Concejal acusa a iglesia por obra en Monserrate

El 21 de marzo de 2009, por recomendación de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE), el camino peatonal al cerro fue cerrado por alerta de derrumbe. Las obras para conjurarlo estarían a cargo del Distrito y la Arquidiócesis de Bogotá, que arreglaría los 300 metros correspondientes a su propiedad privada. La administración cumplió con su parte hace 12 meses. Los religiosos aún no lo han logrado. Ahora, un concejal denuncia que la demora ha sido voluntaria “para, al parecer, beneficiarse económicamente”.

Se trata del cabildante de Cambio Radical Felipe Ríos, quien dice que el cierre del camino generaría beneficios al negocio del funicular y el teleférico, que prestan sus servicios diariamente por un valor promedio de $10.000 por persona. La Compañía del Teleférico a Monserrate S. A., dice Ríos, está conformada en su totalidad por accionistas de la Arquidiócesis.

En una investigación conocida por este diario, el concejal recoge el acta de una asamblea extraordinaria de accionistas en la cual, además de aparecer sus nombres, consta que en 2007 las utilidades de la empresa ascendieron a $1.034 millones. Una suma que, en concepto de Ríos, evidencia que no ha sido por falta de recursos la demora en esos 300 metros de obra y que a las arcas del Santuario —uno de los socios del teleférico— no les ha ido tan mal con los retrasos.

El Espectador consultó al padre Jaime Mancera, rector del Santuario, quien consideró injusto el análisis y dijo que con el cierre del camino “el teleférico y el funicular fueron afectados económicamente, pues los que subían a pie casi siempre bajaban por alguno de los dos”. Más allá, pidió comprensión a los ciudadanos: “No somos indolentes, sabemos el valor que le da la gente al Señor Caído, que no se nos acuse injustamente”.

También explicó el viacrucis de la obra: en 2009, el entonces rector del Santuario, padre Daniel Falla, contrató unos estudios, pero fue trasladado y no pudo concluir su trabajo. Lo reemplazó el padre Daniel Saldarriaga, quien quiso completar la obra con nuevos estudios, que fueron reevaluados el año pasado, luego de la fuerte temporada invernal. Eso motivó unos terceros estudios por $104 millones.

Finalmente, la Arquidiócesis contrató al Consorcio Andino por $1.500 millones —incluyendo interventoría—. Para comenzar los trabajos, que durarían cuatro meses, falta que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) les dé la viabilidad técnica.

Ad portas de la tercera Semana Santa seguida sin camino habilitado, el concejal sugiere que el valor para subir en teleférico o funicular no sea superior a los $2.000 por persona. El rector del santuario promete “precios especiales”.

El 21 de marzo de 2009, por recomendación de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE), el camino peatonal al cerro fue cerrado por alerta de derrumbe. Las obras para conjurarlo estarían a cargo del Distrito y la Arquidiócesis de Bogotá, que arreglaría los 300 metros correspondientes a su propiedad privada. La administración cumplió con su parte hace 12 meses. Los religiosos aún no lo han logrado. Ahora, un concejal denuncia que la demora ha sido voluntaria “para, al parecer, beneficiarse económicamente”.

Se trata del cabildante de Cambio Radical Felipe Ríos, quien dice que el cierre del camino generaría beneficios al negocio del funicular y el teleférico, que prestan sus servicios diariamente por un valor promedio de $10.000 por persona. La Compañía del Teleférico a Monserrate S. A., dice Ríos, está conformada en su totalidad por accionistas de la Arquidiócesis.

En una investigación conocida por este diario, el concejal recoge el acta de una asamblea extraordinaria de accionistas en la cual, además de aparecer sus nombres, consta que en 2007 las utilidades de la empresa ascendieron a $1.034 millones. Una suma que, en concepto de Ríos, evidencia que no ha sido por falta de recursos la demora en esos 300 metros de obra y que a las arcas del Santuario —uno de los socios del teleférico— no les ha ido tan mal con los retrasos.

El Espectador consultó al padre Jaime Mancera, rector del Santuario, quien consideró injusto el análisis y dijo que con el cierre del camino “el teleférico y el funicular fueron afectados económicamente, pues los que subían a pie casi siempre bajaban por alguno de los dos”. Más allá, pidió comprensión a los ciudadanos: “No somos indolentes, sabemos el valor que le da la gente al Señor Caído, que no se nos acuse injustamente”.

También explicó el viacrucis de la obra: en 2009, el entonces rector del Santuario, padre Daniel Falla, contrató unos estudios, pero fue trasladado y no pudo concluir su trabajo. Lo reemplazó el padre Daniel Saldarriaga, quien quiso completar la obra con nuevos estudios, que fueron reevaluados el año pasado, luego de la fuerte temporada invernal. Eso motivó unos terceros estudios por $104 millones.

Finalmente, la Arquidiócesis contrató al Consorcio Andino por $1.500 millones —incluyendo interventoría—. Para comenzar los trabajos, que durarían cuatro meses, falta que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) les dé la viabilidad técnica.

Ad portas de la tercera Semana Santa seguida sin camino habilitado, el concejal sugiere que el valor para subir en teleférico o funicular no sea superior a los $2.000 por persona. El rector del santuario promete “precios especiales”.