7 Nov 2019 - 2:00 a. m.

Comisión Interamericana pide a Colombia responder demanda por caso de Diego Felipe Becerra

La secretaria ejecutiva indicó al Gobierno que tiene tres meses para analizar el documento y emitir un pronunciamiento.

Alexánder Marín Correa (jamarin@elespectador.com) / @alexmarin55

Diego Felipe Becerra fue asesinado el 19 de agosto de 2011. / Cristian Garavito
Diego Felipe Becerra fue asesinado el 19 de agosto de 2011. / Cristian Garavito

Ocho años después del asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra y cinco desde que su familia demandara al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), parece que al fin el caso se empieza a mover: el organismo internacional adelanta acciones para decidir si admite o no formalmente el caso para llevarlo ante la Corte Interamericana.

Becerra, quien tenía apenas 16 años, fue asesinado a quemarropa el 19 de agosto de 2011 por el patrullero de la Policía Wílmer Alarcón, cerca del puente de la calle 116 con avenida Boyacá, en el norte de Bogotá. Para ocultar las circunstancias del crimen, un grupo de uniformados (entre ellos oficiales) y varios civiles se prestaron para orquestar un montaje con el que pretendían desviar la investigación.

Los involucrados consiguieron un arma ilegal, se la plantaron al joven, modificaron la escena del delito y luego dijeron que su muerte se había dado en medio de una persecución y un tiroteo, que se había suscitado tras el asalto a un vehículo de transporte público. Para ello, fuera del arma, consiguieron a un conductor de buseta que corroborara la versión.

Del montaje, dice la investigación, estuvieron al tanto el director de la Policía y varios de sus subalternos (ver recuadro). La mentira quedó al descubierto cuando Medicina Legal informó que Becerra no había manipulado armas y que el vehículo donde ocurrió el supuesto robo no estaba prestando servicio ese día. El caso fue considerado un “falso positivo urbano” por la propia Corte Constitucional.

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A pesar de las evidencias, las dilaciones han sido constantes en el proceso, a tal punto que el patrullero, autor material del crimen, fue dejado en libertad por vencimiento de términos y hoy está prófugo. Esto sin contar los escasos avances en los procesos contra varios oficiales de la Policía, que han llevado a que muchos de los posibles involucrados sigan sin sanción.

Son justamente la lentitud de la justicia y el que los hubieran excluido de los procesos como víctimas, las principales razones que llevaron a los padres de Becerra a presentar en 2014 la demanda ante la CIDH. Desde entonces, su caso estuvo quieto hasta el pasado 25 de septiembre, fecha en la que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana envió al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, un oficio bajo la referencia “Diego Felipe Becerra Lizarazo P-450-14”.

En el documento, firmado por Marisol Blanchard, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, y remitido a través de la Misión Permanente de la República de Colombia ante la OEA, se le pide al Gobierno colombiano que emita en menos de tres meses una respuesta a las pretensiones de los Becerra, plazo que vence el 25 de diciembre.

“Tengo el honor de dirigirme en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de transmitir copias de las partes pertinentes de una petición, la cual fue recibida el 26 de marzo de 2014. Solicito respetuosamente al Gobierno colombiano tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, en conformidad con el reglamento de la CIDH. Este plazo se cuenta a partir de la fecha de la recepción de la Misión ante OEA del DVD que contiene los anexos de la petición”.

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Y aclara: “La presente no constituye un prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH pueda adoptar sobre la admisibilidad de la petición. Asimismo, se informa que, con base en lo previsto en el reglamento de la Comisión, en cualquier etapa del examen de una petición, por iniciativa propia o por solicitud de las partes, la CIDH se pondrá a disposición de los peticionarios y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana, la Declaración Americana”.

Mientras la familia de Diego Felipe Becerra se ilusiona con la idea de que al fin una autoridad ordene celeridad en el proceso y espera que el caso en la CIDH definitivamente empiece a escalar hasta llegar a la Corte Interamericana, el caso sigue estancado en la justicia colombiana.


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