Concejal pone en duda resultado policial de capturas por atentados en Bogotá

El concejal Antonio Sanguino escribió una columna de opinión acerca de las capturas de las 13 personas vinculadas con atentados en Bogotá en 2014 y el 20 de mayo de este año en la Universidad Nacional. El cabildante cuestiona si se trata de un “¿falso positivo bogotano?” y enfatiza que la “operación no tiene nada que envidiarle a las que vivimos en la era Uribe”.

“15 personas, la mayoría de ellas jóvenes menores de 25 años, fueron detenidos en un espectacular operativo que involucró 200 uniformados, un indeterminado número de agentes encubiertos, helicóptero y cámaras de televisión para registrar en vivo y en directo la captura de los “terroristas””, dice un aparte de la columna de Sanguino.

El concejal indica que el presidente Juan Manuel Santos, “por quien en favor de la paz seguramente votaron los capturados para ayudarlo a elegir, no dudó en condenarlos, sin fórmula de juicio como ‘terroristas integrantes del ELN’. La Fiscalía hizo lo propio y el general Palomino dio el parte de victoria. Hasta el alcalde Petro se apresuró a “aclarar” que la Bogotá Humana no era culpable de la infiltración terrorista cuando se supo que tres de los detenidos tenían vínculos contractuales con el Distrito”.

Sanguino puntualiza en que justo después de las explosiones de petardos del pasado 2 de julio en las sedes de Porvenir se desató todo el escándalo de las capturas.

“Al día siguiente el presidente Santos responsabilizó al ELN de estos atentados. Se apoyó en que ese día estalló una bomba panfletaria en el centro de la capital con propaganda alusiva a los elenos. Seis días después, el 8 de julio, se produjeron las 15 detenciones. Dos de los jóvenes detenidos fueron puestos en libertad por falta de pruebas y desde el 13 de julio se adelanta una sonada audiencia de imputación de cargos contra los 13 detenidos restantes. Y cada día en dos procesos paralelos, el mediático y el judicial, se multiplican las dudas sobre la solidez de las pruebas que justifican las capturas e imputaciones”, dice su columna.

“Con el paso de los días y de las largas audiencias de imputación se ha decantado la película. A 10 de los detenidos se les imputa cargos por delitos relacionados con un tropel ocurrido en la Universidad Nacional. Y solo a tres de ellos se les imputa delitos derivados de una supuesta vinculación con el ELN. Y la propia Policía reconoce que sobre los atentados en Porvenir no se ha imputado ningún cargo. Todo parece indicar que, queriendo responder con celeridad a la zozobra de la ciudadanía y a la presión del gobierno por resultados, las autoridades judiciales y de policía echaron mano de unos seguimientos e interceptaciones a personas vinculadas a la organización “Congreso de los Pueblos” y sin sólidos elementos probatorios, más en los medios que en los juzgados de Paloquemao, pretendieron condenarlos como los “terroristas de Porvenir”, culpables además de cuanto petardo haya sido colocado en el último tiempo en la ciudad”, agrega.

Sanguino dice que puede parecer exagerado calificar este caso como “falso positivo judicial, pero las similitudes, guardadas las proporciones, son evidentes. El presidente Santos, para responder a un clima adverso en la opinión pública por el escalamiento del conflicto, pide resultados inmediatos y las autoridades los exhiben de cualquier forma, a riesgo de que probatoriamente los procesos se derrumben luego como un castillo de naipes”.

Mientras tanto, el juez 72 de garantías definirá si las 13 personas capturadas por atentados en Bogotá tendrán que ir a la cárcel luego de que este viernes les fueran imputados cargos. La Fiscalía insiste en que son un peligro para la sociedad y solicitó que se cobije con medida de aseguramiento privativa de la libertad por su presunta participación en los hechos que rodearon la fabricación y activación de artefactos explosivos (papas bomba) en la protesta registrada en la Universidad Nacional el 20 de mayo de 2015.

El fiscal auxiliar séptimo de la unidad antiterrorismo aseguró que los procesados representan un peligro para la sociedad debido a la gravedad de los hechos materia de investigación, en los cuales resultaron heridos nueve agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

En este sentido pidió que se tomen medidas para evitar la continuidad de la actividad delictiva de David Camilo Rodríguez Hernández, más conocido con los sobrenombres de 'El Profe' o 'El Cucho', señalado por las autoridades de ser parte de las milicias del Ejército de Liberación Nacional (ELN), presuntos responsables de la ubicación de explosivos en seis puentes de Bogotá el 29 de junio de 2014.

La semana pasada se reveló un correo electrónico en el cual se hace una amenaza al fiscal General, Eduardo Montealegre. Pese a que no se lo adjudicó a ninguno de los procesados, el documento revela la peligrosidad de este caso. "Se fortaleció la seguridad tanto en el complejo judicial de Paloquemao como en la Fiscalía General".
 

