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Cuando Claudia López asumió como alcaldesa de Bogotá, todo eran ríos de miel. Su popularidad estaba en lo más alto, por ser la figura insigne de la lucha contra la corrupción; llegaba acompañada de una amplia bancada de gobierno, que arrinconó a la oposición, y su programa de gobierno tenía respaldo popular. Solo dos concejales de los partidos que la apoyaron fueron claros desde el principio en que no se sentían representados por su mandato: Lucía Bastidas (Alianza Verde) y Carlos Carrillo (Polo).
Dos años después, la que parecía ser una sólida bancada de gobierno se sigue desmoronando. A las denuncias del año pasado, en la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en las que se habló de censura, presiones al interior del partido y hasta posibles prebendas para votar a favor, ahora se suma otra denuncia que sería un duro golpe para la alcaldesa López, quien ha edificado su imagen cuestionando las malas “prácticas politiqueras y corruptas” de los partidos tradicionales.
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