Contraloría advierte irregularidades en contrato con consorcio de cementerios

La Contraloría de Bogotá se pronunció debido a las presuntas irregularidades presentadas en el contrato de concesión 148 de 2005, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el Consorcio Nuevo Renacer, cuyo objeto es la administración, operación y mantenimiento de los cuatro cementerios de propiedad del Distrito Capital.

Según el contralor Diego Ardila Medina, dentro de las razones que ameritan el pronunciamiento se encuentran las sucesivas modificaciones por la vía de la prórroga y adiciones presentadas en el contrato, violando los principios de la función administrativa de eficacia, economía, y de libre concurrencia, que inexorablemente le otorga un privilegio injustificado al actual contratista para continuar con la administración, operación y mantenimiento de los cuatro cementerios del Distrito Capital.

“No es de recibo que después de ocho años de ejecución la Administración siga considerando que la vía fácil sea recurrir a las sucesivas prórrogas del mismo, más aún cuando desde el 24 de marzo de 2010, la Uaesp suscribió el contrato de consultoría No. 058 con la Unión Temporal Economía Urbana- SAANUR, precisamente con el fin de estructurar el mejor modelo para la administración, operación y mantenimiento de los cementerios de propiedad de la ciudad”, señaló el contralor.

En este sentido, para la Contraloría de Bogotá es necesario acabar con la vieja práctica de esperar el último momento del plazo de ejecución para dar trámite al nuevo proceso contractual, so pena de poner en riesgo, en este caso, la prestación de los servicios funerarios.

“Conforme lo dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C-350/97al declarar la exequibilidad del artículo 10º de la Ley 182 de 1995, que prohibió la prórroga ilimitada de los contratos de concesión de espacios de televisión pública (…) la prórroga ilimitada de los contratos sin limitación otorgaba una ventaja injustificada a los concesionarios y restringía de forma desproporcionada la participación de otros oferentes…”, explicó la Contraloría Distrital.

Para el ente fiscalizador no resulta comprensible que a través de prórrogas sucesivas en el contrato de concesión se perpetúe a contratistas y se le cercene al Distrito Capital la posibilidad de obtener mejores beneficios económicos con la óptima estructuración de un nuevo modelo negocial que atienda sus intereses patrimoniales, máxime si se tiene en cuenta que la capital es el propietario de la infraestructura con la cual se prestan los servicios funerarios concesionados, en las condiciones no del todo favorables de que da cuenta el contenido del referido contrato y el desarrollo que ha tenido el mismo.

Por otro lado, para la Contraloría de Bogotá el contrato fue objeto de tres adiciones por un valor aproximado de 376 millones de pesos, cifra que adicional a los ingresos que ha obtenido el concesionario durante las diferentes prórrogas supera el 50% permitido por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, situación que corrobora la ventaja económica que ha mantenido el concesionario como resultado de las sucesivas prórrogas autorizadas.

Finalmente, el informe indica que los ingresos por la prestación de los servicios funerarios concesionados no garantizaron el retorno de la inversión del Distrito Capital, con lo cual se favorecieron representativamente los intereses patrimoniales del operador.
 

La Contraloría de Bogotá se pronunció debido a las presuntas irregularidades presentadas en el contrato de concesión 148 de 2005, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el Consorcio Nuevo Renacer, cuyo objeto es la administración, operación y mantenimiento de los cuatro cementerios de propiedad del Distrito Capital.

Según el contralor Diego Ardila Medina, dentro de las razones que ameritan el pronunciamiento se encuentran las sucesivas modificaciones por la vía de la prórroga y adiciones presentadas en el contrato, violando los principios de la función administrativa de eficacia, economía, y de libre concurrencia, que inexorablemente le otorga un privilegio injustificado al actual contratista para continuar con la administración, operación y mantenimiento de los cuatro cementerios del Distrito Capital.

“No es de recibo que después de ocho años de ejecución la Administración siga considerando que la vía fácil sea recurrir a las sucesivas prórrogas del mismo, más aún cuando desde el 24 de marzo de 2010, la Uaesp suscribió el contrato de consultoría No. 058 con la Unión Temporal Economía Urbana- SAANUR, precisamente con el fin de estructurar el mejor modelo para la administración, operación y mantenimiento de los cementerios de propiedad de la ciudad”, señaló el contralor.

En este sentido, para la Contraloría de Bogotá es necesario acabar con la vieja práctica de esperar el último momento del plazo de ejecución para dar trámite al nuevo proceso contractual, so pena de poner en riesgo, en este caso, la prestación de los servicios funerarios.

“Conforme lo dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C-350/97al declarar la exequibilidad del artículo 10º de la Ley 182 de 1995, que prohibió la prórroga ilimitada de los contratos de concesión de espacios de televisión pública (…) la prórroga ilimitada de los contratos sin limitación otorgaba una ventaja injustificada a los concesionarios y restringía de forma desproporcionada la participación de otros oferentes…”, explicó la Contraloría Distrital.

Para el ente fiscalizador no resulta comprensible que a través de prórrogas sucesivas en el contrato de concesión se perpetúe a contratistas y se le cercene al Distrito Capital la posibilidad de obtener mejores beneficios económicos con la óptima estructuración de un nuevo modelo negocial que atienda sus intereses patrimoniales, máxime si se tiene en cuenta que la capital es el propietario de la infraestructura con la cual se prestan los servicios funerarios concesionados, en las condiciones no del todo favorables de que da cuenta el contenido del referido contrato y el desarrollo que ha tenido el mismo.

Por otro lado, para la Contraloría de Bogotá el contrato fue objeto de tres adiciones por un valor aproximado de 376 millones de pesos, cifra que adicional a los ingresos que ha obtenido el concesionario durante las diferentes prórrogas supera el 50% permitido por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, situación que corrobora la ventaja económica que ha mantenido el concesionario como resultado de las sucesivas prórrogas autorizadas.

Finalmente, el informe indica que los ingresos por la prestación de los servicios funerarios concesionados no garantizaron el retorno de la inversión del Distrito Capital, con lo cual se favorecieron representativamente los intereses patrimoniales del operador.