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Aunque ofrecen unos deliciosos perros calientes y hamburguesas entre $5.000 y $6.000, reconocidos por cientos de ciudadanos que los buscan en varias esquinas de la ciudad, los Cocheros son también uno de los principales dolores de cabeza del Distrito por invadir las calles con comercio informal. Se trata de una empresa que vende franquicias hasta por $19 millones para operar un negocio en el espacio público. Es decir, el espacio de todos los ciudadanos está siendo vendido por particulares.
Si usted preguntara cómo se puede trabajar con un carrito de estos, le responderían que hay dos modalidades. Una es trabajar directamente con la empresa Cocheros, que paga una comisión dependiendo de las ventas y le pone su carrito Cochero en una zona donde no haya otro. La otra posibilidad, como explicó una fuente cuya identidad reservamos, es comprar la franquicia del coche por unos $19 millones y lo ubica —igual que en el anterior caso— en un sector donde no haya uno igual.
Según dijo la fuente, a quienes trabajan por comisión no se les paga la seguridad social. Se estima que hay unos 200 puestos en la ciudad y cerca de 500 en todo el país, los cuales operan desde hace tres años. Además, la misma compañía es la proveedora de los productos para preparar los perros y las hamburguesas.
El Espectador revisó los registros mercantiles de la empresa Cocheros y encontró que fue creada en noviembre de 2011 y su representante legal es Luis Guillermo Hurtado Valenzuela. Las actividades económicas que aparecen en el documento son el comercio al por mayor de productos alimenticios y el expendio por autoservicio de comidas preparadas.
Cocheros comenzó en 2011 los trámites para patentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio su idea de un coche del Lejano Oeste en el que se venden comidas rápidas. La entidad le concedió el registro del diseño en agosto del año pasado.
El señor Hurtado también es el representante legal de la firma PCC Comercializadora EU, creada en 2009 para el “comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados”. La empresa más antigua de esta cadena de negocios es PCC Procesadora Colombiana de Carnes, que fue creada en 2009 y cuyas representantes hacen parte de la misma familia: Myriam y Esperanza Hurtado Valenzuela.
El problema con el negocio de los Cocheros en las calles de Bogotá es que, según explicó a este diario Blanca Durán, directora de la Defensoría del Espacio Público, la invasión de la calle por las ventas y el comercio informal es uno de los temas que más quejas de los ciudadanos generan. Además, en este caso concreto no se trata de vendedores ambulantes que no han encontrado una opción diferente para subsistir, sino de una firma que está vendiendo un bien público: el espacio de todos los ciudadanos. Según Durán, luego de las denuncias que ha recibido, está haciendo el seguimiento a la empresa y habrá una sanción.
La otra ilegalidad que podría estar cometiendo esta firma es que no le paga seguridad social al personal que trabaja con su marca. Este diario contactó al señor Hurtado, pero dijo que prefería contestar por correo electrónico. En un mensaje contestó: “trabajamos mediante el sistema de agenciados, es decir, otorgando la franquicia, como lo hacen muchas compañías en Colombia, a los que los que les vendemos las materias primas utilizadas en la preparación de los productos y les entregamos los coches en calidad de comodato”. Sin embargo, Hurtado no respondió los cuestionamientos por uso de espacio público y no pago de seguridad social a los trabajadores y al cierre de esta edición no se había pronunciado al respecto.
Se sabe que la Defensoría del Espacio Público busca reglamentar la venta de alimentos en las calles, pero de acuerdo con criterios del Distrito que incluirán parámetros de entidades como la Secretaría de Salud, por el tema de salubridad, y definirá los cobros que pagarán las empresas que hoy se dedican a esta actividad sin ninguna norma. De hecho, la administración distrital ya ha tenido acercamientos con asociaciones como Food Trucks, quienes están dispuestos a pagar por el uso del espacio público, según dijo una fuente del proceso.