La seguridad continúa siendo el tema que más preocupa a los bogotanos. No en vano, según encuestas de percepción como Invamer, cerca del 52 % de los bogotanos se sienten inseguros mientras transitan por la urbe.
Mientras tanto, la actual administración llegó al poder con la promesa de hacer una Bogotá que caminara seguro, pero algunos índices delictivos, sobre todo en materia de homicidios y extorsión, lejanos a aquella promesa electoral.
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Tanto es así que, en el primer año y nuevo del gobierno de Galán, en el Concejo de Bogotá se han llevado a cabo ocho sesiones de control político por el tema de seguridad, en los cuales las cifras de algunos delitos de alto impacto, y el presupuesto que la ciudad destina para combatirlos, protagonizaron la agenda.
En este sentido, durante el último debate, el cual tuvo lugar durante la mañana del 15 de julio, los cabildantes de la Comisión de Hacienda discutieron sobre las herramientas con las cuales se está combatiendo la inseguridad y cuáles son los retos más urgentes.
Uno de los casos más críticos es el tráfico de armas. Entre 2024 y febrero de 2025 se incautaron 1,407 armas en Bogotá, con una concentración del 30 % en Kennedy y Ciudad Bolívar. Aunque el Distrito ha buscado articulación, no cuenta con acceso a bases de datos ni a sistemas de inteligencia necesarios para responder con eficacia.
Por su parte, la concejal Quena Ribadeneira (Polo Democrático) centró su intervención en el delito de extorsión, subrayando que en 2024 se registraron 2.617 denuncias en la ciudad y que este tipo penal aumentó un 71,4 por ciento respecto al año inmediatamente anterior.
Mencionó, adicionalmente, que el fenómeno se concentra especialmente en localidades como Kennedy, Suba, Mártires, Santa Fe y Engativá, y cuestionó la eficacia de las campañas institucionales, solicitando que se expliquen los métodos para medir su impacto real.
Por su parte, el concejal Julián Espinosa (Alianza Verde) solicitó claridad sobre los procesos contractuales relacionados con la instalación de cámaras de videovigilancia. En la misma línea, la concejal María Victoria Vargas (Partido Liberal) expresó su preocupación por posibles irregularidades en dichos contratos.
Varios de estos factores, de acuerdo con la concejal Cristina Calderón (Nuevo Liberalismo), se deben a la poca articulación del Gobierno Nacional para fortalecer las capacidades del Distrito.
“La ciudad enfrenta los efectos directos del tráfico, pero no tiene las herramientas ni la información para actuar con autonomía”, señaló la concejal, subrayando la urgencia de un enfoque nacional estructurado.
Otro punto clave que mencionó Calderón Restrepo fue la necesidad de evaluar el impacto real de la videovigilancia. Desde 2020, se han destinado más de $844,000 millones a la Policía Metropolitana y se han vinculado al sistema C4 más de 8,000 cámaras públicas y 4,150 privadas.
Sin embargo, no existe una metodología nacional que permita establecer con claridad cuántos delitos se evitan, se esclarecen o cuál es el tiempo promedio de respuesta ante una alerta la concejal reiteró la necesidad de construir indicadores comunes junto con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para hacer seguimiento y mejorar con base en datos comprobables.
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Por Redacción Bogotá
