¿Cómo quedó el presupuesto de Bogotá para 2022?

El proyecto de ley, bajo la mirada de analistas y legisladores, tiene vacíos en temas como desfinanciación de sectores claves, transparencia en sus datos y ambición para hacerles frente a los retos en la recuperación económica.

Foto: El Espectador

La alcaldesa de Bogotá tendrá que aprobar el presupuesto de 2022 por decreto, pues al igual que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), las recusaciones e impedimentos no dieron cabida para que lograra discutirse en el tiempo establecido. Serán $28,5 billones que se priorizarán en continuar la reactivación de la ciudad, especialmente en movilidad, educación y temas sociales.

El hecho de que no se haya aprobado por acuerdo de ciudad demuestra la necesidad de reformas estructurales al reglamento en el Concejo, para impedir que recursos como las recusaciones los terminen usando como estrategia política para eludir las discusiones. En esta oportunidad, la maniobra no solo impidió el debate, sino que generó que por tercera vez en 20 años se terminara aprobando el presupuesto por decreto, algo que solo había ocurrido en la administración de Antanas Mockus y recientemente en el último año de gobierno de Enrique Peñalosa, cuando el cabildo le negó el proyecto.

Ante las condiciones, el camino que tiene la alcaldesa es decretar el proyecto como lo radicó ante el Concejo, tal y como lo establece el estatuto orgánico del presupuesto de la ciudad, por lo que no habría modificaciones, pese a que Óscar Ramírez (Centro Democrático) y Andrés Onzaga (Alianza Verde) presentaron ponencias positivas con modificaciones, y Carlos Carrillo (Polo) la radicó negativa.

La propuesta

El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, radicó en el Concejo un presupuesto por $28,5 billones, es decir, 19 % más de los que se aprobó para 2021. En el documento aumentó el porcentaje en inversión y se redujo en funcionamiento, ya que este presupuesto incluye $1,76 billones para cofinanciar el metro y $3,1 que se destinarán en el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) de Transmilenio, el diferencial tarifario, subsidios a los pasajes e infraestructura para el SITP, entre otras cosas del sistema.

Con esto, el sector de movilidad encabezará las prioridades al recibir casi $8,6 billones, seguido de educación, en el que se destinarán $5,8 billones; salud, con $3,2 billones, e integración social, con $1,8 billones. La mayoría de estos recursos de destinarán en nuevas obras, como los nuevos hospitales, y en reforzar programas, que en el caso de integración corresponden a la continuidad de la entrega de giros mensuales a las familias más vulnerables y a otros programas sociales como los sistemas de cuidado. Además, otros como la compra de tabletas en colegios públicos, la habilitación de 13.500 nuevos cupos del programa Jóvenes a la U, el fortalecimiento de programas de salud mental, y para la atención de temas de salud pública, como el embarazo adolescente y la desnutrición infantil.

Por último, se destaca que solo dos sectores tendrían reducción en sus presupuestos (salud y gobierno), algo que contrasta con desarrollo económico, donde el presupuesto casi que se duplica. Por su parte, en cultura se destinarán alrededor de $900.000 millones, la mayoría de los cuales irán para el IDRD, mientras que en ambiente la inversión será de $330.000 millones. Dentro del presupuesto se incluyeron esta vez $4.924 millones para la estructuración de Bogotá Región.

Aunque no se alcanzó a debatir el presupuesto, ayer la plenaria del Concejo aprobó el proyecto de subsidios para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en Bogotá, entre 2022 y 2026, del que se beneficiarán cuatro millones de habitantes.

Pese a que fue aprobado, concejales como Carlos Carrillo (Polo) cuestionaron que este tipo de iniciativas se hubieran discutido en medio de la tensión que generó el POT y el presupuesto, mientras que María Victoria Vargas (Liberal) señaló que será clave aclarar cómo este tipo de subsidios entrarán en el presupuesto.

Al respecto, el secretario de Hacienda explicó que este tipo de proposiciones no superan las metas de superávit y tienen prioridad a la hora de implementarse. Sobre lo que ocurrió con el presupuesto, resaltó que ha estado siempre abierto al debate. “Miremos las cuentas de la enajenación (de la ETB, que fue uno de los temas más criticados por parte de la oposición). No es lo que hubiera querido como secretario de Hacienda, ojalá hubiera sido distinto, pero desafortunadamente así pasó”, concluyó.