Las 10 toneladas de piedras con las que fue cubierta la fosa donde fueron hallados los cuerpos de los tres integrantes de la familia Laverde, asesinados en agosto de 2008 en el municipio de El Rosal, Cundinamarca, se convirtió en la clave que permitió la captura de los presuntos responsables del crimen.
El motivo: en una inspección anterior al hallazgo de los cadáveres no se halló tal cantidad de piedras. Por eso, el ente acusador encaminó la investigación contra el mayordomo Jhon Marín González, quien habría facilitado el ingreso y traslado del material rocoso.
Además, luego de la desaparición de las tres personas se presumía que se trataba de un secuestro extorsivo y no de un crimen colectivo. El propio mayordomo había dado pie para reforzar esa hipótesis manifestando que Javier Alonso Laverde, de 57 años; su compañera sentimental Angélica Gómez Garzón, de 34, y la señora Virginia Ofelia Lora de Laverde, de 73 (madre de Javier), habían salido a una cita de negocios el 24 de agosto de 2008, a bordo de su camioneta, de placas CJI 807, con grado 2 de blindaje, rumbo a Bogotá.
Las pesquisas del CTI de la Fiscalía y del Gaula Cundinamarca llevaron a que a través de interceptaciones telefónicas y la realización de entrevistas se lograra establecer quién era la persona que estaba haciendo las llamadas extorsivas para entregar información sobre el paradero de los secuestrados. Esa persona se encuentra hoy fuera del país y su nombre se mantiene en reserva mientras avanza la investigación. Lo cierto es que tras el pago de $80’000.000 se obtuvo la información del paradero de los cuerpos de las víctimas, que fueron exhumadas el pasado 6 de enero, en el aljibe de la finca Chapas, de propiedad de Javier Alonso Laverde.
La investigación condujo a la captura de José Benedicto Guevara Rodríguez, el 11 de febrero en su vivienda del barrio Popular de Granada, Meta. Dos días después cayó en poder de las autoridades John Marín González, mayordomo de la finca Chapas, en el parque principal del municipio de Granada. Finalmente, el 17 de febrero pasado se presentó en las instalaciones del Gaula Cundinamarca, en Bogotá, Ramón Elías Moreno Quintero, contra quien pesaba orden de captura en relación con los homicidios. Aunque en las audiencias de imputación de cargos contra los capturados ninguno aceptó su responsabilidad en los hechos, tanto Guevara Rodríguez como Moreno Quintero dieron luces a la Fiscalía que llevaron a la detención del administrador, Marín González. En el caso de Guevara, la Fiscalía lo acusó como presunto responsable del delito de secuestro extorsivo, mientras Marín y Moreno fueron señalados como supuestos autores de ese delito en concurso con homicidio agravado.
Aunque son varias las hipótesis que se barajan sobre los móviles que condujeron a los asesinatos, no se descarta que se haya tratado de un hurto en contra de Javier Alonso Laverde quien, según su familia, se dedicaba a la compra y venta de fincas. Sin embargo, podría haber sorpresas y se indaga si había otro tipo de actividades que realizaran las víctimas y que pudieran haber conducido a que fueran asesinadas.
Por Pablo César Guevara G.
