El aumento del pasaje del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en Bogotá llegó a los estrados judiciales. La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal y el concejal José Cuesta, ambos del Pacto Histórico, presentaron una demanda de nulidad contra el Decreto Distrital 007 del 13 de enero de 2026, con el que la Alcaldía autorizó el incremento de la tarifa en COP 3.550.
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La acción fue radicada ante un juzgado administrativo del circuito de Bogotá e incluye una solicitud de medida cautelar para suspender de manera provisional la aplicación del alza mientras se resuelve el fondo del proceso. Según los demandantes, la decisión del Distrito carece de sustento técnico suficiente y traslada una carga desproporcionada a los usuarios del transporte público, en su mayoría hogares de ingresos bajos y medios.
En el documento judicial, representante y Concejal cuestionan la motivación del decreto. Aunque la Administración Distrital justificó el incremento en variables como la inflación, el aumento del salario mínimo y los costos operativos del sistema, los demandantes sostienen que no existe una explicación clara y verificable que permita entender cómo esos factores derivan en el valor final del pasaje. A su juicio, el Distrito no presentó estudios públicos completos ni una justificación técnica que respalde el impacto real del aumento sobre la ciudadanía.
Otro de los puntos centrales de la demanda es la falta de evaluación de alternativas. El texto advierte que la Alcaldía no analizó opciones menos gravosas para los usuarios, como un uso distinto del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), una mejora en la eficiencia operativa del sistema o una focalización más precisa de los subsidios. En lugar de ello, señalan, la administración optó por trasladar el déficit directamente al bolsillo de quienes dependen del SITP para acceder al trabajo, la educación y otros servicios básicos.
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La demanda también cuestiona la ausencia de un análisis social del impacto del alza. Carrascal y Cuesta advierten que los hogares de menores ingresos destinan una proporción creciente de su presupuesto al transporte y que incrementar la tarifa sin medir su efecto sobre la desigualdad convierte la medida en una decisión regresiva. “Se trata de un servicio público esencial, no de un bien de lujo”, señalan en el escrito.
Con base en estos argumentos, los demandantes solicitaron al juez declarar la nulidad del decreto, suspender provisionalmente su aplicación y ordenar a la Administración Distrital abstenerse de cobrar la nueva tarifa mientras avanza el proceso judicial.
Para Carrascal y Cuesta, el aumento del pasaje refleja un problema estructural de planeación y gestión que, una vez más, termina recayendo sobre la ciudadanía.
Por ahora no se conoce un comunicado oficial de la Alcaldía sobre la demanda. Entre tanto, mientras se decide en los estrados el futuro de la tarifa, el debate continúa marcado por un contexto en el que el transporte público sigue siendo uno de los gastos más sensibles para cientos de miles de bogotanos y bogotanas.
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Por Redacción Bogotá
