25 Oct 2019 - 3:00 a. m.

Citan a audiencia para resolver demanda por contrato para renovar semáforos de Bogotá

Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó para el 5 de diciembre la diligencia inicial en el proceso que adelanta, tras la demanda de dos empresas contra el Distrito, por posibles irregularidades en la adjudicación.

Alexánder Marín Correa (jamarin@elespectador.com) / @alexmarin55

 El Tribunal de Cundinamarca resolverá la demanda contra el Distrito, por las posibles fallas en la adjudicación del contrato de semáforos. /El Espectador
El Tribunal de Cundinamarca resolverá la demanda contra el Distrito, por las posibles fallas en la adjudicación del contrato de semáforos. /El Espectador

Mientras la modernización de los semáforos en Bogotá avanza a toda marcha, a pesar de las dudas y señalamientos que rondan al consorcio que ganó el contrato, la justicia (tanto penal como administrativa) va a otro ritmo. Casi año y medio después de que los dos consorcios que perdieron la licitación demandaron al Distrito (pidiendo la nulidad del contrato y una indemnización), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fijó fecha para la audiencia inicial del proceso, la cual será el 5 de diciembre, a las 10:00 a.m.

La notificación, con fecha del 17 de octubre, la firmó Franklin Pérez Camargo, magistrado de la Sección Tercera, quien analizará las demandas de la unión temporal Smart Signal y el Consorcio Kapsch SSI Bogotá, no solo contra la Alcaldía de Bogotá, sino contra el consorcio Movilidad Futura 2050 (conformado por Sutec y Siemens), que fue al que le adjudicaron el multimillonario negocio, a pesar de los reparos durante la licitación y las evidencias de que uno de sus integrantes adulteró documentos para participar en el proceso.

El mismo oficio sirvió para reconocer la personería a los abogados que representarán a cada una de las partes y quienes tendrán que debatir alrededor de las supuestas irregularidades en la licitación, la adjudicación y la firma del contrato. Se trata de Mario Alonso Pérez Torres, quien representará al consorcio cuestionado; Uriel Humberto Guevara Pavón, a la Unión Temporal Smart Signal; Héctor José Vera Mahecha, a Kapsch SSI, y Carlos Eduardo Medellín Becerra, quien defenderá los intereses del Distrito.

Aunque las dos demandas se acumularon en un proceso, por perseguir el mismo propósito, la que presentó el 5 de junio de 2018 la Unión Temporal Smart Signal (integrada por empresas mexicanas y ecuatorianas), muestra la dimensión del reclamo. No solo pidieron anular la adjudicación del contrato (firmada el 27 de diciembre de 2017), sino condenar al Distrito a pagarle las ganancias que pudo haber recibido en caso de haber sido el contratista y, además, “a título de restablecimiento del derecho”, el pago del 10 % del presupuesto oficial de la licitación, es decir, $21.500 millones. De ganar, el ahorro que obtuvo la Alcaldía al elegir la propuesta más económica, será para indemnizaciones.

Lo particular de esta unión temporal es que casi hasta el último momento fue la virtual ganadora del contrato. En la evaluación final, publicada en el portal de contratación estatal el 15 de diciembre de 2017, de seis oferentes que se presentaron, fue la única que cumplió todos los requisitos habilitantes (jurídicos, técnicos y financieros) y la verificación de la oferta económica. Sin embargo, luego del plazo que por ley se les debe dar a los proponentes para hacer objeciones, brindar explicaciones y subsanar errores, todo cambió: quedaron en carrera tres empresas (las dos demandantes) y Movilidad Futura 2050, que ganó el contrato.

Los argumentos

Sin mencionar el escándalo en el que se vio involucrado SUTEC S.A. (socia mayoritaria del consorcio Movilidad Futura 2050), tras descubrir que presentó estados financieros falsos para ganarse el contrato, la Unión Temporal que presentó la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se concentró en resaltar tres presuntas violaciones a las normas de contratación durante la licitación.

