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La mañana avanza y en la UPI La Rioja las familias Emberá continúan adaptándose a un espacio que nunca fue pensado para ser su hogar. Entre humedades, cables expuestos y paredes deterioradas, más de 160 familias conviven con un riesgo advertido por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger), que desde 2023 viene alertando sobre fallas eléctricas, fisuras, proliferación de roedores y riesgos de incendio en la estructura.
Ante esta situación que parece no resolverse, 43 concejales de Bogotá pidieron a la Unidad para las Víctimas actuar y garantizar un retorno seguro, digno y voluntario para quienes aún permanecen en el edificio declarado inseguro.
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Un deterioro advertido desde hace años
Las señales de alarma no son nuevas. Según reportes recogidos por El Espectador, en 2024 la Personería de Bogotá calificó el estado de la UPI como un “riesgo inminente de tragedia” debido a filtraciones que alcanzaban redes eléctricas, hacinamiento, baños insuficientes y problemas graves de salubridad.
Así mismo, en junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la evacuación inmediata del inmueble y le dio al Distrito tres meses para hallar un lugar seguro que garantizara condiciones dignas.
A pesar de estas advertencias, hoy 200 personas continúan viviendo en el edificio. Algunas desean retornar a sus territorios, otras solicitan reubicación urbana y muchas más aún no han definido su futuro. Lo que refuerza la urgencia del actual llamado político.
La UPI La Rioja, diseñada como una Unidad de Protección Integral para atención humanitaria de corta duración, terminó funcionando como vivienda prolongada desde 2021, cuando cientos de familias Emberá llegaron a Bogotá huyendo de la violencia en Chocó y Risaralda.
El llamado político
Frente a este panorama, en las últimas horas el concejal Jesús David Araque lideró la carta enviada a la Unidad para las Víctimas. En ella, 43 de los 45 concejales piden que la entidad coordine el retorno seguro, tal como lo establece el Decreto 4802.
“El Distrito ha avanzado, pero la competencia para coordinar retornos y reubicaciones es de la Nación”, aseguró el cabildante, quien recordó que incluso el concejal y taita indígena Óscar Bastidas apoyó la solicitud.
Araque también mencionó que el retorno masivo logrado en septiembre demuestra que los procesos funcionan cuando hay planeación, acompañamiento y articulación institucional: “Ese precedente confirma que es posible y que beneficia a las familias cuando se actúa con decisión”.
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Los avances y pendientes del retorno
En septiembre de este año, el Distrito y el Gobierno Nacional lograron el retorno voluntario de más de 1.100 Emberá a Pueblo Rico (Risaralda) y Bagadó (Chocó), un precedente que las autoridades locales resaltan como muestra de que los procesos de retorno seguro son posibles cuando hay coordinación institucional. Sin embargo, la situación de quienes permanecen en Bogotá continúa sin solución definitiva.
De acuerdo con la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, 171 personas han manifestado voluntad de retorno, 7 solicitaron reubicación, 43 optan por integración local y 167 no han definido su situación. Entre tanto, la Corte Constitucional, mediante el Auto 1734 de 2025, reiteró que el inmueble debe evacuarse por riesgo inminente.
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Por Redacción Bogotá
