Por fraude procesal, falsedad en documento público y ocultamiento de material probatorio, Belén Suárez Malagón, exfuncionaria de Medicina Legal, fue condenada a 8 años y 9 meses de prisión. La forense, que está prófuga desde hace varios meses, fue hallada responsable por haber alterado las pruebas de ADN que incriminaban a Néstor Romero Paipa, un violador serial.
La historia
Aunque la prueba de ADN que recogió Medicina Legal eximía a Néstor Romero Paipa, una de sus víctimas estaba segura de que él había sido el hombre que la había violado el 2 de diciembre de 2009, cuando iba camino a su colegio, en la localidad de Bosa. Reconocía sus rasgos físicos y hasta una marca en una de las manos de ese hombre. Incluso, el mismo Romero, cuando fue capturado, aceptó ser quien abusó de la joven, que en ese entonces tenía 17 años. Luego cambió de versión aduciendo que había sido mal asesorado por su abogado.
La fiscal del caso estuvo a punto de cerrar el proceso. Sin embargo, los investigadores tenían sospechas. Así que le practicaron otra prueba de ADN, que esta vez fue positiva. Rodríguez era culpable y así lo ratificó finalmente un juez.
Con esa claridad, se abrió un nuevo interrogante para la justicia: ¿Por qué la primera prueba indicó que el ADN de los fluidos encontrados en el cuerpo de la joven no correspondían con los de Romero? La lupa quedó puesta sobre Belén Suárez Malagón, la asistente forense que tomó la prueba de sangre.
Medicina Legal empezó una investigación interna en la que se estableció que la funcionaria era la responsable, pues fue la única persona que accedió a la muestra antes de que fuera procesada.
Al sitio donde se tomó la prueba de sangre solo entraron Suárez Malagón, el procesado, su abogado y el guardia del Inpec que lo custodiaba. Ella le extrajo la sangre y marcó la placa con la muestra. Luego, la entregó a quien analizó el ADN. De esa sangre se sabe que no corresponde a la de Romero, sino a la de otro hombre. Es decir, Suárez cambió la muestra y no entregó la del violador. En adelante, según las pesquisas de Medicina Legal, que fueron definitivas en el juicio, se cumplió con el protocolo del tratamiento de esa evidencia.
Sin embargo, este caso está lejos de cerrarse, así lo considera Carlos Rodríguez, el padre de la joven abusada. Para él, aún falta establecer de quién es la sangre de la primera prueba y cuáles fueron las motivaciones de la empleada de Medicina Legal para cambiarla.
Rodríguez cree que si la sangre es de alguien más, debe haber cómplices. Además, se cuestiona que una funcionaria que llevaba 19 años en la institución alterara la prueba sin motivo alguno. Hasta ahora no se ha podido conocer la versión de la condenada sobre los hechos, pues solo se presentó a la primera audiencia del proceso y hoy está prófuga.
Por Redacción Bogotá
