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En las calles de la ciudad es usual ver pegados en los postes letreros en los que se ofrecen codeudores para contratos, préstamos bancarios, arrendamientos o Icetex por sólo $100.000. Por eso, si usted tiene una propiedad y quiere arrendarla, verifique primero a quién le entregará su inmueble y especialmente a sus codeudores, para que no resulten ser de papel. Muchas de las empresas que ofrecen el servicio de codeudores para contratos lo hacen entregando certificados falsos.
Así le ocurrió a Liliana Chery, una profesora de 47 años que en 2011 arrendó el apartamento de su familia, ubicado en la localidad de Teusaquillo. Ella recibió la solicitud de arrendamiento y lo primero que hizo fue llamar a la compañía que emitió el certificado laboral del codeudor Fabián Alberto Lizcano. Le contestaron de la empresa Telepronter Comunicaciones y supuestamente le pasaron al director de recursos humanos, quien le aseguró que el sujeto trabajaba en ese lugar.
Chery confió y arrendó el apartamento. “Todo iba muy bien hasta el tercer mes, que fue cuando se hicieron los locos y dejaron de pagarme. Empecé una lucha para que me pagaran y logré que embargaran la cuenta y la propiedad de ese señor Lizcano, que figuraba como codeudor. Sin embargo, me llevé tremenda sorpresa cuando descubrieron que el certificado laboral y el de tradición de su supuesta propiedad eran falsos”, relata la profesora.
A pesar de esto, la mujer no se quedó quieta y siguió buscando a quién cobrarle la deuda. Pidió un recibo a la Empresa de Teléfonos de Bogotá para verificar a nombre de quién estaba la línea telefónica que aparecía en el certificado. Fue así como supo que estaba a nombre de Miguel Arturo Vargas Rubiano, representante legal de una empresa llamada Maver Bienes Raíces. Sin embargo, este nombre no decía nada.
Fue sólo hasta que las autoridades capturaron al codeudor Fabián Alberto Lizcano cuando todo tuvo sentido. Ante la Fiscalía, el sujeto reconoció que trabajó para Maver Bienes Raíces como fiador con finca raíz para respaldar contratos de arrendamiento, con un pago de un salario mínimo por esta actividad. Su declaración fue clave para poner al descubierto una empresa dedicada a emitir certificados falsos de codeudores. Actualmente, contra esta empresa existen 80 denuncias.
La relación contractual de Lizcano y Maver Bienes Raíces fue confirmada por el propio Miguel Arturo Vargas Rubiano en carta dirigida a la Fiscalía, en la que se decía que el falso codeudor trabajó en su empresa desde el 2 de noviembre de 2010 hasta julio de 2011. Lo curioso es que en ese lapso, según el certificado laboral que Lizcano le entregó a la profesora Chery para acreditar su calidad de codeudor, él trabajaba para la empresa Telepronter Comunicaciones.
Cuando quedaron en evidencia los nexos entre la empresa Maver Bienes Raíces y Lizcano, la profesora estafada llamó a Vargas Rubiano, el gerente de la firma, para que le diera una explicación. “Sólo me respondió: ‘muérase, manteca’ y me dijo que nadie iba a responder por nada”, recuerda Chery. En 2012 intentó comunicarse con la empresa de bienes raíces, pero le contestaron de una nueva compañía: Biometrix Ltda.
El Espectador intentó localizar a Vargas Rubiano, el representante de Maver Bienes Raíces, para confrontar su versión con la de Liliana Chery, pero al llamar al teléfono que aparecía a su nombre, respondieron de otra empresa: Duralf Comunicaciones. Allí afirmaron que no lo conocían.
Hace dos años, en una audiencia pública del caso de Fabián Alberto Lizcano, la jueza 26 penal de conocimiento afirmó: “Al parecer se trata de toda una estructura encaminada a la defraudación del patrimonio y que era función de la Fiscalía adelantar una investigación al respecto”. A pesar de esto, el ente acusador archivó la investigación.
Según Clemencia Parra, presidenta de una firma inmobiliaria, este problema de los falsos codeudores se ha incrementado. En el último año la compañía para la que trabaja rechazó 100 solicitudes de arrendamiento, por estar respaldadas con falsos codeudores o arrendatarios solidarios. “Es un problema que existe en el mercado y las autoridades deben controlarla. Hasta en los periódicos hay avisos que dicen ‘se prestan fiadores’, donde se hace todo tipo de papeles y certificados, incluso cédulas. Hay que ser cuidadosos, tratar de tener hasta las huellas dactilares y verificar”, asevera Parra.
Por ahora, junto a la denuncia de la profesora Chery, hay otras 79 supuestas víctimas de Lizcano y Maver. El falso codeudor sigue en proceso de judicialización, pero al representante legal de Maver ni siquiera lo han llevado a declarar. Han pasado tres años desde que comenzó la amarga historia de esta profesora y los inquilinos que arrendaron su apartamento con engaños siguen viviendo allí sin pagar un solo peso. Lo peor es que no ha logrado que le devuelvan el inmueble y la deuda ya alcanza los $30 millones, la cual, según esta mujer, jamás será saldada. Su prioridad es recuperar su inmueble y espera que las autoridades tomen cartas sobre este asunto.
lauradulce2@hotmail.com
@lauradulcero