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La Policía Nacional, junto con el IVC (Inspección, Vigilancia y Control) de la Alcaldía, realizó la semana pasada cerca de 176 suspensiones de establecimientos de comercio por no cumplir con la normativa vigente, según la doctora Mary Blanco, directora del IVC.
“El 99 % de los comerciantes no cumplen con casi ningún documento. La gran mayoría fácilmente no tiene la Cámara de Comercio, fácilmente dicen no tener los derechos de autor, entre otros documentos”, señaló Blanco.
Se le preguntó a la Alcaldía si los comerciantes reciben algún tipo de pedagogía sobre los documentos exigidos por la ley. La directora manifestó: “La comunidad, a pesar de la pedagogía, de las sensibilizaciones y de todo lo que se hace de primera mano, ignora las recomendaciones y no toma en serio la pedagogía que se les hace”. Así es como se han producido más de 176 sanciones a distintos establecimientos.
Las declaraciones de la comunidad frente a estas acusaciones por parte de la Alcaldía son variadas. Por ejemplo, Lady Suárez, emprendedora de un local de telefonía móvil, argumenta que la mayoría de estos controles dificultan el comercio en la zona y ejercen presión sobre los establecimientos. “Sí, genera más presión porque la ayuda no existe. Es más gasto económico; quieren, por medio de impuestos y requisitos como los de bomberos, hacernos cargo de esas cosas, pero no hay un control de seguridad para nosotros ni nos ayudan con algún aporte económico”, dice.
Jaime Sánchez, comerciante de relojes de la zona, también ha sentido la vigilancia en el sector, pero, a diferencia de Lady, considera que estas jornadas han hecho más seguro el comercio, pues la Policía realiza aproximadamente cada dos horas un acompañamiento en la zona.
Sin embargo, al preguntarle sobre la gestión del IVC, también manifestó su molestia, pues algunos requerimientos, como el certificado de suelos y el de Bomberos, le parecen documentos difíciles de obtener debido a los trámites administrativos necesarios para conseguirlos.
Por su parte, la Alcaldía de Antonio Nariño, en su declaración oficial, manifiesta que la mayoría de los locales están fallando en los requerimientos más básicos para tener un establecimiento de comercio. Sin embargo, según los comerciantes, los requisitos más complejos de adquirir son precisamente los que requieren mayor apoyo de la Secretaría de Planeación Urbana o de la propia Alcaldía.
Aunque los comerciantes sí reconocen que existe un acompañamiento más permanente por parte de la Alcaldía local y de entes de control como la Policía Nacional, tanto comerciantes como la Alcaldía manifiestan que el impacto de estas jornadas ha sido reducido, porque los comerciantes no cumplen con la normatividad vigente. Pero la Alcaldía tampoco ha ofrecido algún tipo de apoyo a los locales pequeños o medianos para agilizar estos trámites o reducir los elevados costos que implican.
De acuerdo con los balances institucionales de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para la localidad de Antonio Nariño, las intervenciones interinstitucionales responden a un plan integral para devolver el orden al espacio público y garantizar que la actividad comercial no vulnere los derechos de los habitantes.
Pero para el gremio de comerciantes del Restrepo, estos 350 operativos solo continuarán acumulando una gran cantidad de sanciones y cierres de negocios, sin lograr una verdadera mejora para el comercio o para los consumidores.
Otro aspecto importante es que las sesiones de acompañamiento y pedagogía por parte de la Alcaldía hacia la comunidad necesitan otro enfoque. Los comerciantes del sector indican que la razón del incumplimiento no se debe al desconocimiento de la norma, sino al alto costo de mantener los trámites al día.
Esta posición concuerda parcialmente con la versión entregada por la Alcaldía, pero los comerciantes aseguran que el incumplimiento no responde a una voluntad de ignorar la norma, sino a los costos que puede conllevar su cumplimiento.
Según la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), no se contemplan distinciones entre grandes establecimientos y pequeños emprendedores, pues se exigen los mismos estándares de seguridad para comerciantes y consumidores. Asimismo, la norma faculta a las autoridades para solicitar requisitos adicionales según el tipo de negocio.
¿Es esta exigencia equitativa para todos los comercios, considerando que el Restrepo alberga un amplio sector informal que ocupa el espacio público sin requerimientos como la Cámara de Comercio? Esta es la interrogante que hoy se hacen decenas de propietarios formales en el corazón comercial de Antonio Nariño.
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Por Ángel Nicolás Espinosa - CrossmediaLab de la Utadeo.
