en la apertura de un proceso sancionatorio.
El informe también señala fallas en la gestión del riesgo, ausencia de planes de emergencia y daños a predios colindantes, lo que refuerza la gravedad del caso.
Impacto más allá del predio
El derrumbe no solo afectó la operación de la escombrera, sino que también generó impactos en el entorno, incluyendo daños a equipos, materiales y áreas cercanas.
Además, se evidenció la falta de procesos de revegetalización y el sepultamiento de árboles, lo que agrava el impacto ambiental del proyecto.
Lo que viene: investigación y posibles sanciones
Tras la medida preventiva, la CAR inició un proceso sancionatorio para determinar las responsabilidades del operador del predio.
Este proceso buscará establecer si hubo omisiones o incumplimientos que derivaron en el derrumbe y definir las sanciones correspondientes, en un caso que pone nuevamente sobre la mesa los riesgos asociados al manejo inadecuado de residuos de construcción.
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Por Redacción Bogotá
