Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
A 12 años de prisión y al pago de una multa de casi $625 millones fue condenada una mujer en Bogotá, acusada de someter a actos de esclavitud a una joven de origen indígena a quien obligaba a hacer labores domésticas en una vivienda del sur de la capital.
La condenada, identificada como Claudia Maritza Castiblanco Parra, fue hallada responsable como coautora en el delito de trata de personas por parte del juez 16 penal de Bogotá con funciones de conocimiento.
Según la investigación de la Fiscalía, la joven –perteneciente a la comunidad Carapana de Vaupés– fue contactada en 2014 para laborar en servicio doméstico en una casa de familiar del sur de la ciudad. Por ello, viajó de Mitú con destino a Bogotá, donde fue recibida en el inmueble. Sin embargo, “Fue tratada como una mercancía y restringida en su libertad ya que fue encerrada con llave todo el tiempo”, indicó el ente acusador.
Los malos tratos y abusos comenzaron desde el momento mismo en que la joven arribó a la ciudad. Primero, fue obligada a bañarse porque supuestamente “tenía mal olor y porque estaba mal presentada”. Luego, dado que le habían girado dinero para comprar los tiquetes aéreos, fue sometida a laborar sin pago durante más de un mes y a “hacer oficios extenuantes las 24 horas y los siete días a la semana; además, le fue restringida su libertad y le negaron la comunicación con su familia”.
De acuerdo con la Fiscalía, a la víctima nunca le pagaron y, por el contrario, la hoy condenada le advirtió que en dos meses no recibiría remuneración porque debía pagar los pasajes aéreos de Mitú a Bogotá.
“Se trata de un caso de abuso de poder contra una persona con baja escolaridad, con necesidad económica y contra una integrante de una comunidad étnica, reconocida internacionalmente por su alto riesgo de exterminio”, agregó el ente investigador.
El relato de la joven indica que, en medio de las labores de aseo, rompió una delicada pieza decorativa por la cual le cobraron $5 millones, por lo que, desde ese entonces, fue sometida a trabajos forzados durante 20 meses, sin pago, por el daño ocasionado.
“Nunca fue afiliada a una empresa de salud, nunca cotizó a prestaciones sociales y nunca le pagaron el tiempo de trabajo”, precisó la Fiscalía al señalar que, ante todos estos hechos, la mujer logró contactar a su familia y contó lo que estaba padeciendo. La situación fue denunciada ante la Organización Indígena de Colombia (Onic), que se encargó de apoyar la labor investigativa de la Fiscalía.
* * *
Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook:
Por -Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com
