La Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Unidad de Víctimas anunciaron que el esperado retorno de la comunidad Emberá asentada en la ciudad comenzará el próximo 8 de septiembre.
El retorno será guiado por el Distrito y la Unidad de Víctimas, entidades encargadas de garantizar condiciones dignas y seguras. Aunque ya se han realizado varias jornadas similares, muchas personas regresaron a la ciudad debido a la falta de garantías en sus territorios, aún afectados por el conflicto armado. Esta vez, se espera que existan condiciones reales de seguridad a mediano y largo plazo.
Por otro lado, es importante aclarar que el retorno es voluntario, y varias familias de la comunidad continuarán en Bogotá. Por ello, el Distrito instó a quienes se queden a cumplir los compromisos pactados, como evitar el uso del cepo como método de castigo, una práctica que ha generado tensiones con las autoridades. Las personas que decidan quedarse en la capital serán reubicadas en otros espacios, que aún no se han definido.
Traslado de comunidad Emberá a predio del IDPAC en veremos
El pasado mes de julio, una sentencia judicial exigió al Distrito el traslado de 1.000 indígenas alojados en la UPI La Rioja a un lugar con condiciones más dignas, debido a la crisis sanitaria, estructural y de hacinamiento que se vive en ese albergue.
Tras analizar 21 predios, la Secretaría de Gobierno sugirió como nuevo albergue la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, ubicada en Cuatro Vientos, Salitre, para alojar a los indígenas Emberá Katío.
El recinto, cercano al terminal de transporte del Salitre, fue designado tras una serie de reuniones y un análisis de capacidad que lo consideró idóneo para cumplir con la sentencia judicial, que otorgó al Distrito un plazo de tres meses para encontrar un lugar adecuado para resguardar al pueblo ancestral.
Desde su anuncio, la propuesta generó rechazo entre los vecinos del sector, quienes aseguran no haber sido tenidos en cuenta en las reuniones de socialización. Además, afirman que sus solicitudes para mejorar la seguridad han sido ignoradas.”
También expresaron preocupación por posibles impactos ambientales y de seguridad que podría generar la presencia del pueblo Emberá en el vecindario. Señalan antecedentes en los que indígenas pernoctaron cerca del terminal, lo que generó incidentes con los residentes.
Por ahora, la falta de autorizaciones del DADEP y del IDIGER hace inviable el traslado al predio propuesto. No obstante, dado que el traslado es obligatorio, las autoridades siguen evaluando opciones.
Así las cosas, se espera que el retorno de las comunidades a sus territorios, la mayoría ubicadas en los departamentos de Risaralda y Chocó, cumpla con lo pactado y el conflicto armado no vuelva a ser la razón de un nuevo éxodo indígena.
El reto para las autoridades será no solo cumplir con los fallos judiciales, sino garantizar que tanto el retorno a los territorios como la permanencia de quienes decidan quedarse en Bogotá se den en condiciones dignas, sostenibles y respetuosas de la identidad cultural del pueblo indígena.
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Por Redacción Bogotá
