El 2025 estuvo marcado por las tensiones con la comunidad embera. ¿Qué se está haciendo actualmente?
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Para entender la situación hay que retroceder a septiembre, cuando se realizó el mayor retorno colectivo en la historia del Distrito: más de 1.400 personas regresaron a tres resguardos en Risaralda y Chocó, en una operación en la que participaron 10 entidades distritales.
Tras ese retorno, permanecieron cerca de 280 personas en La Rioja. Algunas habían manifestado inicialmente su intención de regresar, pero desistieron al considerar insuficientes las garantías. Es importante recordar que esas garantías están definidas por la ley y no son negociables por fuera del marco jurídico.
¿De cuáles garantías estamos hablando?
Fundamentalmente de los apoyos económicos incluidos en los planes de retorno. Sin embargo, estos deben complementarse con acciones de la nación: desarrollo rural, vivienda, vías, servicios públicos y transformación territorial que permitan la sostenibilidad y eviten nuevos desplazamientos. En ese punto las comunidades siguen resaltando vacíos.
¿Qué pasó con quienes no retornaron?
En Florida quedaron cerca de 300 personas, entre ellas integrantes del pueblo dobidá en proceso de reubicación en Caparrapí, un trámite complejo que no ha logrado concertarse con el territorio receptor. Además, se evidenció que algunas personas comenzaron a convocar a otras desde los resguardos, con expectativas de mayores beneficios en Bogotá. Así, la población en Florida y La Rioja pasó de unas 500 a cerca de 800 personas.
¿Por qué no se ha concretado la relocalización de La Rioja?
La comunidad no ha aceptado salir del predio, pese a un fallo de tutela que ordenó el desalojo en mayo de 2025. Luego del retorno, el Distrito congeló el censo para definir responsabilidades y concluyó que replicar un modelo de albergue colectivo no era viable por riesgos de hacinamiento, violencia y falta de control institucional. Se ofrecieron alternativas, como arriendos individuales y transferencias monetarias, pero fueron rechazadas. La comunidad solo acepta un predio colectivo.
Ante esto se activó el proceso policivo, y la Corte Constitucional ordenó nuevamente el desalojo urgente.
¿Hay alertas de seguridad en los territorios de retorno?
No. Se verificó con autoridades locales que no existen situaciones de confinamiento ni alertas activas.
¿Qué se necesita para que este ciclo no se repita?
Dos cosas: que el Estado cumpla de manera efectiva con los retornos y que la nación asuma su responsabilidad. Además, es clave avanzar en el acceso a la justicia. Hay liderazgos que reiteran estos ciclos desde hace años, generando expectativas irreales. El Distrito ha presentado 14 denuncias por delitos graves, sin avances significativos.
Cambiando de tema, ¿cuál es el panorama de excombatientes y firmantes en Bogotá?
En Colombia se han desmovilizado cerca de 70.000 personas en los últimos 20 años; alrededor del 7.000 han hecho su proceso en Bogotá. Pese a esa magnitud, no existía una ruta clara de atención. Por eso, desde el Plan de Desarrollo se diseñó una ruta de sostenibilidad socioeconómica que incluye firmantes del Acuerdo, personas en reintegración, entre otras causas.
Actualmente, la ciudad acompaña a cerca de 687 firmantes, unas 100 personas en reintegración (que se desmovilizaron por su cuenta antes de la firma del Acuerdo) y alrededor de 142 con atención diferencial, incluidas personas más jóvenes con retos adicionales, como consumo problemático de sustancias o rezago educativo por militancia en estructuras como el Clan del Golfo.
También se incluyó a comparecientes de la Fuerza Pública priorizados por la Agencia Nacional de Reincorporación, para quienes se construyó una ruta específica articulada con el Plan de Desarrollo Nacional.
¿Cómo funciona esta ruta?
Inicia con una caracterización individual y la formulación de un plan articulado con entidades distritales. Se trabaja empleabilidad, acompañamiento empresarial para reducir la estigmatización y un componente psicosocial transversal. Uno de nuestros objetivos centrales es que todas las rutas y estrategias queden ancladas como mandato del Distrito y no como voluntad de la administración de turno.
¿Dónde se concentran las víctimas?
En Bosa, seguida de Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Engativá. El Distrito cuenta con albergues fijos, satélites y hoteles, según la demanda. Para excombatientes y víctimas en general se aplican medidas diferenciales por seguridad. Además, existen seis centros de encuentro y un punto en la terminal de transporte, que funcionan como puerta de entrada a la atención integral.
Allí se activan rutas de salud, educación, empleo, atención psicosocial y servicios culturales, incluidos espacios de medicina ancestral y atención lúdica para niños y niñas. Este año, cerca de 4.000 víctimas lograron vinculación laboral.
¿Cuál es la principal tarea de 2026?
Apoyar al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acompañar la implementación de sanciones restaurativas de la JEP en la ciudad y expedir la Política Pública de Integración Local, un modelo que busca que las víctimas no solo superen la vulnerabilidad, sino que puedan construir un proyecto de vida en Bogotá.
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