El proceso por el homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del actual director de la Policía Nacional —ocurrido en noviembre de 2024—, dio un inesperado giro esta semana. Tras meses de estancamiento en el juicio contra Andrés Camilo Sotelo, hasta hace poco el único procesado, la Fiscalía sorprendió con una decisión trascendental: vinculó a cuatro nuevos sospechosos. A los implicados se les imputaron los delitos de tortura, uso de menores de edad para la comisión de delitos, ocultamiento de pruebas y soborno.
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La acción generó reacciones inmediatas: mientras el defensor de dos de los nuevos imputados asegura que la Fiscalía exageró, el abogado de las víctimas espera que todos los involucrados sean cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
El movimiento dinamiza una investigación que hasta el pasado jueves 19 de marzo seguía sumergido en especulaciones. En especial, porque, si bien se esperaba, el juicio contra Sotelo, como autor del homicidio, la investigación luce débil. Por un lado, la Fiscalía no tiene certeza sobre qué arma disparó el proyectil que mató a Rincón. por el otro, las pruebas indican que el acusado no accionó equipo de fuego alguno. Ante la incertidumbre, los abogados de la familia de la víctima pidieron investigar otros delitos relacionados con las circunstancias previas que rodearon el asesinato.
Cabe recordar que, el día del crimen, Felipe Rincón se desplazó hasta el barrio Quiroga (localidad de Rafael Uribe Uribe) para dejar a una joven de 16 años con la que había pasado la noche. Allí lo estaban esperando conocidos de la menor, quienes al verlo lo increparon supuestamente por el supuesto acoso a una niña de 12 años a través de redes. Tras amedrentarlo con un arma, lo arrinconaron y lo agredieron. El ataque obligó la escolta de Rincón a intervenir. En medio del disturbio hubo disparos y un proyectil segó la vida del joven. Para el organismo acusador, la fatal escena no fue producto de un reclamo fortuito, sino una emboscada planeada. Bajo esa tesis, vinculó a los nuevos sospechosos. A Camilo Sotelo sumaron a su hermana Katherine Sotelo Torres, de 33 años (madre de la niña de 12 años); Solanyi Trujillo Devia, (21 años), Yeimi Tatiana Vega López (23 años)y Juan Sebastián Ávila Ochoa.
La narrativa de la Fiscalía: el engaño por redes
Para Andrés Fernando Marín, fiscal 48 especializado, acá hubo una estratagema estructurada no solo para hurtarle el celular. Tras una extensa exposición, narró cómo todo se comenzó a fraguar entre el 13 y el 23 de noviembre de 2024, “para engañar a Juan Felipe a través de redes sociales”, dijo. El primer contacto, aseguró, se dio por la red social TikTok durante una transmisión. Luego migró a Instagram, donde, a través de perfiles falsos, “los implicados buscaron ganarse su confianza”. En la supuesta emboscada, el fiscal ubica a Katherine como la principal incitadora. En la diligencia, aprovechó para desmentir las declaraciones de la mujer en entrevista radial, en la que dijo que no “buena para las redes sociales y no sabía que su hija menor tenía una cuenta en Instagram”. El fiscal reveló que la mujer abrió seis perfiles en Facebook y sería quien creó la cuenta @katherin.sotelotorres, a través de la cual se estableció el primer contacto con Felipe. La cuenta, luego, la camuflaron con otro nombre.
Entre las evidencias que resaltó Marín están los testimonios de la hija menor de Katherine y de la menor, de 16 años, que pasó la noche con Felipe. Según la institución, a esta última la habrían instrumentalizado los sospechosos, para que llevara a la víctima hasta el barrio el día de los hechos. Esta “instrumentalización” respalda la imputación de uso de menores en hechos delincuenciales.
Detalles
En su exposición, el fiscal dio otros detalles. Por ejemplo, cómo el 23 de noviembre, a través de la cuenta que creó Katherine Sotelo, se intentó establecer sin éxito un nuevo contacto con la víctima. Ese mismo día, a la par, la joven de 16 años, sí concretó un encuentro con Felipe Rincón, en el centro comercial Titán Plaza, de donde se trasladaron a la residencia de Rincón. La adolescente, en declaración ante los peritos forenses, mencionó la intención de robarle el celular iPhone 15 al joven y de recibir su parte del dinero de la venta. Pidió la mayor porción, por ser la única que podía llevarlo hasta el barrio.
En este punto, el fiscal habló por primera vez del uso de drogas y un supuesto expendio, que operaba en la casa a donde Rincón debía llevar a su nueva amigaS. Ella manifestó haber estado bajo los efectos de estupefacientes al momento de reunirse con él.
