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El contralor distrital, Diego Ardila, le exigió ayer al alcalde (e), Rafael Pardo Rueda, que suspenda a María Gilma Gómez Sánchez, de su cargo como Directora General de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Manteniendo Vial (UAERMV).
Ardila hizo el anuncio en una rueda de prensa ante los medios de comunicación y explicó que su decisión se debe a que hay 10 Procesos de responsabilidad fiscal que cursan contra Gómez y otros presuntos responsables, que suman $4.664 millones. De manera que el propósito de la exigencia de suspensión es “asegurar la transparencia, imparcialidad y efectividad de las investigaciones fiscales en curso”.
El contralor no dio más detalles acerca de los procesos de responsabilidad fiscal, ya que éstos se encuentran bajo reserva. La Contraloría sólo dijo que no se trata de asuntos relacionados con las irregularidades advertidas por el polémico contrato de la máquina para tapar huecos, entregada directamente a Green Patcher Colombia.
Ardila asegura que su medida cautelar se justifica porque cumple con normas constitucionales que dan lugar a la suspensión inmediata. “(…) Si el Contralor tiene razones poderosas para temer que la permanencia de aquellos en el desempeño de sus empleos pueda afectar las investigaciones, dificultar la tarea de fiscalización o comprometer todavía más el interés colectivo, los bienes del estado o la moralidad pública, demande del nominador, con la referida fuerza vinculante, que se los suspenda, no a título de sanción sino como instrumento transitorio encaminado a la efectividad del control”.
De esta forma, la medida solicitada por Ardila sería de obligatoria para el alcalde (e) Pardo. Él deberá expedir un acto administrativo haciéndola efectiva dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. El contralor resalta que la suspensión de la funcionaria “fue decretada a partir de la fecha y hasta que culminen los procesos de responsabilidad fiscal en curso que se adelantan contra la misma, conforme lo dispone el numeral 8 del Artículo 268 de la Constitución Política”.
Por su parte, Gómez no había sido notificada de la decisión al cierre de esta edición, así que prefirió no pronunciarse sobre el tema. De hecho, supo de la medida debido a los cuestionamientos de los medios de comunicación al respecto, como lo dijeron fuentes de la Unidad de Mantenimiento.
Otra advertencia por la máquina tapahuecos
El contralor también envió ayer una segunda advertencia a la Alcaldía por la contratación de la máquina tapahuecos por falencias en las garantías otorgadas por la sociedad Green Patcher Colombia (encargada del contrato) en las que se redujo la vigencia de póliza de cinco años a seis meses. El ente de control dijo que “las pólizas son insuficientes ya que no cubren el término mínimo de cinco años, que establece el Decreto 734 de 2012”.La Contraloría señala que con esta decisión se ponen en riesgo los $11.800 millones destinados para este contrato ya que luego de los seis meses de cumplimiento de la póliza no hay quién responda en caso de que se dañen los trabajos y el Distrito tendría que invertir más dinero para reparar eventuales averías.
Por Redacción Bogotá
