Cifras discordantes

En 2010, 416 muertes registradas como homicidios en Bogotá, por parte de Medicina Legal, no entraron en los cálculos de la Policía Metropolitana. Si estos cadáveres se fueran a alojar en la sala de cine más grande del país, quedarían vacías tan sólo 30 sillas. La brecha es amplia. Es un problema nacional. Y, sólo en Bogotá, ha crecido vertiginosamente en los últimos años.

Aunque la diferencia existe hace años, ha venido en aumento. Sólo entre 2008 y 2009 se incrementó más del doble, pasando de 124 a 322 asesinatos. Además, desde hace cuatro años las tendencias de los informes no avanzan en la misma dirección: mientras las cifras de Medicina Legal suben, las de la Policía decrecen ligeramente.

Los expertos y las entidades implicadas en el registro de las cifras aseguran que no debe esperarse coincidencia total de resultados. Medicina Legal y la Policía tienen propósitos distintos y métodos diferentes: la tarea de la primera es emitir un veredicto forense dirigido a la Fiscalía como material probatorio, mientras que la segunda necesita comprender el comportamiento operativo del crimen.

Pero las dimensiones aceptables de estas divergencias no pueden ser infinitas. Para Jorge A. Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), una diferencia es preocupante cuando alcanza una magnitud igual o superior al 5%. Durante 2010 fue casi del 24% en Bogotá.

Las autoridades ofrecen tres razones para explicar la desigualdad: primera, las dos organizaciones no gozan del mismo alcance en cobertura del territorio. Segunda, cuando alguien es herido y trasladado a un hospital en donde luego muere, la Policía registra una lesión personal, mientras que Medicina Legal suma un homicidio. Finalmente, cuando no es claro si el agresor tuvo la intención de causar la muerte (culpa o dolo), la Policía clasifica el hecho como “muerte por determinar”. Para Medicina Legal es homicidio.

Esto le ha traído críticas a Medicina Legal, pues su clasificación no atiende las situaciones contempladas por el Código Penal. La entidad considera homicidio toda muerte violenta que no sea suicidio ni accidente de tránsito, independientemente de la intención del agresor.

Por otro lado, Luis A. Vélez, investigador de la Red Iberoamericana de Análisis de Datos de la Delincuencia (Riadd), resalta que los policías están inmersos en las situaciones conflictivas y relacionados con las comunidades. Eso les da un amplio conocimiento de los delitos.

Para hacerle frente a esta discordancia, el Distrito, a través del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ceacsc), coteja desde hace dos años, semanalmente, los datos presentados por Medicina Legal y la Policía. Según el Ceacsc, en Bogotá ocurrieron el año pasado 1.726 homicidios, una cifra cercana a la de Medicina Legal y muy distante de las cifras de la Policía . Rubén Darío Ramírez, director del Centro, explica que este ejercicio de conciliación se realiza en el Comité Distrital de Homicidios, liderado por la Secretaría de Gobierno, y en el que participan, entre otras instituciones, Medicina Legal y la Policía.

Si existe esta reunión periódica, ¿por qué las cifras siguen sin coincidir? Frente a la divergencia, la Secretaría de Gobierno toma las estadísticas de Medicina Legal como el dato oficial sobre el cual definir la política pública de seguridad. Ramírez afirma que el diagnóstico más acertado es el que provee Medicina Legal, puesto que la Policía solamente reporta los casos operativos, aquellos en los que intervino directamente.

Jorge Alberto Restrepo, sin embargo, sugiere que estos casos deberían ser publicados como agregados en las cifras de la Policía con el fin de acercar los resultados.

Aun así, no es claro por qué la Alcaldía sostiene que les está dando coherencia a las cifras si, durante las reuniones del Comité, las instituciones no modifican sus datos cuando se ponen sobre la mesa los casos problemáticos. La categoría más relevante en donde se podrían unificar las cifras son los casos en que la Policía deja a la víctima viva en un hospital y después se produce la muerte. De los 416 homicidios que separan los resultados de las entidades en 2010, la Policía reporta que 371 corresponden a este tipo de muertes hospitalarias.

