Contraloría advierte posible detrimento patrimonial en contratos del metro

La primera auditoria de la Contraloría General al contrato para la construcción del metro de Bogotá evidencia seis hallazgos fiscales, entre los que se encuentra uno para indagación preliminar y otro con incidencia disciplinaria pues, de acuerdo con el informe, se habría incluido un estudio de impacto ambiental y social en dos contratos, por lo que se estaría incurriendo en detrimento patrimonial. 

Se trata de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Social que, según la Contraloría, se encontraba dentro del Contrato 02 de 2017, pero que además fue adicionado al Convenio Interadministrativo 1880 de 2014. Pese a que para el ente de control esto representaría un detrimento, el Distrito justificó que se habría hecho para cumplir con los estándares de la banca internacional "al ser mucho más exigentes que los aplicables bajo las normas colombianas, con base en las cuales se contrataron originalmente los estudios ambientales y sociales incluidos en dicha consultoría". 

El documento del ente de control advierte que una modificación a los convenios le quitó a la Empresa Metro de Bogotá las facultades para "recibir, estudiar y dar aval a los productos entregables de las consultorías", dejando esta responsabilidad a la Financiera de Desarrollo Nacional, por lo que la empresa creada en el Distrito solo se limitaría a interpretar "por tiempo y forma los productos que le entregue la FDN", señala el informe. 

Entre las advertencias también se indica que en las pruebas de carga sobre los pilotes, que se realizaron el año pasado, se determinó el nivel de adherencia entre el suelo y los pilotes de concreto y se optimizaron las dimensiones de dicha cimentación a lo largo del tramo. Pese a que esto afectaría los costos totales de cimentación, los estudios fueron entregados, tardíamente, el 26 de septiembre, es decir, después de la apertura de la licitación, por lo que no habría sido evaluada por los oferentes. 

Además, la Contraloría indica que pese a que el Distrito tendría previsto utilizar "los recursos de los rendimientos financieros de los aportes distritales y nacionales, que se generen en las subcuentas del Patrimonio Autónomo" para financiar las obras menores, esto iría contra la ley colombiana dado que se determina que estos dineros deben ser consignados al Tesoro Nacional. 

Con respecto a las obras y equipos se estima que no fueron presupuestados, a lo que el Distrito señaló se de a que "es imposible determinar desde la suscripción del contrato el presupuesto mediante el cual se va a atender una posible adición, en tanto en ese momento, en cumplimiento del principio de planeación, es imposible identificar siquiera la necesidad de incluir un alcance adicional concreto".

Por último, se cuestiona la distribución de los ingresos por explotación comercial, ya que en el capítulo de retribución del contrato se establece que el concesionario encargado recibirá el 40 %, mientras que el Distrito se quedará con el restante, pero no se establece dentro de la estructuración financiera los estudios o instrumentos técnicos como se determinaron esos porcentajes, ni hay claridad con respecto a cómo se hará el seguimiento a las negociaciones que haga el operador para generar estos ingresos. 

Al respecto la alcaldesa Claudia López señaló que tanto la gerencia de la Empresa Metro como la comisión de seguimiento estudiarán el informe de la Contraloría. Mientras que desde el Concejo se dieron diferentes opiniones con respecto a los hallazgos.

Para el concejal Carlos Carrillo (Polo) "es bastante relevante que la Contraloría investigue a fondo lo que ha pasado con el convenio administrativo 1880, que he denunciado desde hace años y que fue manoseado por Enrique Peñalosa. Es importante recordar que a través de él que Peñalosa logró adjudicar unos contratos a dedo para justificar los cambios de subterráneo a elevado".

Por su parte, Samir Abisambra (partido Liberal) ha señalado que "la Empresa Metro de Bogotá ha venido haciendo una buena gestión y trabajo y ha estado juciosa con cada uno de los estándares que se necesitan. Es un informe donde se muestran algunos hallazgos administrativos que son sujetos a un plan de mejoramiento que deben aplicar y no me queda duda que la empresa los va a realizar eficientemente". 

