En una carta abierta, dirigida al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cinco concejales del Distrito denunciaron que en la capital se siguen realizando batidas ilegales de jóvenes, para que presenten el servicio militar. Por eso le pidieron al jefe de la cartera de Defensa que cumpla la legislación de la Corte Constitucional que prohibió esta retención y reconoce la objeción de conciencia como derecho fundamental en algunos casos.
La misiva que firman los concejales Antonio Sanguino, Carlos Roberto Sáenz, William Moreno, Álvaro Argote Múñoz y Marco Fidel Ramírez señala con preocupación que el jueves 31 de julio de 2014 se dio inició a otra jornada de reclutamiento militar, “sin embargo, estas acciones con frecuencia están siendo acompañadas por las denominadas “batidas militares” que no son más que detenciones arbitrarias, donde no se respetan los protocolos establecidos para tal fin, desacatando ordenes de la Corte Constitucional y violando los derechos humanos”, dice la carta.
Para estos cabildantes: “aunque el servicio militar es obligatorio en Colombia, este requiere unos protocolos que no son respetados por las unidades militares. La sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional es clara en señalar que las autoridades militares no pueden realizar “batidas indiscriminadas con el fin de identificar a los remisos y luego conducirlos a los lugares de concentración pues esta práctica implica incurrir en detenciones arbitrarias prohibidas por el artículo 28 constitucional”. Haciendo caso omiso a lo establecido en la sentencia, los diferentes batallones que vienen a reclutar jóvenes a Bogotá, usan el mecanismo de las “batidas militares” en diferentes sitios públicos de la ciudad, revirtiendo en la violación de derechos como: trabajo, educación, objeción de conciencia, libre desarrollo de personalidad, libertad de culto, derecho a la paz, al debido proceso y a la libre locomoción”.
Por esta clase de denuncias, desde el 9 de abril, en el Concejo de Bogotá se conformó una Comisión Accidental con el fin de hacer un seguimiento a estas actuaciones del Ejército. “A la fecha nos hemos articulado con las entidades de la Administración Distrital, Personería de Bogotá, Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales como la Red Distrital de Objetores y Objetoras de Conciencia; en dicho trabajo se han ido recopilando casos debidamente soportados que evidencian el desacato por parte de las Fuerzas Militares, en algunos casos con complicidad de la Policía Nacional, que terminan llevando a los jóvenes a regiones distantes como el Caquetá, Putumayo o Guaviare, pasando por alto incluso las excepciones contempladas en la Ley (desmovilizados, víctimas del conflicto armado, indígenas, ciudadanos con limitaciones físicas y sensoriales permanentes, hijos únicos y menores de edad)”, afirma el documento.