El ente de control aclaró que el nuevo proceso de licitación se tomaría al menos ocho meses, sin contar con que una vez haya empresas seleccionadas, necesitarían mínimo ocho meses para adelantar su cierre financiero, hacer los trámites de pólizas de seguros, importación, ensamblaje y alistamiento de la flota de buses para poner en marcha.
Teniendo en cuenta estos tiempos, la Contraloría teme que, de no estructurarse un proceso de licitación oportunamente, la próxima administración de la ciudad tenga que prorrogar una vez más los contratos firmados de los años 2000 y 2004. La primera prórroga a estos acuerdos la firmó el alcalde Gustavo Petro en el primer semestre de 2013 y fue bastante criticada por quienes consideran que favoreció a los privados especialmente.
El alcalde dijo en agosto de 2014 que antes de finalizar el año espera tener lista la licitación para la fase I de Transmilenio y que la de la fase II se entregaría al nuevo gobierno de la ciudad para que decida si la lleva a cabo o no. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún proceso preparado y el Distrito analiza una propuesta de asociación público-privada, presentada por los actuales operadores del sistema de transporte. La Procuraduría ha puesto su lupa en este tema y se sabe que ha tenido reuniones al respecto con la empresa Transmilenio.
Por Redacción Bogotá
