Sofía Gómez tiene 22 años, y encabeza la lista independiente “Suenan Voces Fuertes”, de Ciudad Bolívar. Desde junio empezó a recorrer parques y colegios de al menos 25 barrios de su localidad para recoger 600 firmas. “Mis banderas son la cultura, la salud mental, los derechos sexuales y reproductivos, y la educación popular”. Reconoce que no sabía del Consejo de Juventud y que cuando decidió ser candidata lo hizo por firmas, porque siente “que en los partidos políticos se rompe ese tema social y comunitario que tanto me gusta”.
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Las inscripciones para este proceso cierran este sábado y según la Registraduría, se inscribieron 184 listas independientes a los Consejos Locales de Juventud (uno por localidad), un mecanismo democrático que nació por Ley en 1997, pero que fue reglamentado en 2013 bajo el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y que incluyó mejoras bajo la Ley Estatutaria 1885 de 2018 como la inclusión de comunidades étnicas, víctimas del conflicto o campesina, así como garantías para la financiación y organización de los consejeros.
Integrados por jóvenes entre los 14 y 28 años, sus funciones son proponer, concertar y hacer vigilancia a planes de desarrollo y políticas públicas que representen los intereses de esta población a nivel de educación, empleo, arte o cultura, por mencionar algunos. Al tener esta autonomía, son claves en la interlocución entre sus comunidades y las entidades estatales. Sin embargo, a pesar de ser exaltados en discursos políticos, hay mucho por mejorar.
Dificultades
En diciembre de 2021, tras el estallido social, se llevaron a cabo los primeros comicios. Aunque se publicitó como un éxito, de los 12 millones de jóvenes habilitados para votar en el país, solo lo hizo el 10 %. Para completar, el 23 % de los votos fueron nulos. En las grandes capitales, como Bogotá, apenas votó el 6,24 % de los jóvenes de los 1,8 millones habilitados. Las cifras evidencian que esta es una elección a la que le falta pedagogía. Y lo ratifica la Misión de Observación Electoral (MOE), que en aquella oportunidad recibió 74 reportes de irregularidades provenientes de Bogotá, 27 municipios y 14 departamentos.
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La primera fue el desconocimiento de las autoridades en el puesto de votación, seguida por presuntos constreñimientos, compra de votos, engaños a los votantes y entrega de propaganda en los puestos de votación. Pero no fue lo único. La línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil, de la Fundación Pares, encuestó a 60 consejeros, de distintas regiones, y 52 denunciaron dificultades para acceder a financiación; 40, por falta de apoyo institucional para visibilizar sus campañas; 25 enfrentaron problemas logísticos el día de las elecciones y cinco, haber sido amenazados para desistir de su candidatura.
Karol Andrade, de 23 años, consejera juvenil en Rafael Uribe Uribe, cuenta que ha sabido cuidarse para evitar intimidaciones, pero conoce amenazas a otros compañeros. “He enfrentado la violencia política, pero externamente en la junta de acción comunal, donde un día me dijeron: ‘No se meta tanto que no le conviene’”, recuerda. Ella, a sus 19 años, fundó la lista independiente “Construcción Vital Juvenil”, apartándose de los partidos políticos. “Los partidos han aburrido a los jóvenes. No tenemos la necesidad de contar con padrinos políticos, pues con nuestro liderazgo y pasión realizamos nuestros proyectos”.
A pesar de ello, Pares encontró que durante las elecciones en 2021, “la falta de transparencia impactó la legitimidad del proceso”. Mientras los partidos tradicionales concentraron más del 56 % de los votos, las listas independientes apenas alcanzaron el 29 %, “evidenciando la persistencia de una maquinaria que dificulta la autonomía juvenil”, sentencia Sebastián Solano, coordinador de la línea de Jóvenes.
¿Hubo incidencia?
La Fundación Pares también encontró que la mayoría de consejeros locales y municipales de Colombia han participado en mesas de diálogo (67 %) y formulado propuestas (60 %). Sin embargo, más de un tercio reconoce que sus acciones no tienen incidencia real en la formulación de políticas. Solano explica: “Es el simple hecho de que no tengan un espacio para sesionar y lo deban hacer en un parque, por ejemplo. Están muy limitados a la voluntad política del gobierno de turno”.
Ahora bien, agrega que en el caso de Bogotá “sí hemos observado voluntad de esta Alcaldía de atender y tener en cuenta las propuestas de los consejeros para la toma de decisiones, a través de mesas de trabajo con las secretarías de Gobierno e Integración Social. Un ejemplo de ello es una política que se está adelantando para reducir el valor del transporte público no solamente para los consejeros, que ya son beneficiarios, sino también para jóvenes estudiantes”, detalla Solano.
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Un avance, frente a los tropiezos en la alcaldía de Claudia López, marcada por la pandemia y el aprendizaje de cómo aprovechar esta instancia participativa. Valeria Zuluaga, presidenta del Consejo de Juventud en 2025 (elegida a los 17 años, con el respaldo de Alianza Verde) también resalta las mesas de trabajo con el Concejo de Bogotá. Detalla que en el cabildo llevaron tres temas que les preocupan: la educación, “por la desfinanciación de universidades públicas o el seguimiento a programas como Jóvenes con Oportunidades”; la seguridad, “por el reclutamiento de menores para la comisión de delitos”, y ambiente, “por el agua y zonas protegidas que podrían verse afectadas por temas de desarrollo”. “También le estamos haciendo seguimiento a una beca de la Secretaría de Cultura para incentivar procesos comunitarios y en agosto será al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente”, agregó Zuluaga.
Por otro lado, en las mesas con la Alcaldía, dice, lograron un acuerdo para reconocer la labor de los consejeros y consejeras juveniles entrantes, pues a la fecha no reciben una remuneración por su trabajo. “Aunque es algo que tocaría corregir desde la estatutaria, acordamos darles incentivos culturales, como entradas a conciertos, partidos de fútbol, museos y demás. También hicimos unos cambios internos al reglamento para tener unas comisiones enfocadas principalmente en temas de veeduría, formulación de proyectos y comunicaciones que antes no se tenía”.
Lo que viene ahora
Tras cuatro años de trabajo, los 372 jóvenes consejeros de Bogotá (algunos integraron la Primera Línea) entregarán su cargo en tres meses. Para Solano, el panorama político de estas elecciones será diferente. En su acompañamiento en la inscripción de listas ha encontrado baja participación del Pacto Histórico y Alianza Verde. El escenario es distinto para partidos tradicionales, como Cambio Radical o Centro Democrático, “que ha logrado sumar un importante número de jóvenes, por descontento generalizado con el actual Gobierno”.
¿Y qué hacer para solucionar los problemas de participación de las juventudes? Solano acota que se necesita un gran paquete de leyes ordinarias, más allá de la reforma parcial al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que adelanta el Congreso, pues, advierte, las pocas garantías y los pocos espacios de participación real pondrían a los consejos de juventudes en peligro de extinción.
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“Realmente para poder tener unas oportunidades de mejora es aumentar el compromiso político de los gobernantes de turno con las juventudes. Una reforma solamente habilita el camino, pero no genera las condiciones mínimas para que esto sea aplicable”, concluye Sebastián Solano.
Aunque Sofía, Karol y Valeria son el ejemplo del entusiasmo de trabajar por un cambio para los jóvenes, a través de herramientas democráticas, el camino trazado debe seguir labrándose con urgencia para que su liderazgo no se trunque.
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Por María Angélica García Puerto
