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En el informe definitivo de la auditoría de cumplimiento, la Contraloría de Cundinamarca halló tres presuntos detrimentos al patrimonio de los cundinamarqueses. El primero está relacionado con la Empresa de Servicios Públicos de Chía (EmserChía), en donde el pago de intereses de mora por cancelación extemporánea de factura de las vigencias 2017, 2018 y 2019, emitidas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) fueron pagadas en la vigencia 2021 y ocasionaron una afectación de $53.763.397 millones a los recursos del municipio.
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El segundo hallazgo es el resultado de la auditoría de cumplimiento practicada en Choachí. Allí, el ente de control identificó un pago de sanciones e intereses moratorios a la Superintendencia de Salud (SUPERSALUD) impuestas por presentar inconsistencias en la información relacionada con salud pública, necesaria para realizar las acciones de inspección, vigilancia y control, por valor de $230.000.000 millones; y otra multa equivalente a $45.426.300 millones por no garantizar la contratación oportuna y la ejecución de las actividades y programas del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), durante la vigencia 2018.
De acuerdo con el informe, en este mismo caso, la Supersalud concedió un plazo de 12 meses para el pago de la obligación en cuotas fijas mensuales de $25.579.642 millones. A la fecha de la auditoría se habían realizado seis pagos por $153.477.852. Un valor que significa un posible daño fiscal en el patrimonio del municipio.
En cuanto al tercer hallazgo, en Puerto Salgar, la auditoría encontró una “lesión al daño público”, producida por una “gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna en el incumplimiento de la reglamentación establecida en el Estatuto Tributario Local, respecto de la liquidación de las licencias de construcción”, señala el comunicado de la Contraloría de Cundinamarca.
Agrega que se encontraron licencias con menor valor liquidado, un mayor valor o sin reglamentación, además de otras irregularidades con las facilidades de pago y la Estampilla Procultura, que demuestran un desconocimiento de los criterios y procedimientos de liquidación para el cobro del impuesto de delineación urbana y licencias de construcción. El valor del daño patrimonial asciende a los $83.678.507 millones.
Estos hallazgos serán trasladados a la Subdirección de Procesos de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Cundinamarca, para evaluar el inicio del proceso de responsabilidad fiscal.
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Por Redacción Bogotá