Para comenzar, señaló que la Secretaría de Movilidad habilitó al consorcio ganador contra derecho, a pesar de no cumplir la capacidad técnica. Según el documento, una exigencia era haber instalado y operado al menos 1.000 semáforos en los últimos 10 años y en el caso de Movilidad Futura 2050 ésta presentó solo tres contratos que, fuera de ser solo para mantenimiento, no sumaban más de 650 dispositivos. A pesar de esto, el Distrito lo avaló.

También expuso los cuestionamientos alrededor de la oferta que presentó el consorcio ganador para ejecutar el contrato. Si bien, los estudios de mercado hechos por el propio Distrito determinaron que la obra costaba alrededor de $215.000, Movilidad Futura se ofreció a hacerlas en $173.000 millones, es decir casi $42.000 millones por debajo del presupuesto oficial.

En las normas de contratación existe una clasificación denominada precios artificialmente bajos, que corresponden a las ofertas que sospechosamente se alejan del presupuesto oficial. Para identificarlas, se aplican fórmulas en las que comparan las ofertas de todos los proponentes y el presupuesto oficial, para fijar un rango de precios con un mínimo aceptable. La que esté por fuera, debe ser rechazada. Sin embargo, esto no ocurrió y el Distrito, en vez de aplicar la norma, le pidió al consorcio Movilidad Futura que explicara su oferta económica y la avaló, pero no las hizo públicas, argumentando que estaban protegidas por el secreto empresarial.

Finalmente, la Unión Temporal demandante mencionó que el Distrito en el proceso violó el derecho a la libre competencia, al permitir prácticas restrictivas, por la posición dominante de Siemens, miembro del consorcio Movilidad Futura 2050. Según el documento, esto no solo se evidencia en la oferta económica que presentó el ganador de la licitación (con la que desestimula la norma de nuevos competidores en el mercado), sino al saber que, en el caso de Bogotá, este mercado ha dependido exclusivamente de esta empresa, que desde 1984 ha sido el contratista de la ciudad para la red semafórica.

Actualmente 1.123 semáforos de la ciudad, las centrales y los marcos de comunicación son marca Siemens. Esta situación ha obligado por más de tres décadas a la ciudad a contratar de manera directa con esta empresa, debido a que los protocolos de sus equipos son cerrados y exclusivos. Esto le ha permitido fijar condiciones en el mercado frente a precios y productos, obteniendo la posibilidad de excluir a los competidores.

Teniendo en cuenta las posibles fallas en la habilitación del consorcio ganador, el pasar por alto los precios artificialmente bajos y la posición dominante de Siemens es que el demandante concluye que “la resolución de adjudicación de la licitación está viciada por la violación a las normas sobre competencia y corresponde al juez declarar su nulidad”.

¿Y los otros procesos?

A pesar de que los reparos a la licitación y al contrato para renovar la red de semáforos de Bogotá se vienen escuchando incluso desde junio de 2017, cuando se dieron a conocer los prepliegos del proceso, la reciente citación a audiencia que hizo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es apenas una de las pocas decisiones que se han tomado alrededor de este contrato. Previamente, la Procuraduría había destituido en primera instancia al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y a tres de sus subalternos, al encontrar faltas disciplinarias por irregularidades y falta de planeación en la licitación. Por ahora, este fallo se encuentra en revisión de segunda instancia.

Sin embargo, la que ha brillado por su ausencia ha sido la Fiscalía, que es la encargada de investigar la posible falsedad de documentos en la que incurrió la firma Sutec, la cual entregó documentos con cifras y firmas adulteradas, para poder participar en la licitación para la renovación de la red de semáforos en Bogotá. Si bien están las evidencias documentales e, incluso, el testimonio del expresidente de la misma compañía que reconoció que la firma que reposa en los documentos que presentaron en la licitación no es la suya, el proceso cumple 19 meses en indagación preliminar.

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