“Desde la casa de Alisson (Katherine Sotelo) yo ya venía bajo los efectos de las drogas. Estuve en el cumpleaños de ella y luego se siguió con lo acordado... Alisson tenía trago, marihuana, tusi, bazuco... un montón de droga. El segundo piso se estaba volviendo una nueva olla”, le dijo a los investigadores.
En la madrugada del 24 de noviembre, dice el fiscal, estando en la casa de Rincón, la menor retomó el contacto con los demás implicados y logró convencer al joven de que la llevara al barrio Quiroga “con el pretexto de compartir un desayuno”, señaló el fiscal. Emprendieron el recorrido, pero Felipe hizo un desvío (inesperado para los involucrados) para recoger a su escolta. Pese a ello, los implicados decidieron continuar con lo planeado, pero cambiaron el punto de encuentro a un coliseo del sector.
Al llegar, una de las implicadas comenzó a gritar que Rincón era un violador y el grupo lo empezó a golpear. El escolta del joven intervino, se identificó como Policía y realizó disparos de advertencia, para frenar la agresión, pero los atacantes no se detuvieron. En ese contexto, se produjeron disparos que dejaron heridos a dos de los presentes y causaron la muerte de Rincón.
Finalmente, la Fiscalía expuso que, tras los hechos, los implicados realizaron maniobras para ocultar evidencia. En particular, el celular de la víctima, que ocultaron y trasladaron a otro sector de la ciudad, incluso, envuelto en material para evitar su rastreo. Basado en esta reconstrucción fue que se estructuró su teoría del caso.
“La Fiscalía exagera los delitos”
Desde la defensa, el abogado Saúl León, quien representa a Andrés Camilo Sotelo y a Tatiana Vega, cuestionó la solidez jurídica de las nuevas imputaciones. Aunque reconoció que la Fiscalía está en su derecho de formular cargos, aseguró que, a su juicio, hay un exceso en la calificación de las conductas. “Consideramos que fue una exageración. No todas las conductas se consolidan jurídicamente. Por ejemplo, tipificar esto como tortura resulta excesivo”.
De igual manera, rechazó la imputación por uso de menores, señalando que, según la evidencia, la adolescente habría participado de manera voluntaria y no fue instrumentalizada por los adultos. “El acervo probatorio indica que la joven quiso participar. Nadie la obligó. Tendrá que responder ante el sistema de responsabilidad penal de adolescentes”.
Asimismo, negó la existencia de pruebas sobre otros delitos como el soborno en actuación penal y cuestionó varios elementos del relato de la Fiscalía, como la supuesta existencia de una “olla” de expendio de drogas en el inmueble. “El 95% de lo que ha dicho la Fiscalía son suposiciones. Sí hay elementos claros, como que el joven fue engañado y golpeado, pero lo demás no está probado”.
Frente a la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario, León también la calificó como desproporcionada, argumentando que sus defendidos han comparecido al proceso desde el inicio.
“¿Dónde está la urgencia de enviarlos a la cárcel si los hechos ocurrieron hace más de 15 meses y siempre han atendido los llamados de la justicia?”. Incluso, el abogado planteó que las nuevas imputaciones podrían responder a un intento de reforzar la acusación, tras debilitarse la hipótesis inicial de homicidio. “Primero dijeron que él había disparado. Luego se demostró que no fue así, entonces ahora lo imputan por tortura, uso de menores, ocultamiento”, puntualizó.
Por su parte, Juan Felipe Criollo, abogado de las víctimas, defendió el avance del proceso y aseguró que estas imputaciones responden a una línea investigativa impulsada por su equipo desde inicios de 2025. Explicó que la denuncia se presentó debido a que inicialmente la investigación se centraba únicamente en el homicidio, dejando de lado los hechos previos. “La Fiscalía no estaba investigando cómo llegó Juan Felipe hasta ese lugar. Nosotros advertimos que había circunstancias extrañas y radicamos la denuncia”.
Según Criollo, los avances actuales confirman la existencia de un plan para engañar a la víctima y agredirla, así como la participación coordinada de los implicados. “La Fiscalía ya demostró que había un plan para llevarlo bajo engaños y golpearlo. También que se usaron menores y que todos tenían conocimiento de eso”. Este jueves 26 de marzo comenzó la audiencia de medida de aseguramiento para definir si los cinco imputados siguen el proceso desde una cárcel o en sus domicilios. Mientras se define, se abona el terreno a un nuevo juicio que buscará justicia en un caso rodeado de preguntas, como el rol del escolta, la participación voluntaria de las menores y el posible uso de una tercera arma en la escena.
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Por Juan Camilo Parra