El concejal Antonio Sanguino escribió una columna de opinión acerca de las capturas de las 13 personas vinculadas con atentados en Bogotá en 2014 y el 20 de mayo de este año en la Universidad Nacional. El cabildante cuestiona si se trata de un “¿falso positivo bogotano?” y enfatiza que la “operación no tiene nada que envidiarle a las que vivimos en la era Uribe”.

“15 personas, la mayoría de ellas jóvenes menores de 25 años, fueron detenidos en un espectacular operativo que involucró 200 uniformados, un indeterminado número de agentes encubiertos, helicóptero y cámaras de televisión para registrar en vivo y en directo la captura de los “terroristas””, dice un aparte de la columna de Sanguino.

El concejal indica que el presidente Juan Manuel Santos, “por quien en favor de la paz seguramente votaron los capturados para ayudarlo a elegir, no dudó en condenarlos, sin fórmula de juicio como ‘terroristas integrantes del ELN’. La Fiscalía hizo lo propio y el general Palomino dio el parte de victoria. Hasta el alcalde Petro se apresuró a “aclarar” que la Bogotá Humana no era culpable de la infiltración terrorista cuando se supo que tres de los detenidos tenían vínculos contractuales con el Distrito”.

Sanguino puntualiza en que justo después de las explosiones de petardos del pasado 2 de julio en las sedes de Porvenir se desató todo el escándalo de las capturas.

“Al día siguiente el presidente Santos responsabilizó al ELN de estos atentados. Se apoyó en que ese día estalló una bomba panfletaria en el centro de la capital con propaganda alusiva a los elenos. Seis días después, el 8 de julio, se produjeron las 15 detenciones. Dos de los jóvenes detenidos fueron puestos en libertad por falta de pruebas y desde el 13 de julio se adelanta una sonada audiencia de imputación de cargos contra los 13 detenidos restantes. Y cada día en dos procesos paralelos, el mediático y el judicial, se multiplican las dudas sobre la solidez de las pruebas que justifican las capturas e imputaciones”, dice su columna.

“Con el paso de los días y de las largas audiencias de imputación se ha decantado la película. A 10 de los detenidos se les imputa cargos por delitos relacionados con un tropel ocurrido en la Universidad Nacional. Y solo a tres de ellos se les imputa delitos derivados de una supuesta vinculación con el ELN. Y la propia Policía reconoce que sobre los atentados en Porvenir no se ha imputado ningún cargo. Todo parece indicar que, queriendo responder con celeridad a la zozobra de la ciudadanía y a la presión del gobierno por resultados, las autoridades judiciales y de policía echaron mano de unos seguimientos e interceptaciones a personas vinculadas a la organización “Congreso de los Pueblos” y sin sólidos elementos probatorios, más en los medios que en los juzgados de Paloquemao, pretendieron condenarlos como los “terroristas de Porvenir”, culpables además de cuanto petardo haya sido colocado en el último tiempo en la ciudad”, agrega.

Sanguino dice que puede parecer exagerado calificar este caso como “falso positivo judicial, pero las similitudes, guardadas las proporciones, son evidentes. El presidente Santos, para responder a un clima adverso en la opinión pública por el escalamiento del conflicto, pide resultados inmediatos y las autoridades los exhiben de cualquier forma, a riesgo de que probatoriamente los procesos se derrumben luego como un castillo de naipes”.

Mientras tanto, el juez 72 de garantías definirá si las 13 personas capturadas por atentados en Bogotá tendrán que ir a la cárcel luego de que este viernes les fueran imputados cargos. La Fiscalía insiste en que son un peligro para la sociedad y solicitó que se cobije con medida de aseguramiento privativa de la libertad por su presunta participación en los hechos que rodearon la fabricación y activación de artefactos explosivos (papas bomba) en la protesta registrada en la Universidad Nacional el 20 de mayo de 2015.

El fiscal auxiliar séptimo de la unidad antiterrorismo aseguró que los procesados representan un peligro para la sociedad debido a la gravedad de los hechos materia de investigación, en los cuales resultaron heridos nueve agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

En este sentido pidió que se tomen medidas para evitar la continuidad de la actividad delictiva de David Camilo Rodríguez Hernández, más conocido con los sobrenombres de 'El Profe' o 'El Cucho', señalado por las autoridades de ser parte de las milicias del Ejército de Liberación Nacional (ELN), presuntos responsables de la ubicación de explosivos en seis puentes de Bogotá el 29 de junio de 2014.

La semana pasada se reveló un correo electrónico en el cual se hace una amenaza al fiscal General, Eduardo Montealegre. Pese a que no se lo adjudicó a ninguno de los procesados, el documento revela la peligrosidad de este caso. "Se fortaleció la seguridad tanto en el complejo judicial de Paloquemao como en la Fiscalía General".