17 Jun 2021 - 10:03 p. m.

Concejales liberales alertan sobre impacto y déficit de hornos crematorios en Bogotá

Bogotá atraviesa el momento más complejo de la pandemia en cuanto a contagios y muertes. Naturalmente, se incrementaron las solicitudes para cremar cuerpos y, según algunos concejales de la ciudad, no se está haciendo lo suficiente por medir el daño al ambiente y evitar molestias a los vecinos de los hornos. Además de eso, hay preocupación por un posible colapso de estas máquinas.

Esta semana, en redes sociales circularon varios videos de los hornos crematorios de la calle 68 con carrera 30, en Bogotá. Las imágenes capturaron una escena típica del lugar: las chimeneas expidiendo el humo de las incineraciones; sin embargo, hubo un detalle que alarmó a varios internautas y por lo que los videos fueron muy replicados. El humo tenía un color muy oscuro y un gran volumen, por lo que muchos se cuestionaron si había alguna irregularidad con el proceso de cremación.

La duda no es exclusiva de usuarios de redes sociales y las posibles irregularidades con estos hornos tampoco son algo nuevo. Desde antes de la pandemia, el Concejo de Bogotá viene advirtiendo el impacto que tienen en la ciudad, al encontrarse varios de estos en zonas residenciales. No obstante, durante el primer pico de la pandemia, cuando no se conocía lo suficiente sobre el comportamiento del coronavirus y se especulaba por un aumento alarmante de fallecidos, se empezó a indagar a fondo sobre el estado y la huella de esas máquinas de cremación.

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En estos momentos la preocupación es mayor, teniendo en cuenta que el promedio de fallecidos por coronavirus en los últimos 15 días es de 137. Por eso en el Concejo se reanudará este viernes 18 de junio un debate que se inició a finales de abril, en el que se discutió sobre la situación de los 13 hornos crematorios (siete privados y seis operados por el Distrito). En ese primer debate, un habitante de Barrios Unidos denunció que el horno crematorio ubicado en la localidad está en medio de varios barrios y por tanto los olores que reciben algunos ciudadanos son demasiado ofensivos, además de otras afectaciones en la salud de los vecinos del sector por su continua actividad, como quedó registrado en los videos que circularon en internet.

El debate fue citado por concejales de la bancada del Partido Liberal, quienes coinciden en que no hay una medición adecuada sobre el funcionamiento de los hornos, y mucho menos una prevención oportuna para evitar daños en la calidad del aire y la salud de los ciudadanos. Durante la discusión van a evidenciar su preocupación por el impacto de estas máquinas y plantearán algunas posibles soluciones a la problemática.

Sara Castellanos, una de las citantes del debate, manifestó preocupación por la falta de criterios para calcular el impacto de los hornos crematorios. Para la cabildante, las estaciones de medición de calidad del aire no son suficientes porque toman valores generales de los contaminantes y no discriminan puntualmente la marca que dejan los hornos crematorios en el ambiente.

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Asimismo, Castellanos advirtió que si bien la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) aseguró que a los hornos les hacen monitoreos representativos cada seis meses, la evaluación, control y seguimiento de las funerarias se realiza solo una vez al año, según les confirmó la Secretaria de Ambiente.

“Bogotá se esta reactivando a la normalidad, por eso no podemos olvidar que las últimas semanas, antes de iniciar los confinamientos, la Capital tenía serios problemas por la calidad del aire. Por eso le insistimos al Distrito que se evalúen los tiempos de control y las formas en que se está midiendo el impacto de los hornos crematorios”, resaltó la concejal, quien se refirió sobre todo a los que se encuentran en zonas residenciales de la ciudad.

Otro citante del debate, el concejal Samir Abisambra, se refirió más a la capacidad que tienen estas máquinas. Según denunció, basado en reportes de la UAESP, la capital tendría un déficit diario de cremación que supera los 250 cadáveres. “La importancia del debate de mañana radica en que la oferta pública del servicio funerario se concentra en los niveles socioeconómicos 1, 2 y 3, en los que se ha distribuido la mortalidad por COVID-19 en nuestra ciudad”, afirmó.

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El cabildante señaló también a la UAESP, que será una de las entidades distritales citadas al debate, y dijo que la entidad debe mejorar los informes sobre la gestión y la planeación de este servicio. “Desde el inicio de la pandemia, la cremación genera preocupación por una posible congestión, saturación o colapso de los servicios proporcionados por los hornos crematorios del Distrito de la magnitud de lo sucedido en países como Italia, España, Ecuador, Estados Unidos y actualmente en la India”, añadió.

A la capacidad de los hornos también se refirió el concejal Armando Gutiérrez, quien alertó sobre las cifras de fallecidos por coronavirus durante los últimos días, a las que se suman las muertes por otras causas. “Se están solicitando 200 licencias diarias para cremar cuerpos y solo tenemos capacidad para incinerar 108 por día”, denunció el concejal, quien agregó que hay una necesidad inmediata de proteger el medioambiente y la salud, pues la incineración genera “gases extremos y nocivos para la salud” que van continuar afectando la salud de los vecinos de los hornos.

Los elementos dañinos a los que hace referencia el cabildante son no solo los ligados a cualquier incineración, sino también compuestos como vapor de agua, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dioxinas, hidrocarburos, entre otras partículas y compuestos que son producidos por los cadáveres cremados. Por este motivo, Gutiérrez hizo una serie de propuestas como que en el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se estudie la posibilidad de llevar los hornos crematorios a las afueras de la ciudad.

Además del traslado, el concejal puso sobre la mesa la posibilidad de implementar nuevos métodos la disposición final de los restos mortales, como la disolución química del cadáver (un método similar a la cremación en el que se desintegra el cadáver y queda como residuo una ceniza blanca que es entregada a los familiares) o la desintegración por congelación (congelar el cuerpo con nitrógeno líquido, lo que da como resultante un polvo).

La propuesta de trasladar los hornos es quizás una de las más aterrizadas. Eso mismo sugirió Germán García, otro que citó al debate, pero también la presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas (Alianza Verde), quien además detalló algunas afectaciones en la calidad de vida de los vecinos de los hornos. García es autor de un proyecto de acuerdo que busca la prohibición de instalación de nuevos hornos en zonas residenciales y el traslado progresivo de los existentes, y coincidió con sus compañeros de bancada en que las encuestas para determinar el nivel de riesgo a la salud pública se quedan cortas, y más si no se actúa mientras no se superen los límites en cuanto a calidad del aire.

En cuanto a las afectaciones a los habitantes, García ubicó a Fontibón, en inmediaciones del Cementerio Jardín, como otro de los puntos donde los vecinos se han visto muy afectados por la emisión de gases y olores desagradables. “El horno está a menos de 10 metros de las viviendas y las personas que viven en el sector de La Cabaña ya no soportan más las afecciones que causan los humos”, denunció.

Sobre las alertas que hay en ese sector también se refirió la presidenta del Concejo. “A ninguno de nosotros nos gustaría abrir la ventana de la casa e inhalar olores que se asemejan a la materia en descomposición o a residuos quemados”, indicó María Fernanda Rojas, quien luego de hablar con residentes de esos barrios concluyó que muchos se quejan de estar “respirando muertos”, algo que afecta su tranquilidad y hábitos de sueño, además de derivar en dolores de cabeza, estrés, irritación en los ojos y otros síntomas.

Además de la directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, al debate están citados el secretario de Salud, Alejandro Gómez; la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo; la secretaria de Hábitat, Nadya Milena Rangel y la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia Vásquez.

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