¿Cuáles son las certezas que tiene Bogotá a la hora de preguntar cuánta gente muere asesinada?

En 2010, 416 muertes registradas como homicidios en Bogotá, por parte de Medicina Legal, no entraron en los cálculos de la Policía Metropolitana. Si estos cadáveres se fueran a alojar en la sala de cine más grande del país, quedarían vacías tan sólo 30 sillas. La brecha es amplia. Es un problema nacional. Y, sólo en Bogotá, ha crecido vertiginosamente en los últimos años.

Aunque la diferencia existe hace años, ha venido en aumento. Sólo entre 2008 y 2009 se incrementó más del doble, pasando de 124 a 322 asesinatos. Además, desde hace cuatro años las tendencias de los informes no avanzan en la misma dirección: mientras las cifras de Medicina Legal suben, las de la Policía decrecen ligeramente.

Los expertos y las entidades implicadas en el registro de las cifras aseguran que no debe esperarse coincidencia total de resultados. Medicina Legal y la Policía tienen propósitos distintos y métodos diferentes: la tarea de la primera es emitir un veredicto forense dirigido a la Fiscalía como material probatorio, mientras que la segunda necesita comprender el comportamiento operativo del crimen.

Pero las dimensiones aceptables de estas divergencias no pueden ser infinitas. Para Jorge A. Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), una diferencia es preocupante cuando alcanza una magnitud igual o superior al 5%. Durante 2010 fue casi del 24% en Bogotá.

Las autoridades ofrecen tres razones para explicar la desigualdad: primera, las dos organizaciones no gozan del mismo alcance en cobertura del territorio. Segunda, cuando alguien es herido y trasladado a un hospital en donde luego muere, la Policía registra una lesión personal, mientras que Medicina Legal suma un homicidio. Finalmente, cuando no es claro si el agresor tuvo la intención de causar la muerte (culpa o dolo), la Policía clasifica el hecho como “muerte por determinar”. Para Medicina Legal es homicidio.

Esto le ha traído críticas a Medicina Legal, pues su clasificación no atiende las situaciones contempladas por el Código Penal. La entidad considera homicidio toda muerte violenta que no sea suicidio ni accidente de tránsito, independientemente de la intención del agresor.

Por otro lado, Luis A. Vélez, investigador de la Red Iberoamericana de Análisis de Datos de la Delincuencia (Riadd), resalta que los policías están inmersos en las situaciones conflictivas y relacionados con las comunidades. Eso les da un amplio conocimiento de los delitos.

Para hacerle frente a esta discordancia, el Distrito, a través del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ceacsc), coteja desde hace dos años, semanalmente, los datos presentados por Medicina Legal y la Policía. Según el Ceacsc, en Bogotá ocurrieron el año pasado 1.726 homicidios, una cifra cercana a la de Medicina Legal y muy distante de las cifras de la Policía . Rubén Darío Ramírez, director del Centro, explica que este ejercicio de conciliación se realiza en el Comité Distrital de Homicidios, liderado por la Secretaría de Gobierno, y en el que participan, entre otras instituciones, Medicina Legal y la Policía.

Si existe esta reunión periódica, ¿por qué las cifras siguen sin coincidir? Frente a la divergencia, la Secretaría de Gobierno toma las estadísticas de Medicina Legal como el dato oficial sobre el cual definir la política pública de seguridad. Ramírez afirma que el diagnóstico más acertado es el que provee Medicina Legal, puesto que la Policía solamente reporta los casos operativos, aquellos en los que intervino directamente.

Jorge Alberto Restrepo, sin embargo, sugiere que estos casos deberían ser publicados como agregados en las cifras de la Policía con el fin de acercar los resultados.

Aun así, no es claro por qué la Alcaldía sostiene que les está dando coherencia a las cifras si, durante las reuniones del Comité, las instituciones no modifican sus datos cuando se ponen sobre la mesa los casos problemáticos. La categoría más relevante en donde se podrían unificar las cifras son los casos en que la Policía deja a la víctima viva en un hospital y después se produce la muerte. De los 416 homicidios que separan los resultados de las entidades en 2010, la Policía reporta que 371 corresponden a este tipo de muertes hospitalarias.

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