Tras una semana de hechos violentos y de delincuencia común y organizada, la pregunta de qué hacer con la seguridad ciudadana de Bogotá sigue siendo prioridad. Aunque la Alcaldía anunció que seguirá luchando contra el crimen de la mano con la Policía y Fiscalía, desde el Concejo de Bogotá, la presión continúa.
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En ese contexto, concejal Julián Uscátegui Pastrana informó que presentó una acción popular contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con el fin de exigir medidas urgentes, eficaces y verificables frente a la creciente crisis de seguridad en la capital.
La acción judicial se sustenta en el aumento de los hechos de violencia en los últimos días, la presencia de estructuras criminales organizadas, el déficit de pie de fuerza, fallas en los frentes de seguridad, problemas en el parque automotor, baja inversión, rezagos en el sistema de videovigilancia y el hacinamiento en centros de detención transitoria.
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“Bogotá atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, y lo más grave es que no estamos viendo respuestas contundentes por parte de la Administración Distrital. Esta acción popular busca obligar a las autoridades a cumplir con su deber constitucional de proteger a los ciudadanos”, afirmó Uscátegui.
¿Qué pretende esta acción popular?
Entre las pretensiones de la demanda se incluye la realización de un estudio técnico, jurídico y operativo para evaluar la solicitud de asistencia militar, así como la implementación inmediata de un plan de choque integral con enfoque territorial. Además, se solicitan medidas cautelares urgentes para fortalecer la atención a víctimas, aumentar la presencia institucional en zonas críticas y mejorar los canales de denuncia.
“El objetivo es dejar de normalizar el miedo en las calles y exigir acciones concretas que permitan recuperar la seguridad, proteger a las víctimas y devolver la tranquilidad a los ciudadanos”, enfatizó el cabildante.
Con esta acción popular, el cabildante busca no solo visibilizar la gravedad de la situación de orden público en la ciudad, sino también obligar a las autoridades distritales a implementar soluciones estructurales.
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Alcaldía lideró consejo de seguridad
En el Palacio Liévano, Secretaría de Seguridad, Policía de Bogotá, la Brigada 13 del Ejército Nacional, Fiscalía y Medicina Legal, se reunieron para evaluar la respuesta institucional ante la crisis de seguridad que enfrenta la ciudad.
Durante el consejo, el primer mandatario de Bogotá informó que revisaron los más recientes casos de hurto y homicidio que han conmocionado a la ciudad, con el fin de “entender lo que ocurrió y cómo estamos enfrentando este delito”.
Sobre el primer hecho ocurrido el pasado 13 de abril en San Cristóbal Norte (Usaquén), donde un comerciante habría sido víctima de un intento de sicariato, el alcalde señaló que al delincuente se le expidió una nueva orden de captura por el delito de fuga de presos, pues al momento del hecho tenía prisión domiciliaria.
En un móvil similar bajo ataque dirigido, Galán descartó que el incidente en un supermercado del barrio Gran Granada, Engativá, se tratara de un hurto. Allí, el 11 de abril, delincuentes llegaron al establecimiento y dispararon contra la vida de Luis Arturo Martínez, de 19 años, para luego llevarse el dinero de la caja registradora.
Finalmente, por el asesinato del joven y estudiante de 19 años, Fredy Guzmán, durante el robo de su celular en la estación de Transmilenio, Universidad Uniminuto, el alcalde indicó que Policía y Fiscalía adelantan la identificación del responsable y aseveró que no se trata de una banda delincuencial dedicada a este delito.
“Estamos trabajando en equipo y no estamos renunciando a la lucha contra la delincuencia (...) Aquí no es buscar responsables, diciendo que esta persona sale (del gabinete). ¿Eso va a resolver el problema de fondo? O más bien trabajamos en llave en esta guerra contra la delincuencia", sentenció el alcalde.
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Por Redacción Bogotá