La primera auditoria de la Contraloría General al contrato para la construcción del metro de Bogotá evidencia seis hallazgos fiscales, entre los que se encuentra uno para indagación preliminar y otro con incidencia disciplinaria pues, de acuerdo con el informe, se habría incluido un estudio de impacto ambiental y social en dos contratos, por lo que se estaría incurriendo en detrimento patrimonial. 

Se trata de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Social que, según la Contraloría, se encontraba dentro del Contrato 02 de 2017, pero que además fue adicionado al Convenio Interadministrativo 1880 de 2014. Pese a que para el ente de control esto representaría un detrimento, el Distrito justificó que se habría hecho para cumplir con los estándares de la banca internacional "al ser mucho más exigentes que los aplicables bajo las normas colombianas, con base en las cuales se contrataron originalmente los estudios ambientales y sociales incluidos en dicha consultoría". 

El documento del ente de control advierte que una modificación a los convenios le quitó a la Empresa Metro de Bogotá las facultades para "recibir, estudiar y dar aval a los productos entregables de las consultorías", dejando esta responsabilidad a la Financiera de Desarrollo Nacional, por lo que la empresa creada en el Distrito solo se limitaría a interpretar "por tiempo y forma los productos que le entregue la FDN", señala el informe. 

Entre las advertencias también se indica que en las pruebas de carga sobre los pilotes, que se realizaron el año pasado, se determinó el nivel de adherencia entre el suelo y los pilotes de concreto y se optimizaron las dimensiones de dicha cimentación a lo largo del tramo. Pese a que esto afectaría los costos totales de cimentación, los estudios fueron entregados, tardíamente, el 26 de septiembre, es decir, después de la apertura de la licitación, por lo que no habría sido evaluada por los oferentes. 

Además, la Contraloría indica que pese a que el Distrito tendría previsto utilizar "los recursos de los rendimientos financieros de los aportes distritales y nacionales, que se generen en las subcuentas del Patrimonio Autónomo" para financiar las obras menores, esto iría contra la ley colombiana dado que se determina que estos dineros deben ser consignados al Tesoro Nacional. 

Con respecto a las obras y equipos se estima que no fueron presupuestados, a lo que el Distrito señaló se de a que "es imposible determinar desde la suscripción del contrato el presupuesto mediante el cual se va a atender una posible adición, en tanto en ese momento, en cumplimiento del principio de planeación, es imposible identificar siquiera la necesidad de incluir un alcance adicional concreto".

Por último, se cuestiona la distribución de los ingresos por explotación comercial, ya que en el capítulo de retribución del contrato se establece que el concesionario encargado recibirá el 40 %, mientras que el Distrito se quedará con el restante, pero no se establece dentro de la estructuración financiera los estudios o instrumentos técnicos como se determinaron esos porcentajes, ni hay claridad con respecto a cómo se hará el seguimiento a las negociaciones que haga el operador para generar estos ingresos. 

Al respecto la alcaldesa Claudia López señaló que tanto la gerencia de la Empresa Metro como la comisión de seguimiento estudiarán el informe de la Contraloría. Mientras que desde el Concejo se dieron diferentes opiniones con respecto a los hallazgos.

Para el concejal Carlos Carrillo (Polo) "es bastante relevante que la Contraloría investigue a fondo lo que ha pasado con el convenio administrativo 1880, que he denunciado desde hace años y que fue manoseado por Enrique Peñalosa. Es importante recordar que a través de él que Peñalosa logró adjudicar unos contratos a dedo para justificar los cambios de subterráneo a elevado".

Por su parte, Samir Abisambra (partido Liberal) ha señalado que "la Empresa Metro de Bogotá ha venido haciendo una buena gestión y trabajo y ha estado juciosa con cada uno de los estándares que se necesitan. Es un informe donde se muestran algunos hallazgos administrativos que son sujetos a un plan de mejoramiento que deben aplicar y no me queda duda que la empresa los va a realizar eficientemente".