Ni el anuncio de desistir de la solicitud de sustracción de la reserva Van der Hammen, la marcha atrás con el Sendero de las Mariposas o la derogación de otros decretos como el que daba vía libre al Plan Parcial de Entreparques. Ninguna decisión ambiental del Distrito ha sido tan controversial como esta: la que tomó la Secretaría de Planeación de tumbar dos resoluciones con las que se cambió el mapa de riesgo alrededor del río Bogotá y que daban sustento a proyectos de vivienda, como Ciudad Río, e incluso a una obra tan importante como la construcción del patio-taller del metro.
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Todo comenzó con dos conceptos técnicos del Instituto de Gestión del Riesgo de Bogotá (Idiger), en 2017, bajo la administración de Enrique Peñalosa. En ellos se especifica que, debido a la adecuación hidráulica del río Bogotá, que permitió la ampliación del cauce entre 40 y 60 metros cúbicos por segundo, y a la instalación de jarillones, se pudo reducir el riesgo por inundaciones. Esto permitió que zonas que tenían alta amenaza bajaran de categoría a media o baja.
Basado en esto, en julio de 2018 la Secretaría de Planeación expidió las resoluciones 1060 y 1631, con las que se ordenó la actualización del mapa del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de “Amenaza por inundación” en la ciudad. Esto abría la puerta a otorgar permisos de construcción y se comenzó a hablar en serio del proyecto Ciudad Río que, según la pasada administración, tendría mil hectáreas de un parque lineal con alamedas, ciclorrutas y alrededor de 70.000 viviendas, en los 67 km que hay entre el río Tunjuelo y el club Guaymaral, al norte de la ciudad.
Entre los predios que salieron de riesgo se encuentran los ubicados en el sector de El Corzo, entre la desembocadura del río Fucha y Tunjuelo, donde se tiene prevista la construcción del patio-taller del metro, punto donde comenzarán las obras de la primera línea. Cerca de allí también está el lote donde el Distrito construirá el hospital de Bosa, que pasó de riesgo medio a sin riesgo.
La derogatoria
A pesar de los planes que se hicieron tras la expedición de las resoluciones que cambiaban el mapa de riesgo, estas fueron cuestionadas. Tanto, que en agosto de 2019 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá suspendió provisionalmente una de ellas. Aunque quedó vigente la segunda, las dudas planteadas llevaron a que en diciembre pasado, poco antes de que Adriana Córdoba dejara la Secretaría de Planeación, la propia administración las dejara a las dos sin efectos, al considerar que los informes del Idiger no habían sido suficientes para modificar el mapa de riesgo, por lo que harían falta estudios para hacer la precisión de la cartográfica.
Entre los primeros en mostrar preocupación fue Camacol, que calificó la decisión como un golpe a la seguridad jurídica en la construcción, pues el Distrito no realizó el proceso de participación que exigen las acciones urbanísticas y estaría desconociendo los trabajos de adecuación en el río. “Impacta inmediatamente la realización de los 11 planes parciales que actualmente se encuentran aprobados y adoptados por la Alcaldía, más los que se encuentran en las fases de estudio, concertación ambiental y formulación. También se estará afectando la generación de 122.500 empleos directos y 136.000 indirectos aproximadamente”.
A esto se le sumaron las alertas que han hecho exfuncionarios de la administración Peñalosa, quienes aseguran que se estarían afectando las obras del metro, mientras que desde el Concejo se ha llamado la atención por los planes en marcha y las otras resoluciones que se basaron en los mismos conceptos del Idiger. “A través de la Resolución 2688 de 2018 se autoriza la reducción de la ZMPA en un 80 %, para hacer Ciudad Río y el patio-taller del metro, y lo más grave es que dicha autorización también se basa en los conceptos con inconsistencias”, aseguró el concejal Carlos Carrillo (Polo).
No obstante, la medida también tiene sus defensores, como la abogada María Mercedes Maldonado, quien explicó que la decisión fue pertinente. “El documento es claro al señalar que faltan estudios. No participé, pero lo que entiendo es que no pone en jaque los planes parciales”. Por su parte, la concejal María Fernanda Rojas (Alianza Verde) consideró en su momento como un logro la derogatoria, pues desde su aprobación se había advertido la falta de sustentos para hacer los cambios en el mapa de riesgo.
Aunque el Distrito ha dicho que esta decisión no es retroactiva, por lo que no afectaría obras como la del metro, el Concejo citó para hoy a la nueva secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo. “En el debate queremos saber en cuáles estudios se basó la Alcaldía para derogar los mapas de 2018 y verdaderamente cuáles zonas tienen riesgo en el terreno, no en el papel”, indicó la concejal Marisol Gómez (Bogotá para la gente). Ante la falta de claridad, con las implicaciones jurídicas, pues si bien desde diferentes sectores se ha aplaudido la decisión, que por ahora evita la construcción cerca del río, en la incertidumbre permanece el paso a seguir del Distrito.
