¿Cómo combatir un monstruo como la corrupción?

Hoy es el día internacional contra la corrupción.

Locura es esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Esta frase que se atribuye a Albert Einstein es un referente para pensar en porqué la corrupción sigue ganándonos. ¿Las acciones que hemos tomado para combatir la corrupción realmente nos han servido? O más bien ¿debemos explorar otros caminos para erradicarla?

En el país se han endurecido las reglas de contratación, hay leyes de transparencia, estatuto anticorrupción y código único disciplinario. Incluso hay acciones proactivas como publicar las hojas de vida de los candidatos a cargos de gerencia pública y todas las entidades hacen rendición de cuentas. Pero pareciera que aún con estos esfuerzos la corrupción no cede y sigue ganando espacio. Una corrupción que se ha convertido en uno de los mayores problemas de la gerencia pública y de la legitimidad de los Gobiernos dado su impacto negativo en el desarrollo y la calidad de vida de los ciudadanos.

En un soborno, por ejemplo, se asumen transacciones de una intermediación que no solo incrementa el costo de los bienes, sino que desvía hacia intereses particulares lo que es una destinación hacia el bien público. Un hecho de corrupción incentiva un círculo de ineficiencia donde la oferta de bienes y servicios se ve limitada a una pugna en donde la influencia y el tráfico de intereses prima sobre la calidad, la experticia y el mérito. Por tanto, es imperativo que pensemos estrategias que realmente hagan frente a la corrupción, que puedan combatirla y prevenir su ocurrencia en todos los niveles.

Pero el camino no es la letra muerta de algunas leyes que no se cumplen o se cumplen parcialmente. En nuestro país la normatividad por sí misma no es suficiente para cambiar el comportamiento humano de quienes de manera consciente le juegan a la corrupción; de esos que actúan en forma egoísta y pensando solo en su beneficio personal sin tener en cuenta que la corrupción se devuelve y le pega como un boomerang al mismo corrupto cuando no puede acceder a bienes o servicios.

Si las normas no son suficientes, debemos acudir a otras estrategias, como al fortalecimiento de la ética de lo público y promover un servicio público que lleve en su ADN un sentido de integridad consciente de que las instituciones públicas están al servicio de los ciudadanos. Debemos promover una gerencia pública transparente, integra y en pie de lucha contra la corrupción, una triada nada fácil de lograr.

Por ejemplo, asociamos la transparencia a urnas de cristal, pero estas son frágiles y fácilmente rompibles, y esto es porque la transparencia pone a disposición de los ciudadanos la información. Pero, ¿es suficiente? No, la transparencia debe venir acompañada de la integridad, entendida esta como la capacidad que debemos tener quienes trabajamos con los gobiernos, de hacer lo que los ciudadanos esperan que hagamos: entregar bienes y servicios de calidad de manera oportuna, a buen costo y sin apropiarnos de algo que no es nuestro, en otras palabras, que tengamos ética de lo público.

Y finalmente, aunque muchos pongan a disposición la información y actúen de manera íntegra, siempre existirá la probabilidad de que algunos no actúen bajo estos principios, razón por la cual debemos estar en pie de lucha para ofrecer las sanciones institucionales y legales a aquellos que persisten en beneficiarse con lo que es de todos.

Esta triada requiere un corazón de diamante, transparente, fuerte y brillante. Transparente para compartir de manera genuina la verdad, fuerte para afrontar la tentación de hacer lo que no es correcto y brillante para iluminar la calidad de vida de los ciudadanos.

En definitiva el corazón de diamante de la gerencia pública debería basarse, no solo en entregar información de manera oportuna, clara, accesible y centrada en lo que le interesa saber el ciudadano en un lenguaje sencillo, si no también en la promoción de la integridad y la ética pública, esa que hace un llamado de acción colectiva a las administraciones para fortalecer la integridad en los comportamientos de los servidores públicos como agentes activos de la institucionalidad, al tiempo que se trabaja en una lucha contra la corrupción que parta desde los mismos servidores públicos hasta los ciudadanos para generar una sanción social colectiva de rechazo directo a la corrupción.