Concejal de Bogotá demandó decreto del salario mínimo por ser “miserable y humillante”
Marco Fidel Ramírez presentó ante el Consejo de Estado una acción de nulidad.
Redacción Bogotá
El concejal Marco Fidel Ramírez presentó ante el Consejo de Estado una Acción de Nulidad por inconstitucionalidad contra el decreto 2552 de 2015 expedido por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien reglamentó el incremento del salario mínimo.
En la acción de nulidad interpuesta por Ramírez se argumenta que el Gobierno Nacional desconoce los principios constitucionales de la movilidad del salario y el poder adquisitivo del trabajador, donde el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) debió ser incrementado al menos un 7.26% y no el 7% definido por el decreto.
Según el cabildante, toda persona tiene derecho a un salario justo y “el aumento determinado por el Gobierno es mezquino, miserable y humillante, y va en detrimento de la economía de los hogares colombianos, en especial de los trabajadores de más bajos ingresos”.
Ramírez espera que este porcentaje sea revisado, pues de no ser así, los trabajadores y sus familias estarían sufriendo una pérdida irreparable en su ya exiguo poder adquisitivo.
El 30 de diciembre de 2015 el Gobierno decretó un incremento del 7% para el salario mínimo legal que regirá este año. Desde el primero de enero la remuneración que reciben más o menos un millón quinientos mil colombianos es de $689.954. El alza entonces alcanzó los $45.104, pues durante 2015 la cifra estaba en $644.350. Dicho monto también se tendrá en cuenta para el ajuste en los cobros de las multas y sanciones que cobra el Estado.
La decisión del Gobierno de decretar el aumento se dio ante la falta de concertación entre los empresarios y los representantes de los trabajadores en todo el país. Mientras que los gremios económicos ofrecían un incremento en el salario mínimo del 6.8%, las centrales obreras pedían un 10%, para el caso de la CGT y la CTC, y en 12 % la CUT.
El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, había señalado anteriormente que con acuerdo o sin acuerdo entre empresarios y sindicatos, por mandato constitucional el salario mínimo tenía que subir por encima de la inflación causada, y dado que el Banco de la República había advertido que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cierre 2015 estaría en 6,7%, el incremento salarial debía estar por encima de esa cifra.
El aumento del 7% solamente reconoció 0.3 puntos porcentuales de productividad a los trabajadores durante 2015, un año en el que la economía nacional sufrió un bajonazo provocado por el desplome en los precios del petróleo, una disminución profunda en la renta fiscal proveniente de ese sector y una inflación disparada.
Ante el Consejo de Estado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también demandó el decreto que fijó unilateralmente un incremento del 7% del salario mínimo para este 2016.
El secretario de la CUT, Fabio Arias, consideró que el incremento no solo fue “mezquino”, sino que también “ilegal” y agregó que este aumento, sumado a la reciente reforma tributaria, crea una inconformidad creciente de la sociedad puesto que las condiciones de pobreza se van a disparar. “Ese decreto unilateral solo hace caso a los empresarios y dista mucho de atender los reclamos justos de los trabajadores".
El dirigente sindical señaló que el sector más castigado por la inflación es el de los trabajadores que devengan un salario mínimo y “el Gobierno no tuvo en cuenta eso, pese a que en la mesa de negociaciones nosotros le advertimos lo que sucedería con el costo de vida”.
El concejal Marco Fidel Ramírez presentó ante el Consejo de Estado una Acción de Nulidad por inconstitucionalidad contra el decreto 2552 de 2015 expedido por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien reglamentó el incremento del salario mínimo.
En la acción de nulidad interpuesta por Ramírez se argumenta que el Gobierno Nacional desconoce los principios constitucionales de la movilidad del salario y el poder adquisitivo del trabajador, donde el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) debió ser incrementado al menos un 7.26% y no el 7% definido por el decreto.
Según el cabildante, toda persona tiene derecho a un salario justo y “el aumento determinado por el Gobierno es mezquino, miserable y humillante, y va en detrimento de la economía de los hogares colombianos, en especial de los trabajadores de más bajos ingresos”.
Ramírez espera que este porcentaje sea revisado, pues de no ser así, los trabajadores y sus familias estarían sufriendo una pérdida irreparable en su ya exiguo poder adquisitivo.
El 30 de diciembre de 2015 el Gobierno decretó un incremento del 7% para el salario mínimo legal que regirá este año. Desde el primero de enero la remuneración que reciben más o menos un millón quinientos mil colombianos es de $689.954. El alza entonces alcanzó los $45.104, pues durante 2015 la cifra estaba en $644.350. Dicho monto también se tendrá en cuenta para el ajuste en los cobros de las multas y sanciones que cobra el Estado.
La decisión del Gobierno de decretar el aumento se dio ante la falta de concertación entre los empresarios y los representantes de los trabajadores en todo el país. Mientras que los gremios económicos ofrecían un incremento en el salario mínimo del 6.8%, las centrales obreras pedían un 10%, para el caso de la CGT y la CTC, y en 12 % la CUT.
El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, había señalado anteriormente que con acuerdo o sin acuerdo entre empresarios y sindicatos, por mandato constitucional el salario mínimo tenía que subir por encima de la inflación causada, y dado que el Banco de la República había advertido que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cierre 2015 estaría en 6,7%, el incremento salarial debía estar por encima de esa cifra.
El aumento del 7% solamente reconoció 0.3 puntos porcentuales de productividad a los trabajadores durante 2015, un año en el que la economía nacional sufrió un bajonazo provocado por el desplome en los precios del petróleo, una disminución profunda en la renta fiscal proveniente de ese sector y una inflación disparada.
Ante el Consejo de Estado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también demandó el decreto que fijó unilateralmente un incremento del 7% del salario mínimo para este 2016.
El secretario de la CUT, Fabio Arias, consideró que el incremento no solo fue “mezquino”, sino que también “ilegal” y agregó que este aumento, sumado a la reciente reforma tributaria, crea una inconformidad creciente de la sociedad puesto que las condiciones de pobreza se van a disparar. “Ese decreto unilateral solo hace caso a los empresarios y dista mucho de atender los reclamos justos de los trabajadores".
El dirigente sindical señaló que el sector más castigado por la inflación es el de los trabajadores que devengan un salario mínimo y “el Gobierno no tuvo en cuenta eso, pese a que en la mesa de negociaciones nosotros le advertimos lo que sucedería con el costo de vida”.